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El Síndic investiga las condiciones de la anunciada reapertura del CIE de la Zona Franca

06/07/2016

(c) Síndic

Ha solicitado al TSJC y a la Delegación del Govern que comprueba si las instalaciones garantizan las disposiciones reglamentarias e internacionales sobre derechos humanos  

 

También ha pedido información al Ayuntamiento sobre las licencias de obras y ambiental, y al ICS sobre el modelo y los recursos de asistencia sanitaria

 

Esta es la décima actuación de oficio que Rafael Ribó abre en los últimos años para denunciar la precariedad del centro de la Zona Franca

El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio para comprobar si el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona está en condiciones de reabrir de manera inminente, como ha anunciado la Administración del Estado. Con este objetivo, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y a la Delegación del Gobierno que verifiquen si las instalaciones garantizan las disposiciones reglamentarias e internacionales sobre derechos humanos.

El Síndic ha pedido la colaboración del órgano judicial para comprobar si se han revertido las deficiencias que, per orden judicial, motivaron las reformas, de acuerdo con la organización interior que establece el Real decreto 162/2014, de 14 de marzo.

También se ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona y le ha requerido información sobre la tramitación del expediente de licencia de obras y sobre la licencia ambiental necesaria para ejercer laactividad. De la misma forma, ha solicitado información al Instituto Catalán de la Salud (ICS) en relación con el modelo de asistencia médica y farmacológica que se dispensará a los internos si finalmente el centro vuelve a entrar en funcionamiento. A raíz de las quejas recibidas por la precariedad del servicio sanitario prestado en el CIE durante los últimos años, Rafael Ribó quiere conocer el número de facultativos previstos durante la jornada ordinaria y en el servicio de guardia, y si se ha concertado el traslado a un centro hospitalario en caso de necesidad.

Más allá de los procedimientos legales mencionados, el Síndic considera que los centros de internamiento de extranjeros vulneran derechos fundamentales, razón por la que ha recomendado reiteradamente el cierre progresivo de todos los CIE del Estado. Esta misma propuesta también fue realizada por el Parlamento de Cataluña en el mes de julio de 2015, que ya instaba al Gobierno español a iniciar “en el menor plazo posible un proceso que conduzca al cierre progresivo de los centros de internamiento de extranjeros”.

En los últimos años el Síndic ha abierto nueve actuaciones de oficio a partir de informaciones recibidas por supuestas vulneraciones de los derechos humanos de los internos. Según Rafael Ribó "el hecho de que la situación de irregularidad de una persona comporte su internamiento ya es en sí mismo un atentado contra los derechos humanos". Por este motivo, solicita que se establezcan mecanismos legales que hagan innecesario el internamiento previo frente a una eventual expulsión de personas extranjeras en situación irregular.

En esta misma línea, el Síndic, a quien se ha negado la entrada en repetidas ocasiones al CIE de Barcelona, pide que se definan políticas migratorias y de acogida más adecuadas a las necesidades actuales y a los derechos de las personas.

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