Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic recuerda el peligro para la salud pública que puede ocasionar celebrar las elecciones el 14-F

25/01/2021

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Llega a la conclusión asesorado por la Comisión de expertos independientes para la garantía del derecho de voto
 
Insiste en que celebrarlas sin garantizar el voto no presencial de las personas contagiadas y contactos puede significar un grave peligro para la salud pública
 
Dada la falta de mecanismos suficientes de garantía de seguridad, considera improbable garantizar el ejercicio del derecho de voto para todos

Ante la situación generada por los autos de la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 y 21 de enero de 2021, relativas al Decreto 1/2021, de 15 de enero, que dejaba sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento del 14 de febrero de este año, el Síndic manifiesta lo siguiente:

1. Aunque la Ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) no prevé ningún supuesto de suspensión o aplazamiento de procesos electorales ya convocados, sí hace mención de la suspensión de determinados actos concretos del proceso electoral por causas de fuerza mayor. Por lo tanto, es preciso valorar si una situación de afectación a la salud pública, como es la movilización al menos de más de 100.000 personas que deberían estar confinadas, no supone un hecho suficientemente importante como para suspender o aplazar este proceso como circunstancia de fuerza mayor.

2. Tal y como señaló en su informe de noviembre de 2020 y ha reiterado en los comunicados emitidos los días 5 y 13 de enero de este año, con el apoyo de la comisión independiente de asesoramiento sobre la garantía del derecho de sufragio activo, si se mantiene la fecha del 14 de febrero como jornada electoral es previsible que haya, por lo menos, más de 100.000 personas, entre contagiadas y contactos estrechos, que según las indicaciones de salud pública no deberían salir de sus domicilios bajo ninguna circunstancia, incluido el ejercicio presencial del derecho de sufragio. También cabe considerar que puede haber entre 2.000 y 3.000 personas hospitalizadas por esta causa y entre 600-800 en las UCI.

3. La decisión de mantener la fecha del 14 de febrero y la previsión del Gobierno de que las personas contagiadas y los contactos estrechos puedan votar presencialmente en determinadas franjas horarias supone un riesgo grave para la salud pública, según los expertos. Los riesgos para la salud pública no se limitan, sin embargo, a la jornada electoral, sino también en torno a las actividades propias de la campaña.

4. Sea cual sea la fecha en que finalmente se celebren las elecciones, y teniendo en cuenta el derecho de sufragio de los grupos de riesgo, es necesario que el Gobierno active inmediatamente con la máxima extensión posible el voto por correspondencia. Sería necesario, además, invocar ante la JEC el precedente de las elecciones generales de 2019, impuesto por el Tribunal Supremo, que, incorporando la participación del servicio postal en la distribución de documentación, permitiría, en el caso de contagiados y contactos estrechos, acercar la emisión del voto no presencial hasta el mismo día de las elecciones. Finalmente, se debe impulsar la habilitación de canales notariales telemáticos para los apoderamientos de voto por correspondencia de personas contagiadas o grupos de riesgo que no dispongan de certificado electrónico, entre otras medidas que todavía son viables.

5. En caso de que el TSJC avale el Decreto y las elecciones se celebren el 30 de mayo, el Síndic y la comisión independiente elaborarán una nueva adenda al informe de noviembre de 2020, en relación con las reformas legislativas que de manera urgente hay que llevar a cabo para asegurar el derecho de sufragio activo con garantías de salud pública.

El pasado noviembre de 2020 el Síndic presentó en el Parlamento de Cataluña el informe La garantía del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento de febrero de 2021 en el marco de la actual pandemia, en el que se planteaban un conjunto de medidas legislativas y normativas que se podrían haber adoptado en el marco de las Cortes Generales y del Parlamento de Cataluña. Dichas medidas también habrían podido ser adoptadas por los respectivos gobiernos, para extender las garantías del derecho de voto en pandemia. En la misma línea, el Síndic creó una comisión independiente de asesoramiento sobre la garantía del derecho de sufragio activo integrada por reconocidos expertos en el ámbito sanitario, epidemiólogo y constitucionalista.  

