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El Síndic exige recursos presupuestarios para las inversiones estructurales necesarias en el ámbito de la infancia

 El Síndic de Greuges de Cataluña ha exigido mayores recursos presupuestarios para poder llevar a cabo las inversiones estructurales necesarias en el ámbito de la infancia y ha puesto el acento en temas como son la pobreza infantil, el sistema de protección de la infancia o la educación, que presentan carencias estructurales que conllevan vulneraciones de la Convención de los derechos del niño. Este lunes, 25 de noviembre, el síndic, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, M. Jesús Larios, han entregado al presidente del Parlamento, Roger Torrent, el Informe sobre los derechos del niño.

El síndic y la adjunta también expondrán este lunes 25, a las 17 horas, los principales avances y retos en el cumplimiento de la Convención sobre los derechos del niño en una jornada abierta al público que tendrá lugar en la sede del Síndic. En esta jornada, con motivo del 30.º aniversario de la Convención, niños, adolescentes y jóvenes reflexionarán en dos mesas redondas sobre los derechos de la infancia y la juventud.

El Síndic constata que los niveles de inversión en políticas de infancia en Cataluña por parte de las diferentes administraciones con competencias sobre este ámbito aún son insuficientes. A pesar de que entre los años 2014 y 2018 el presupuesto definitivo de la Generalitat destinado a la infancia se ha incrementado un 24,2%, al acabar el año 2018, la inversión final aún se situaba por debajo de la existente en el año 2010. También cuestiona el hecho de que en Cataluña, según el último dato registrado sobre gasto destinado a políticas de protección social de infancia y familia (del año 2014), es de 0,8% del PIB, notablemente inferior al 2,4% de la Unión Europea y al 1,3% en el conjunto del Estado español.

Según el Informe, la baja inversión pública comparada en políticas de trasferencia económica focalizadas en la infancia es uno de los factores que explica la elevada prevalencia de la pobreza infantil en Cataluña, desde una perspectiva comparada, y que muchos niños tengan dificultades para hacer efectivo el derecho a un nivel de vida adecuado.

En los últimos años, el Síndic ha destacado que la mejora de la coyuntura macroeconómica no ha conllevado, como mínimo por ahora, una mejora de los indicadores de riesgo de pobreza en Cataluña. La pobreza infantil continúa siendo un fenómeno con carácter estructural que afecta en el año 2018 a cerca del 25% de los niños, a pesar del ligero descenso en relación con el año anterior, mientras que la privación material severa, cerca del 9% de los niños, con un ligero incremento (ver la tabla 1-pág. 203).

El Síndic ha constatado también, en referencia a los niños afectados por los desahucios, que la asignación de la vivienda de emergencia suele dilatarse en el tiempo, a pesar de la resolución favorable de la Mesa de valoración de situaciones de emergencias económicas y sociales de Cataluña, como consecuencia de la disponibilidad insuficiente de viviendas protegidas. Este déficit provoca que familias desahuciadas con niños a cargo tengan que alojarse en recursos como pensiones, centros de acogida municipales u otros recursos residenciales de estancia limitada, en condiciones inadecuadas para los niños, hasta que les asignan la vivienda. Estas situaciones que prolongan el sufrimiento emocional de los niños, junto con las condiciones materiales (habitaciones, generalmente pequeñas y sin servicios básicos, o en habitaciones colectivas, donde hay otras personas socialmente vulnerables sin hogar y sin vínculos con la familia), suponen situaciones de victimización secundaria de los niños.

En el ámbito de la protección de la infancia, el Síndic ha destacado los déficits que aún presenta el sistema de protección a la infancia y la adolescencia, así como la necesidad de desarrollar una reforma estructural, tanto en cuanto a la promoción del acogimiento familiar, como también a la diversificación de los recursos residenciales y a la mejora del acompañamiento de los niños tutelados y extutelados a lo largo de la tutela y durante su transición a la vida adulta.

Los datos ponen de manifiesto que este año se ha dado un incremento significativo del número de niños pendientes de cambio de recurso, del 29,%, de 575 en el año 2018 a 742 en septiembre de 2019. Este incremento afecta especialmente al número de niños y adolescentes pendientes de recurso residencial (CRAE, CREI y terapéutico), mientras que se observa una disminución del número de niños pendientes de familia ajena, que se reduce pero continúa siendo muy significativo. En concreto, un 65,8% de los niños tutelados pendientes de recurso adecuado está a la espera de una familia ajena. En total, un 7,7% de los niños tutelados atendidos en el sistema de protección no está acogido en el recurso más adecuado (tabla 1-pág. 166).

Sobre la llegada de niños migrantes no acompañados, después de un período de fuerte incremento anual, comprendido entre 2015 y 2018, en que año tras año se duplicaba el número de nuevos casos atendidos con respecto al año anterior, cabe señalar que durante el año 2019 esta tendencia se estabiliza, de forma que nos encontramos con un volumen de llegada similar al de 2018 (ver la tabla 1 – pág. 244). Sin embargo, esta estabilización no ha impedido que el número de niños migrantes sin referentes familiares atendidos durante el año 2019 sea, en septiembre, de 6.238, un 29,6% más que en diciembre de 2018.

A las vulneraciones de derechos que sufren estos niños, se ha añadido la grave vulneración que supone la estigmatización de este colectivo y el rechazo de una parte de la población a la instalación de los equipamientos.

En cuanto a las listas de espera de salud, conviene destacar que en el último año se ha incrementado el número de niños que están a la espera de consultas externas y pruebas diagnósticas, a pesar de que se ha reducido el número de niños que están a la espera de intervenciones quirúrgicas. En concreto, entre agosto de 2018 y septiembre de 2019, el número de niños pendientes de consultas externas se ha incrementado un 10,9%, y el de pruebas diagnósticas, un 21,2%, mientras que el número de niños pendientes de intervenciones quirúrgicas se ha reducido un 6%.

Por otra parte, en noviembre de 2019, el Síndic entregó al Departamento de Educación el documento Pacto contra la segregación escolar: propuestas para un nuevo decreto y para nuevos protocolos de actuación, con propuestas dirigidas al Departamento de Educación para el nuevo decreto de admisión de alumnado, las orientaciones relacionadas con la programación de la oferta y la gestión del proceso de admisión o del protocolo para el uso de la reserva de plazas, entre otros. El Pacto contra la segregación está en proceso desarrollo, pero hay que tener en cuenta que requiere inversiones para la consecución de sus objetivos.

El Informe también trata temas relacionados con otros ámbitos de la infancia, como son el protocolo de detección de maltratos a recién nacidos, la prestación de los servicios de logopedia, el derecho de huelga del alumnado de secundaria, la regulación de los derechos en el marco de los clubes deportivos y los juguetes sexistas, por poner algunos ejemplos.

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