900 124 124

Novetats

El Síndic recomienda el cierre definitivo del CIE de la Zona Franca

29/10/2015

foto recurso

En los últimos años el Síndic ha abierto nueve actuaciones de oficio sobre la situación de personas internadas en el centro


Sugiere que todos los centros de internamiento de extranjeros del resto del Estado también dejen de funcionar progresivamente


Propone que se establezcan mecanismos legales para que la situación de irregularidad de personas extranjeras en ningún caso sea motivo de internamiento

Ante el cierre provisional del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca para realizar obras de mejora, a partir del 30 de octubre, el síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha emitido una resolución en que recomienda su cierre definitivo.

El Síndic, que en los últimos años ha abierto nueve actuaciones de oficio a raíz de informaciones recibidas sobre la situación de personas internadas en el CIE, y a quien desde el año 2012 se le ha denegado el acceso en repetidas ocasiones, concluye que los centros de internamiento de extranjeros vulneran derechos fundamentales. Por este motivo, también recomienda el cierre progresivo del resto de CIE del Estado.

La propuesta del Síndic coincide así con a la resolución del Parlamento de Cataluña del mes de julio de 2015, que ya instó al Gobierno español a iniciar “en el plazo más breve posible un proceso que conduzca al cierre progresivo de los centros de internamiento de extranjeros”.

En lo que respecta a la condición de irregularidad legal de las personas extranjeras, el Síndic considera que la irregularidad no debería ser motivo de internamiento en ningún caso y recomienda que se establezcan mecanismos legales que hagan innecesario el internamiento previo ante una eventual expulsión de personas extranjeras en situación irregular.

En esta misma línea, solicita que se definan políticas migratorias y de acogida más adecuadas a las necesidades actuales y a los derechos de las personas.

Estas recomendaciones han sido remitidas al Parlamento de Cataluña, al Defensor del Pueblo, al ministro del Interior, al comisario europeo de Derechos Humanos y al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT).

 

Volver