Vídeo con la comparecencia del síndic (en catalán)

 

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El Síndic estudia el nivel de precios y la calidad del servicio de recarga de vehículos eléctricos en Barcelona

22/01/2021

foto (c) Pixabay

Un objetivo europeo es la descarbonización del transporte y la electrificación de la movilidad constituye una de las principales tecnologías para conseguirlo

Desde el pasado 18 de enero los vehículos eléctricos deben pagar para recargar en los puntos públicos de la ciudad de Barcelona

Desde el pasado 18 de enero, los vehículos eléctricos deben pagar para recargar en cualquiera de los 500 puntos públicos que la empresa Barcelona de Servicios Municipales (Ayuntamiento de Barcelona) tiene en aparcamientos y en la vía pública de dicha ciudad. Según las informaciones aparecidas en prensa, otros municipios de Cataluña también se están planteando esta opción.

Con la información disponible, para los usuarios particulares que utilicen el servicio habitualmente, se ha previsto un abono anual de 50 euros (25€ el primer año), que se podrá compartir con dos familiares, y un precio por kWh diferente en función de si se dispone de este abono o no. También se ha establecido un precio diferenciado en función del horario, de forma que las recargas son más baratas en horario nocturno. Si no se dispone del abono, cargar en la calle costará 0,49 €/kWh, mientras que si se dispone del abono, el precio será de 0,40 €/kWh. Los precios son más baratos en los aparcamientos y también en horario nocturno: 0,35 €/kWh con abono y 0,44 €/kWh sin abono.

Paralelamente, se han previsto tarifas diferenciadas para el caso de los profesionales, para quienes el abono anual será de 100€ (50€ el primer año). En este caso, el coste de cargar será de 0,40 €/kWh en horario diurno y de 0,35 €/kWh en horario nocturno para coches y furgonetas. El precio es más económico en los aparcamientos y también para motos de flotas profesionales (0,30 €/kWh en la calle en horario diurno).

La diferencia de precios entre el horario diurno y nocturno quiere estimular un consumo más sostenible y repartido de la energía, sobre todo por la noche, cuando hay menos demanda.

Por todo lo anterior, el Síndic ha decidido abrir una actuación de oficio con el objetivo de estudiar el nivel de los precios y de la calidad del servicio existentes en la ciudad de Barcelona en relación con otros municipios y estados de la Unión Europea.

Al mismo tiempo también se ha conocido que el Área Metropolitana de Barcelona ha iniciado un expediente administrativo a las empresas gestoras de las "electrolineras" (puntos metropolitanos de recarga para vehículos eléctricos), dado que se han detectado problemas en el servicio de recarga de vehículos eléctricos. La red metropolitana de puntos de recarga para vehículos eléctricos de la AMB es un servicio metropolitano gratuito e integra 10 puntos de recarga rápida repartidos por varios municipios metropolitanos: Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Gavà, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Barberá del Vallés y Pallejà.

El Síndic recuerda que uno de los objetivos europeos es el de la descarbonización del transporte y que la electrificación de la movilidad constituye una de las principales tecnologías para conseguirlo. Los datos demuestran, sin embargo, que en España hay 5.000 puntos de carga de vehículos eléctricos, cuatro veces menos que en Francia y cinco veces menos que en Alemania.

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El Síndic pide a la JEC ampliar el plazo para solicitar el voto desde el exterior al menos cuatro días más

21/01/2021

foto (c) Pixabay

La LOREG y el Acuerdo de la Junta Electoral Central fijaban el plazo para solicitar el voto desde el exterior del 22 de diciembre al 19 de enero

La publicación del Decreto 1/2021 ha suspendido la convocatoria de elecciones durante cuatro días y los potenciales electores del exterior dejaron de llevar a cabo las gestiones dirigidas a pedir el voto

 

El Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, establecía la disolución automática del Parlamento de Cataluña y convocaba unas nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña para el próximo 14 de febrero.

De acuerdo con el calendario y electoral que marca la LOREG, los ciudadanos de Cataluña residentes en el exterior (censo CERA) y aquellos temporalmente ausentes (censo ERTA) podían pedir el voto desde el exterior (voto rogado) entre el 22 de diciembre de 2020 y el 16 de enero de 2021. la Junta Electoral Central aprobó un acuerdo por el que, con carácter excepcional, se ampliaba el plazo para solicitar el voto desde el exterior hasta el 19 de enero.

Con la publicación del Decreto 1/2021, de 15 de enero, como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia causada por la COVID, se dejó sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021. Este decreto, contra el que se ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia y de Cataluña, fue suspendido cautelarmente el 19 de enero.

Así pues, durante cuatro días (entre el 15 y el 19 de enero), la convocatoria de elecciones ha sido suspendida y, por tanto, los potenciales electores del exterior dejaron de llevar a cabo las gestiones dirigidas a pedir el voto.

