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El Síndic constata el déficit de vivienda social y pide más coordinación entre administraciones y mayor esfuerzo para dar respuesta

11/05/2018

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Organiza una jornada con la participación de representantes del ámbito local, la Diputación de Barcelona, la Agencia Catalana de la Vivienda y el Tercer Sector

El parque de vivienda social en Cataluña no llega al 2% del total construido

La entrada en el mercado inmobiliario de fondos de inversión extranjeros que han adquirido grandes stocks de viviendas demuestra el contexto especulativo alimentado por las entidades financieras y las decisiones del Gobierno del Estado

Además de la adopción de políticas de vivienda a corto plazo, paliativas de las situaciones de emergencia residencial actuales, es necesario prever unas políticas de vivienda más estructurales y a largo plazo

Considera imprescindible la aprobación del Plan territorial sectorial de vivienda

Es preciso que el Estado español incremente el presupuesto destinado a las políticas sociales de vivienda y reconsidere alargar el plazo de los contratos de alquiler

Video rueda de prensa

El síndic, Rafael Ribó, ha pedido a las administraciones catalanas competentes en temas de vivienda la suma de esfuerzos para gestionar de forma coordinada la demanda creciente de viviendas sociales ante la falta de un parque público suficiente (en Cataluña no llega al 2%) y la actuación poco comprometida del Gobierno del Estado y de las entidades financieras con los colectivos más vulnerables.

Lo ha hecho con motivo de una jornada sobre las dificultades de acceso a la vivienda social, que ha tenido lugar este viernes 11 de mayo en la sede del Síndic en la que también han intervenido reconocidos expertos: Carme Trilla, presidenta de la Fundación Hábitat 3, Jaume Fornt, director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña,  Susanna Roig, directora del ámbito de intervención social de Cruz Roja y David Mongil, jefe de la Oficina de Vivienda de la Diputación de Barcelona.

Además de reclamar dotaciones presupuestarias suficientes, el Síndic ha expuesto que el derecho a la vivienda es un derecho básico de carácter supramunicipal, cosa que implica que todas las administraciones competentes en materia de vivienda deban trabajar de forma conjunta y coordinada, concertando políticas públicas en materia de vivienda y favoreciendo la intervención y la colaboración con el Tercer Sector.

Como se evidencia en el reciente informe El derecho a la vivienda: cuestiones urgentes la falta de un parque de viviendas sociales suficiente tiene como consecuencia directa que las principales vías de acceso a una vivienda social (Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial y mesas de emergencias) no den respuesta a las necesidades actuales.

Además, la necesidad de atender con carácter prioritario las situaciones de emergencia residencial ha dado lugar a que determinados colectivos no obtengan la atención que también merecen por parte de los poderes públicos a la hora de garantizar su derecho a la vivienda (el derecho a la emancipación de los jóvenes, el derecho al realojamiento de los afectados urbanísticos...).

En esta línea, se ha abordado la necesidad de prever unas políticas de vivienda más estructurales y a largo plazo que permitan dar respuesta a las necesidades de vivienda futuras. Para alcanzarlo, resulta imprescindible la aprobación del Plan territorial sectorial de vivienda.

Durante la jornada se ha denunciado la actuación de las entidades financieras que, a menudo, ponen obstáculos que dificultan el alcance de acuerdos. Especialmente relevante es el caso de la  SAREB, que actualmente es una de las inmobiliarias con más propiedades de suelo de España (al menos 54.000 viviendas)  y que dispone del principal número de sus activos inmobiliarios en Cataluña. El Síndic ha defendido, desde el año 2012, que el Gobierno del Estado debería emprender las medidas legislativas necesarias para garantizar que la SAREB ceda, al menos, un 30% de sus viviendas con destino a alquiler social 

La ya de por sí difícil interlocución con las entidades financieras se ha agravado desde la entrada en el mercado inmobiliario de fondos de inversión extranjeros que han adquirido grandes stocks de viviendas que habían sido titularidad de las entidades financieras.

Frente a este escenario especulativo, el Gobierno del Estado no sólo no ha contribuido suficientemente a encontrar una solución sino que, además, ha adoptado una serie de decisiones que, de forma directa o indirecta, han perjudicado la tarea de las administraciones públicas.

–    Las modificaciones introducidasen cuanto a la duración de los contratos de arrendamiento, que ha pasado a ser de cinco a tres años de duración obligatoria para el arrendador.

–    La impugnación frente al Tribunal Constitucional de diversas leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña que pretendían, entre otros fines, dotar a las administraciones públicas de las herramientas suficientes para afrontar las situaciones de emergencia residencial derivadas de la pérdida de la vivienda habitual.

–    La insatisfacción a qué ha dado lugar la aprobación del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal vivienda 2018-2021, en tanto que este no sólo no recopila muchas de las reinvindicaciones efectuadas desde el mundo local, sino que, además, consolida la tendencia a la baja de la inversión estatal en materia de vivienda de los últimos años.

El Síndic ha considerado que es preciso que el Estado español incremente el presupuesto destinado a las políticas sociales de vivienda y reconsidere algunas medidas adoptadas. Entre estas, recomienda que se alarguen los plazos de duración obligatoria de los contratos de alquiler.

 

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