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El Síndic recuerda al Parlamento la necesidad de un pacto de país para abordar la crisis provocada por la COVID-19
Este pacto ha de permitir cambios radicales y el incremento de las inversiones en salud, servicios sociales, derechos de la infancia y economía
Lo ha recordado en la sesión de la comisión del Síndic, durante el debate de los informes Salud y derechos en la crisis de la COVID-19 y La fiscalidad municipal en Cataluña.
Por otra parte, el informe sobre La fiscalidad municipal en Cataluña recomienda a las administraciones que a la hora de imponer y exigir tributos tengan en consideración la carga tributaria que soportan las personas en el conjunto de todo el sistema fiscal
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, acompañado por el adjunto general, Jaume Saura y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, Maria Jesús Larios, comparecen este lunes, 27 de julio, en la Comisión del Síndic de Greuges por videoconferencia para debatir los informes Salud y derechos en la crisis de la COVID-19 y La fiscalidad municipal en Cataluña.
Salud y derechos en la crisis de la Covid-19
El pasado mes de junio, el Síndic presentó el informe Salud y derechos en la crisis de la Covid-19. Este informe tiene por objeto ofrecer una visión global de la crisis de la Covid-19, desde la perspectiva de los derechos, y detalla las conclusiones y las recomendaciones sectoriales específicas de cada ámbito de la actividad administrativa y social afectada por la pandemia. La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha supuesto una sacudida extraordinaria para todo el sistema sanitario y ha tenido unas consecuencias económicas y sociales inmensas. En este contexto, la institución ha abierto más de 40 actuaciones de oficio y ha canalizado más de un millar de quejas y consultas.
Concretamente, en el informe se trata la afectación de la pandemia mundial en el ámbito de la salud, el núcleo duro de la pandemia donde, a pesar del esfuerzo de los profesionales es necesario disponer de más recursos humanos y materiales, con un aumento del presupuesto. También se necesitan cambios dentro de los servicios residenciales, donde es imprescindible la revisión del modelo residencial actual y su capacidad de afrontar la pandemia con las medidas de precaución y prevención necesarias. En materia de niños y educación, es preciso seguir actuando en ámbitos como la salud - incluida la mental - y el bienestar social y económico, velar por la equidad en el acceso a la educación así como fomentar la igualdad de oportunidades.
En el ámbito territorio, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, es necesario reforzar y profundizar en medidas para paliar los efectos de la crisis climática vigente. Por otra parte, dentro del área de economía al servicio de las personas, es urgente un plan de choque con implicación y coordinación de todas las administraciones y que apoye a las entidades del tercer sector. Finalmente, en el marco de los derechos, libertades y autogobierno, existe un gran pacto, tanto a escala española como catalana, por parte de todas las fuerzas políticas democráticas para abrir al máximo la participación social.
La fiscalidad municipal en Cataluña
El 4 de octubre de 2019, el Síndic de Greuges de Cataluña, publicó su informe monográfico La fiscalidad municipal en Cataluña. Este se circunscribe al sistema fiscal local, desde la vertiente del ingreso, y pretende analizar la diversa problemática en torno a la tributación local, puesta de manifiesto por medio de las quejas presentadas a la institución por las personas contribuyentes, con el fin de proteger y defender sus derechos y contribuir a la consecución de una fiscalidad más justa. En líneas generales, el Síndic pide a las administraciones que a la hora de imponer y exigir tributos tengan en consideración la carga tributaria que soportan las personas en el conjunto de todo el sistema fiscal, a fin de reducir la presión fiscal. Del total de las 2.656 quejas presentadas en el Síndic en materia de tributos entre los años 2011 y 2018, 1.530 se corresponden a impuestos; 950 a tasas, y 176, a contribuciones especiales.
El informe concluye que cabe revisar, mejorar o reformar el sistema de financiación de las haciendas locales dotando a las corporaciones locales de más capacidad para generar ingresos, de una potestad tributaria coherente con los principios de autonomía y suficiencia financiera, y estableciendo más herramientas de política fiscal para poder tomar decisiones fiscales en el ámbito municipal. En este sentido, es necesario que el Estado modifique la normativa sobre la plusvalía, la cual debe incorporar el pronunciamiento de la sentencia y adaptar el impuesto, de modo que se restablezca la seguridad jurídica. También es necesario realizar modificaciones en los criterios de la configuración del IBI.
Además, se necesitan medidas de protección a las personas. La institución reclama que todas las personas tengan garantizado el acceso a los bienes y servicios públicos de carácter básico. Asimismo, establecer medidas para facilitar una segunda oportunidad a los deudores tributarios y garantizar una vida digna. Por otro lado, se necesitan impuestos sobre tracción mecánica desde la perspectiva ambiental. Y fomentar el acompañamiento de las administraciones a la ciudadanía y códigos de buenas prácticas que rijan la actuación de la Administración, tanto en la ordenación y aplicación de los tributos como en las relaciones con las personas contribuyentes.