La situación en que se encontraba el procedimiento de solicitud de voto desde el exterior después de la aprobación del Decreto 1/2021 era que los catalanes residentes en el extranjero disponían todavía de cuatro días para poder tramitar su solicitud para poder votar. Hoy, sin embargo, este plazo ya ha expirado.

Ante este hecho, con la voluntad de garantizar el derecho de sufragio activo de los ciudadanos residentes en el extranjero, y de los temporalmente ausentes, el Síndic pide a la Junta Electoral Central ampliar, al menos cuatro días más, el plazo para poder pedir el voto desde el exterior.

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El Síndic pide una reforma del tributo metropolitano y un sistema de financiación que garantice una fiscalidad justa

20/01/2021

foto (c) Pixabay

Durante el año 2019 el tributo metropolitano se ha ampliado a 36 municipios alegando que todos los ciudadanos de la metrópoli tienen el mismo derecho a la movilidad y, por tanto, también las mismas obligaciones

Los nuevos contribuyentes denuncian deficiencias en el transporte público y diferentes niveles de prestación entre los municipios de la primera y la segunda corona

Este año el Síndic ha recibido 319 quejas de ciudadanos y agrupaciones vecinales de la segunda corona metropolitana en la que manifiestan su disconformidad con el tributo metropolitano.

El tributo metropolitano constituye un recurso con el que se dotó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en la Ley 31/2010 del Parlamento de Cataluña para financiar los servicios prestados en el territorio metropolitano.

Hasta el año 2019 sólo lo pagaban los contribuyentes 18 municipios, que eran los que estaban incluidos en la antigua Entidad Metropolitana del Transporte. Por este motivo pasaron a formar parte de la primera corona del transporte.

En el año 2019, la AMB lo amplió a los contribuyentes de 18 municipios más, los llamados de la segunda corona, que eran Badia del Vallés, Barberá del Vallés, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, San Clemente, San Cugat del Vallés, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat, alegando que todos los ciudadanos de la metrópoli tienen el mismo derecho a la movilidad y, por tanto, también deben tener las mismas obligaciones.

No obstante lo anterior, las quejas recibidas denuncian deficiencias en el transporte público y un nivel de prestación en los municipios de la segunda corona que en ningún caso son equiparables a los de la primera.

El Síndic recuerda que la ciudadanía tiene derecho a una fiscalidad justa y, por ello, pide una reforma del tributo y del sistema de financiación metropolitano que garantice este derecho. En esta línea ha dirigido una serie de consideraciones a la AMB:

  • Que se revise, se reforme o se mejore el sistema de financiación metropolitano para que sea más justo, igualitario, equitativo, eficiente y suficiente.
  • Que se incorporen criterios de capacidad económica en el tributo metropolitano para proteger las economías más desfavorecidas, hacer tributar la riqueza y dotarlo de más progresividad y capacidad redistributiva.
  • Que se amplíen las bases o los sujetos obligados que también son beneficiarios de los servicios que presta la AMB, en cumplimiento de los principios de solidaridad y generalidad.
  • Que se corrijan las diferencias de tributación entre municipios derivadas del año de entrada en valor de la ponencia catastral, para garantizar la igualdad, la equidad y la justicia tributarias.
  • Que se recalcule el impuesto y se devuelva lo pagado en exceso, cuando proceda.
  • Que se revisen los beneficios fiscales para proteger las situaciones más vulnerables.
  • Que se apliquen los títulos de tarificación social en los municipios de la segunda corona metropolitana, en condiciones de igualdad con los municipios de la primera corona.
  • Que se garantice la información, la transparencia y la participación ciudadana, estableciendo un diálogo abierto y proactivo con la ciudadanía.
  • Que se concreten y se calendaricen las mejoras en infraestructuras y servicios para paliar las deficiencias y los desequilibrios entre los municipios y para alcanzar los objetivos de calidad en el transporte público, movilidad sostenible, accesibilidad universal y protección de los colectivos más vulnerables.

