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El informe anual del Síndic destaca la necesidad de fortalecer el estado del bienestar para superar la crisis derivada de la pandemia

11/02/2022

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Informe al Parlamento 2021

Durante el año 2021 ha recibido 11.932 quejas y 12.727 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio

La atención primaria debe ser prioritaria y es necesario potenciar su fortalecimiento

Es preciso un nuevo sistema de protección más ajustado a las necesidades de personas más vulnerables

Recomienda políticas en favor del derecho al disfrute de la naturaleza a partir de la implantación de la hipótesis cero

Rafael Ribó reclama el derecho efectivo al autogobierno

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado por los dos adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, ha entregado a la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, el informe anual de la institución correspondiente al año 2021, que un año más se ha visto marcado por la pandemia de la Covid-19, con las consiguientes afectaciones no sólo en el sistema de salud, sino en un amplio conjunto de derechos a la actividad económica del país.

En 2021 se ha vuelto a superar el récord de quejas presentadas a la institución, cerca de 12.000, y se han tramitado más de 18.000. También ha habido más de 12.700 consultas y un elevado número de actuaciones de oficio (264). En total, se han iniciado en torno a 25.000 expedientes, un 14% más que el año anterior, que ya fue extraordinario.

Aparte de este informe, durante el 2021, de acuerdo con la normativa aplicable a la institución, también se han presentado el Informe anual sobre los derechos del niño 2021, el Informe anual Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura 2021 y el Informe anual de transparencia 2020. Además, también se han entregado cinco informes monográficos, entre los que destacan La concesión del indulto parcial a las personas condenadas por la Sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo, La educación inclusiva en Cataluña o varios informes en materia de segregación escolar.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES 

Una vez más, las actuaciones vinculadas a las políticas sociales son las que tienen mayor protagonismo en la institución del Síndic, con más del 40% de nuevas quejas y cerca del 60% de nuevas actuaciones de oficio. En cuanto al derecho a la salud, el mayor impacto de la Covid está en las afectaciones que ha tenido en la atención primaria y en las listas de espera. En este ámbito, el Síndic considera que el abordaje de la situación de la atención primaria no permite más demora y pide desplegar con determinación y firmeza el Plan de fortalecimiento y transformación de la atención primaria y comunitaria que se ha puesto en marcha. El Síndic también ve imprescindible reclamar al Estado la ejecución presupuestaria de los 9.000 millones de euros del llamado fondo covid, en la parte que corresponde a Cataluña.

En cuanto a la pobreza, el Síndic denuncia que la pandemia ha aumentado la tasa de pobreza en Cataluña y reivindica que es necesario avanzar en la redefinición de las prestaciones existentes y en la configuración de un nuevo sistema de protección más ajustado a las necesidades de personas más vulnerables. También ha denunciado que con la pandemia se han incrementado las dificultades en el acceso y en el mantenimiento de la vivienda habitual, lo que hace más evidente la insuficiencia del parque de vivienda social existente, y el número de personas en situación de pobreza energética.

En educación, el Síndic ha querido destacar que el Pacto contra la segregación escolar se está desplegando de forma más lenta de lo previsto y pide que se aborde de forma decidida y sin dilación la fase de la implementación de las actuaciones previstas, particularmente de los instrumentos previstos en el nuevo decreto de admisión de alumnado.

DERECHOS DE LAS MUJERES

Y, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, se ha constatado que no todas las mujeres de Cataluña, como las de las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu y el Aran, podían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en su territorio. En este caso, el Síndic ha pedido implementar sin mayor retraso el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en estas regiones sanitarias.

En el ámbito tributario también se han detectado discriminaciones en el caso del tratamiento fiscal de las cantidades percibidas en relación al cuidado de niños afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Del análisis de los casos estudiados, el Síndic ha podido constatar que para las funcionarias públicas la reducción de la jornada asociada a este permiso se cuantifica como renta del trabajo y es objeto de tributación, mientras que el personal no funcionario lo percibe como una prestación económica y no está sujeta al impuesto de la renta de las personas físicas. En este sentido, el Síndic pidió al Defensor del Pueblo que proponga las modificaciones legislativas pertinentes para garantizar la equidad y la justicia tributaria.

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La atención adecuada a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad por razón de dependencia o de discapacidad constituye una parte esencial de las políticas sociales y debe ser una prioridad en una sociedad avanzada que tenga como objetivo el pleno disfrute de los derechos de ciudadanía de todas las personas que forman parte. En este contexto, el Síndic ve imprescindible modificar los circuitos y simplificar los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas vinculadas, incrementar la dotación de plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual e intensificar las actuaciones de las administraciones para eliminar las barreras arquitectónicas. Así mismo solicita una actuación más decidida de los poderes públicos para facilitar el acceso a las oportunidades laborales de este colectivo.

MEDIO AMBIENTE

En este apartado el Síndic ha destacado los cientos de quejas recibidas por el desacuerdo con la configuración del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, por el sistema de recogida selectiva implantado en varios municipios o por el rechazo al modelo establecido en el Decreto de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. El Síndic ha recomendado mejoras a la Administración tanto en lo que se refiere a la configuración del impuesto del CO2 (como, por ejemplo, no tasar vehículos que están dados de baja), el reajuste de la gestión de residuos (adaptándola) a las necesidades de cada barrio o municipio) y en la necesidad de elaborar un plan territorial sectorial de implantación de energías renovables y priorizar la implantación en suelos degradados o ya alterados.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

A raíz del informe ¿Deberían juzgarse los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo?, aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que plantea, entre otros, el necesario tratamiento político −no penal− del conflicto, la modificación de delitos como el de sedición, rebelión y malversación, la concesión de indultos y el diálogo entre las partes, el Síndic pidió al Parlamento la creación de una comisión o grupo de trabajo para realizar el seguimiento y evaluar el nivel de cumplimiento de las medidas que se recogen, que todavía permanece pendiente.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

El establecimiento de una cuota del 25% de las clases en castellano con carácter generalizado en el conjunto del sistema educativo interfiere en el marco jurídico vigente y olvida que, de acuerdo con los datos disponibles hasta ahora, el castellano es ya en realidad lengua vehicular en nuestro sistema educativo. El Síndic alerta de que no implementar el modelo de inmersión lingüística puede comportar un riesgo de segregación social y lingüística, y afectar negativamente a la competencia lingüística en lengua catalana de los niños de familias no catalanohablantes que no tienen ocasión de hablarla ni de desarrollarla en su entorno más cercano.

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