Del informe sobre los atentados del 17-A ha recomendado a las administraciones que fomenten un discurso de integración y de prevención de conductas racistas y de discriminación, y también conseguir la presencia de los Mossos de Esquadra en la Europol
Del informe del MCPT 2018 ha destacado la necesidad de revisar la Instrucción sobre la inmovilización y contención mecánica, ajustar las instrucciones de las pistolas Taser, y su preocupación por la mayor ocupación de los centros de justicia juvenil
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura, han comparecido este lunes, 17 de junio, ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para debatir la informe Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña y el Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura 2018, que ya habían sido entregados a la cámara en noviembre de 2017 y en diciembre de 2018, respectivamente.
En la línea del informe Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña, que también fue debatido en la Comisión Parlamentaria de Investigación de los Atentados (sesión del 24 de julio de 2018), el Síndic ha recomendado a las administraciones, con carácter general, que fomenten un discurso de integración y de prevención de conductas racistas, de discriminación, de ensalzamiento de la violencia y del odio, poniendo un énfasis especial en la población joven que está inmersa en un proceso de búsqueda de identidad, así como también prestar una atención especial a algunos procesos de integración y de socialización vinculada a la identidad basada en la religión y las dificultades vinculadas a los procesos migratorios.
En cuanto a las explicaciones dadas en relación a los atentados, el Síndic continúa insistiendo en la falta de información institucional que ha tenido la ciudadanía. Los poderes públicos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, y sobre todo el Gobierno del Estado y las Cortes Generales, deberían haber abordado el tema públicamente con celeridad y transparencia institucional. Si bien es cierto que en el Parlamento de Cataluña se creó la Comisión de Investigación en abril del 2018, en el Congreso de los Diputados se trató el tema en el marco de la Comisión de Gastos Reservados y, por tanto, no ha sido accesible para la ciudadanía.
El Síndic continúa reclamando una investigación exhaustiva y transparente sobre la condición, o no, de Abdelbaki Es Satty como confidente policial y si esto afectó de alguna manera a la coordinación entre cuerpos. Por último, pide que se haga posible de forma inmediata la presencia del Cuerpo de los Mossos de Esquadra, con la consideración de autoridad competente, dentro de Europol y el resto de organismos de coordinación y de intercambio de información a escala internacional. Si bien es cierto que se han dado pasos en este sentido, esta demanda aún no se ha conseguido.
Sobre el Informe del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura 2018, el Síndic ha señalado que se visitaron 45 centros de privación de libertad, una cifra muy similar a la de años anteriores. En cuanto a los centros penitenciarios, el Síndic ha insistido en que es necesaria una revisión en profundidad de la Instrucción sobre inmovilizaciones y contención mecánica vigente que tienda a una política de contención cero, y que se potencien protocolos de prevención general y específicos. En este contexto, la contención mecánica debería ser una medida exclusivamente sanitaria por los riesgos que conlleva para la salud de las personas y, en caso de que se llegue a producir, debe tener una duración mínima, limitada al estado de alteración de la persona inmovilizada, y debe estar exclusivamente supervisada por los servicios sanitarios. La otra recomendación que el Síndic hace tiempo señala es que cabría revisar de manera urgente y a la baja los importes de todos los productos que se comercializan en los economatos de los centros penitenciarios.
En relación a la Policía de la Generalitat-Mossos de Escuadra, el Síndic ha destacado la necesidad de ajustar las instrucciones de uso de las pistolas Taser, en el sentido de prohibir su uso en niños y adolescentes menores de 18 años y de garantizar que en todos los casos exista un registro audiovisual de su utilización. En cuanto al derecho a la asistencia sanitaria durante la detención, ha remarcado la necesidad de que la visita médica se realice en privado.
En relación con las policías locales, continúa reclamando que todas las áreas de custodia de la policía local que no cumplan las condiciones materiales de detención sean inmediatamente clausuradas. También ha destacado la necesidad de que los departamentos de Justicia e Interior de la Generalitat realicen un recordatorio a los responsables de las comisarías de policía y de los centros penitenciarios sobre los derechos que asisten a las personas extranjeras en relación con la comunicación con sus consulados porque no siempre se informa adecuadamente de estos derechos.
En cuanto a los centros de justicia juvenil, se detecta una mayor ocupación y el Síndic expresa su preocupación por cómo esta circunstancia puede afectar a la tarea educativa que se realiza en estos centros, puesto que a menudo puede conllevar un cambio en la dinámica educativa y de reinserción hacia una intervención más disciplinaria.
El Síndic, por último, ha puesto en conocimiento de la Comisión que en algún caso concreto se efectúa una intervención incompatible con los derechos de los niños, como por ejemplo el derecho a la intimidad y dignidad, y el derecho al mantenimiento del vínculo y las relaciones con sus familiares. También son inadecuadas la práctica de contenciones y las sanciones y medidas correctoras, muchas de las cuales no ofrecen las garantías necesarias.