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El Síndic recuerda que el suministro de electricidad es un servicio de carácter esencial y necesario para la vida cotidiana de las personas

15/01/2021

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Ha abierto una actuación de oficio para estudiar las actuaciones de la administración y Endesa en relación con las interrupciones sufridas en algunos municipios de Cataluña a raíz del Filomena

A raíz del fenómeno meteorológico Filomena varios municipios de Cataluña, especialmente los de las comarcas del Priorat y la Terra Alta, han sufrido los perjuicios de la interrupción del suministro eléctrico por averías e incidencias en la red de distribución. La intensa nevada y las temperaturas extremadamente bajas han hecho que la falta de suministro eléctrico durante horas provocara dificultades en la vida cotidiana de los vecinos de estos municipios, especialmente si se tiene presente la cada vez más elevada electrificación de la vida doméstica (cocinas, calentadores, comunicaciones por telefonía e internet, etc). Estas afectaciones también se han extendido a establecimientos comerciales e industriales. En algunos municipios, la reconexión el suministro eléctrico se ha hecho con carácter provisional mediante grupos electrógenos.

En este contexto, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y ha pedido información a la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y Conocimiento, ya Endesa. En concreto, el Síndic quiere conocer el número de municipios afectados y la duración de los cortes e incidencias en el suministro eléctrico, las causas que los han provocado, así como las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las personas usuarias a disponer de un suministro eléctrico de calidad.

El Síndic recuerda que el Código de consumo de Cataluña considera que los suministros son un servicio básico, es decir, unos servicios de carácter esencial y necesario para la vida cotidiana o que tienen un uso generalizado entre las personas consumidoras.

Además, la Ley del sector eléctrico señala que "el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, ya que la actividad económica y humana no se puede entender hoy día sin su existencia.

Por todo ello, cabe indicar que no son excepcionales las actuaciones del Síndic de supervisión de administraciones y empresas en relación a la garantía del suministro eléctrico con ocasión de incidencias generalizadas por motivos meteorológicos.

2017  El Síndic ya abrió una actuación de oficio en el año 2017 a raíz de los cortes de suministro eléctrico que sufrieron varios municipios de las comarcas del Pallars Jussà, Alt Urgell, la Noguera, Solsonès, Garrigues, Segrià, Urgell y la Segarra, como consecuencia de una nevada primaveral que tuvo lugar el 25 de marzo. En aquella ocasión, el Síndic cerró la actuación de oficio después de que el Departamento de Empresa y Conocimiento comunicara la incoación de un expediente sancionador contra la empresa distribuidora, que era Endesa.

2014  En el informe sobre "El derecho a los suministros básicos (electricidad, agua, gas)" que el Síndic presentó en 2014 se recomendaba que las empresas distribuidoras informaran trimestralmente los ayuntamientos respectivos del número de cortes del servicio de suministro de electricidad por impagos y de las otras incidencias relevantes, especialmente las que afecten a los colectivos especialmente protegidos. También se sugería una actualización de las cantidades (30 euros o el 10% de la primera facturación completa) que el reglamento estatal determina que las empresas distribuidoras de electricidad deben abonar a las personas consumidoras en concepto de incumplimiento de la calidad individual en cuanto a la atención prestada.

2010  En el año 2010 el Síndic abrió una actuación de oficio a raíz de una intensa nevada que en el mes de marzo afectó gravemente el suministro eléctrico, así como las infraestructuras de transporte y comunicación.

2004  Anteriormente, en enero de 2004 el Síndic había presentado al Parlamento el informe "El servicio público de suministro eléctrico, una reflexión sobre los derechos de los ciudadanos."

Finalmente, el Síndic inició el pasado mes de diciembre una investigación para estudiar los cortes frecuentes del suministro eléctrico en varios barrios de Cataluña, dadas las informaciones que le llegaban acerca de los reiterados cortes de suministro eléctrico en diferentes barrios de Cataluña, algunos en la capital catalana. El Síndic tiene conocimiento de afectaciones, como mínimo, en los barrios de Torre Baró (Nou Barris) y el Raval (Ciutat Vella), en Barcelona, ​​y en el barrio del Culubret, en Figueres, y ha recibido quejas procedentes de Badalona, Terrassa, Sabadell, Ripollet y Cerdanyola del Vallès. En todos los casos los vecinos denuncian cortes de luz intermitentes y diarios, en varios casos de horas. Por las informaciones publicadas, esta realidad se repite año tras año, pero con el invierno de la pandemia, en la que se obliga a pasar más horas en casa, se está viviendo peor que nunca. Cabe destacar que los cortes se producen en barrios que han notado muchísimo los efectos de la crisis derivados de la pandemia, y los vecinos manifiestan que se sienten abandonados y desatendidos por las administraciones.

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