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Comunicado sobre la reunión mantenida en el Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca entre el Síndic, el Departamento de Enseñanza y familias afectadas

Desde la abertura de una actuación de oficio en fecha 5 de octubre de 2017 para esclarecer los hechos ocurridos, el Síndic de Greuges ha abierto diferentes actuaciones de seguimiento del caso. Entre otras, se reunió en fecha 3 de mayo de 2018 con el Consejo Escolar del Instituto El Palau, que es el órgano de participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el gobierno del centro (dirección, profesores, alumnos, familias, personal de administración y servicios y representante de la Administración local), y en fecha 4 de junio de 2018 se reunió con las familias afectadas en la casa cuartel de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca. En el marco de estas reuniones, tanto la dirección del centro como la mayoría de familias afectadas manifestaron su predisposición a propiciar los contactos necesarios para resolver la problemática planteada.

En fecha 14 de junio de 2018, a instancia del Síndic de Greuges, se reunieron en el Instituto El Palau el consejero de Enseñanza, el director de los Servicios Territoriales, la Inspección de Educación, la dirección del centro, cuatro familias afectadas, algunos profesores, el síndic y la adjunta de infancia.

En el marco de esta reunión, las diferentes partes expusieron sus visiones sobre la problemática vivida en el centro durante los últimos meses. Todas las partes, sin embargo, coinciden en que: 

1. Tanto la dirección y el profesorado del centro como las familias están comprometidos activamente para garantizar un buen desarrollo educativo del alumnado y para situar el interés superior del niño en el centro del proceso educativo. Se pone en valor la necesidad de velar por la formación integral del alumnado, por su bienestar emocional y por el respeto de sus derechos y sus libertades, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia, el derecho a la dignidad y al respecto de sus convicciones morales e ideológicas, el derecho a no ser discriminado por expresar dichas convicciones y el derecho a la intimidad si no desea expresarlas, así como el derecho a no ser víctima de manipulaciones ideológicas o propagandísticas.
    
   
2. La tensión política general vivida durante el primer trimestre del curso 2017/2018 provocó padecimiento entre alumnado, familias y profesorado, por razones diversas. Cabe tener en cuenta este contexto para comprender cómo se vivieron los días posteriores al 1 de octubre en las aulas, y también las diferentes interpretaciones de lo que sucedió.
   
   
3. La falta de consejero de Enseñanza como máxima autoridad del Departamento durante la aplicación del artículo 155 no ha contribuido a abordar y resolver esta situación desde la comunidad educativa y por la vía administrativa hasta la actualidad.
   
   
4. El Instituto El Palau ha mantenido a lo largo de los últimos años un buen clima de convivencia. Antes de los hechos del 1 de octubre, nunca había ocurrido conflicto alguno por razones ideológicas. Todo el mundo hace una valoración general positiva de la tarea educativa que se lleva a cabo en el centro y de la profesionalidad del claustro de profesorado. Este buen clima de convivencia se ha intentado preservar durante los últimos meses, entre profesorado y alumnado, tanto si está afectado por la investigación judicial como si no. No se establece ninguna diferencia en el trato al alumnado hijo de guardia civil en el centro. Todo el alumnado recibe la misma atención, independientemente de la profesión de sus progenitores.
   
   
5. Tanto la dirección del centro como el Departamento de Enseñanza emplazan a todas las partes a tramitar las quejas por la vía administrativa, de acuerdo con los procedimientos convencionalmente establecidos para la resolución de los conflictos en los centros educativos, para poder esclarecer correctamente los hechos. Este procedimiento requiere conocer exactamente qué ha pasado a partir de las informaciones que deben aportar alumnos, familias y profesorado afectado. Sin la participación de todas las partes, no es posible resolver la problemática de forma adecuada.
   
   
6. Las familias presentes en la reunión se han puesto a disposición del Departamento de Enseñanza para aclarar los hechos ocurridos y encontrar vías para una solución positiva a la problemática planteada, en beneficio del alumnado y del propio centro.
   
   
7. En el caso de que, a partir de las actuaciones reglamentarias internas, se constatara que ha existido alguna mala práctica docente, tanto la dirección del centro como el Departamento de Enseñanza actuarían en consecuencia y expresarían las disculpas pertinentes a los afectados.
   
   
8. La situación generada a partir de las denuncias de la Fiscalía y su traslado a los medios de comunicación está teniendo un fuerte impacto en el centro y está afectando al bienestar tanto del profesorado como del alumnado y sus familias. Existe la voluntad de que la problemática planteada se pueda solucionar y resolver en beneficio de todas las partes.
   
   
9. La difusión a los medios de comunicación por parte de Fiscalía de los nombres de alumnos y profesores afectados por el escrito de denuncia ha generado malestar y preocupación entre las personas afectadas, puesto que supone una vulneración a su derecho a la intimidad, a la dignidad y al honor.
   
   
10. El Instituto El Palau es un centro altamente valorado por la comunidad escolar y por el conjunto del municipio gracias a la educación de calidad que ofrece a su alumnado. Existe el compromiso de procurar que la situación vivida durante este curso sea superada de cara al curso 2018/2019, y que la normalidad en el funcionamiento del centro se pueda restablecer definitivamente.

El Síndic de Greuges, que continuará con el seguimiento y la mediación del caso, emplaza a las diferentes partes a continuar trabajando desde la comunidad educativa, con la participación de todas las personas afectadas y escuchando a todas ellas, para aclarar los hechos acontecidos, para asumir las responsabilidades que correspondan y mejorar las prácticas que corresponda, a fin de resolver positivamente la problemática planteada.

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