Rafael Ribó ha comparecido en la sesión de debate del Informe anual 2020
Urge poner en marcha nuevas medidas de emergencia y de reanudación social en apoyo de las personas vulnerables
Es necesario hacer un uso muy restrictivo de la limitación de los derechos de reunión o la libertad de movimientos
2020 ha sido el año en que se han recibido más quejas de toda la historia de la institución
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparecido ante el Pleno del Parlamento para debatir el Informe al Parlamento 2020, que es el documento que recoge las actuaciones más relevantes llevadas a cabo y las cifras más destacadas durante el año, que ha estado marcado por la crisis de la COVID-19.
Tal y como ya explicó en la sesión de debate en la Comisión del Síndic de Greuges, 2020 ha sido el año en el que se han presentado más quejas de toda la historia de la institución y, por primera vez, se han superado las 11.000. Se han tramitado más de 17.000 y también se han abierto 303 actuaciones de oficio.
En cuanto a las cifras, el síndic ha mostrado su preocupación porque las actuaciones iniciadas en torno a las políticas sociales representan cerca del 40% del volumen de intervención del Síndic, cifras comparables a los peores años de la crisis económica del pasado decenio, con un incremento significativo de todas las materias respecto al año anterior. En este sentido, ha querido destacar la grave crisis de derechos agravada durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia, y ha puesto de relieve que las administraciones públicas no han dado soluciones suficientes a la pobreza ni con la urgencia que requieren las circunstancias.
En cuanto a la salud, el síndic reconoce el esfuerzo inmenso realizado por los profesionales de salud y ha valorado muy positivamente la respuesta creciente, con el uso y la readaptación de todos los medios e instalaciones disponibles, pero también ha destacado la necesidad de un fortalecimiento presupuestario en este ámbito que nos equipare en porcentaje al PIB de los países del norte de Europa.
En cuanto a las personas mayores, el síndic ha pedido que esta crisis sirva para revisar el actual modelo residencial (la estructura y el tamaño de los centros residenciales, la atención social y médica, los protocolos vigentes, los recursos humanos y los ratios de profesionales) y desarrollar los recursos alternativos al medio residencial.
En cuanto al derecho a la educación de los niños, el Síndic ha manifestado que la reapertura de los centros escolares con el sistema de burbujas ha funcionado bien, pero hay que continuar atentos sobre todo a las necesidades de los centros con alta complejidad.
Rafael Ribó, en el hemiciclo ante la cámara, ha sentenciado que "la vivienda social hoy es una emergencia, las cifras son muy impresionantes y todo el mundo tiene responsabilidad". Ha llamado a alcanzar un pacto nacional para la vivienda en el que se establezcan las bases de unas políticas públicas que aborden reformas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda a medio y largo plazo.
La mejora de la calidad del aire y la drástica caída en el nivel de contaminación acústica fueron dos de los pocos efectos positivos de la pandemia. Desgraciadamente, las graves pérdidas económicas de este período han presionado por un rápido retorno a la actividad, que retrasa la oportunidad de planearlo para que sea más sostenible y respetuoso con el medio natural, con cambios profundos, culturales y estructurales. El síndic ha querido destacar que, en este nuevo contexto, los transportes públicos deberían desempeñar un papel central.
Por otra parte, en el proceso de desescalada, las administraciones han priorizado la atención telefónica y la digital, introduciendo la cita previa en la prestación de los servicios de atención al público presenciales. Se trata de un instrumento útil desde el punto de vista de la protección de riesgos laborales, pero a juicio del Síndic esto no puede implicar la desatención de las personas sin resguardo de cita previa que comparezcan para registrar documentos o para gestionar trámites que no se pueden posponer.
En cuanto a la libertad y calidad democrática, el informe también pone de relieve que en el marco de los sucesivos estados de alarma se han restringido derechos y libertades fundamentales, y que hay que ser muy cuidadoso y vigilar con celo estas limitaciones, en qué deben ponderar con todo el rigor los derechos con la necesidad de las medidas de restricción.
La situación de confinamiento también ha multiplicado la impunidad de los abusos racistas y la violencia contra las mujeres y colectivos vulnerabilizados, según denuncian las entidades de defensa de los derechos humanos. Un fenómeno exacerbado este año 2021, particularmente en forma de agresiones contra el colectivo LGTBI. Por este motivo, es una buena noticia que el 18 de diciembre de 2020 el Parlamento de Cataluña aprobara por unanimidad la Ley de igualdad de trato y no discriminación.
Por último, el síndic ha destacado que el Informe de 2020 y la situación actual obligan a la institución a dar un grito de alerta respecto de al menos cuatro ámbitos sociales y políticos que deberían convertirse en ejes clave para las administraciones y los poderes públicos.
En este contexto, el síndico ha recordado que Cataluña se ha dotado de un instrumento completo e innovador para hacer frente a estos y otros muchos retos en materia de derechos, el Plan de derechos humanos de Cataluña 2020-2023, que se presentó al Gobierno y al Parlamento el 10 de diciembre de 2019 y que es necesario implementar.
Finalmente, el síndic ha informado a los miembros que han asistido a la sesión plenaria de las reuniones y conversaciones iniciadas por el titular de la institución con los presidentes de los grupos parlamentarios, para abordar la renovación de la institución, y de diversas propuestas para superar la situación actual.