Actualidad: noticias y notas de prensa

El síndic y la defensora de la ciudadanía de Arenys de Mar firman un convenio para mejorar la atención a las personas y agilizar la tramitación de quejas

13/04/2021

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El convenio firmado pretende actualizar el anterior, para reforzar los puentes de colaboración y cooperación entre ambas instituciones

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, y la defensora de la ciudadanía de Arenys de Mar, Maria Teresa Verdura, han firmado hoy martes, 13 de abril, una actualización del convenio de colaboración entre las instituciones que ambos encabezan. La firma tiene por objetivo evitar duplicidades, aprovechar sinergias y recursos, y sobre todo mejorar el servicio de defensa de derechos y facilitar el acceso a la ciudadanía.

De acuerdo con este convenio, cuando una persona presente una queja al Síndic de Greuges de Cataluña, este se compromete a informarle de la posibilidad de presentarla ante la oficina de la defensora en el caso que el hecho que la motive se relacione con el funcionamiento de la Administración municipal. El Síndic de Greuges de Cataluña podrá solicitar a la defensora de la ciudadanía de Arenys de Mar información sobre los asuntos que tramita y las conclusiones en los casos que sean de interés común.

Per su parte, la oficina de la defensora de Arenys de Mar se compromete a remitir al Síndic de Greuges de Cataluña las quejas que afecten a administraciones fuera del ámbito municipal, siempre que la persona interesada esté de acuerdo. En estos casos, la comunicación entre ambas instituciones deberá ser fluida, tanto durante su tramitación como una vez se emita una resolución, si procede.

El primer convenio con la oficina de la defensora de la ciudadanía de Arenys de Mar se firmó el 23 de mayo de 2008. Con esta firma, las dos instituciones reafirman su compromiso con la defensa de derechos de proximidad, y también ponen énfasis en los mecanismos de colaboración y cooperación entre ambas instituciones.

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El Síndic pide intensificar las herramientas de cooperación para hacer posible una aplicación plena de la Ley de transparencia por parte de todas las administraciones

12/04/2021

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Es necesario reforzar los espacios de apoyo y colaboración con las entidades con más dificultades para cumplir las obligaciones de transparencia
 
La aplicación de la Ley avanza a dos velocidades, condicionadas por el tamaño y la capacidad de las administraciones
 
La capacidad de ofrecer información estructurada y comprensible con nuevas herramientas y tecnologías que faciliten el acceso es el principal reto de la publicidad activa en el futuro inmediato, dado que crece el volumen de información publicada
 
Es imprescindible difundir el derecho de acceso a la información pública entre el conjunto de la ciudadanía
 
No es admisible el silencio ante una solicitud de acceso a la información y su desestimación requiere una resolución formal y motivada

El Síndic de Greuges ha presentado hoy, 12 de abril, el Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente al año 2020, a la presidenta del Parlamento, Laura Borràs. Este es el quinto informe que elabora el Síndic desde que la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, encomendó al Síndic de Greuges la función de evaluar el cumplimiento de las obligaciones que se regulan.

Este año, tanto los trabajos que han dado lugar a la elaboración del informe como la misma realidad que se describe han estado condicionados en buena medida por la crisis de la COVID-19, que ha impactado intensamente en todos los ámbitos de la vida individual y colectiva. En el aspecto metodológico, aunque la información recopilada con el cuestionario enviado a las administraciones hace referencia a 2019, el trabajo de análisis de los portales de transparencia y el test del solicitante oculto se han llevado a cabo en el año 2020, con las singularidades propias de este período, en medio de la pandemia.

En estos circunstancias tan singulares y complejas, que han obligado a todas las instituciones a realizar esfuerzos de adaptación muy relevantes, era previsible un estancamiento general en la aplicación de la Ley. Ahora bien, el Síndic se ve obligado a recordar que esta ralentización ya viene de antes y que buena parte de las recomendaciones que se recogen en este nuevo informe ya se habían planteado en informes precedentes. El Síndic destaca que la aplicación de la Ley avanza globalmente a dos velocidades, en función del tamaño y la capacidad de cada administración, y esta situación no se adecua a lo previsto en la Ley, que fija un mismo nivel de obligaciones para todas. Por tanto, el Síndic reitera la necesidad de intensificar el uso de todas las herramientas de cooperación para hacer posible la aplicación plena de la Ley en las administraciones que no pueden avanzar sustancialmente sin apoyo. No obstante lo anterior, el Síndic considera que es necesario un compromiso más firme de los responsables de aplicar la ley en cada una de las administraciones y recuerda que la Ley responde a la demanda ciudadana de instaurar un modelo de buena gobernanza en todos los niveles administrativos.

La percepción de estancamiento en el desarrollo de las obligaciones de publicidad en buena parte de las administraciones con menos recursos convive con avances significativos en las de más capacidad, que avanzan hacia el pleno cumplimiento con respecto a los contenidos requeridos en la Ley e incorporan mejoras cualitativas relevantes, tales como el uso de formatos reutilizables, de herramientas gráficas que facilitan la comprensión y usos de la información, las mejoras en la estructuración de la información, etc. De hecho, este es el principal reto de la publicidad activa en el futuro inmediato, dado que a medida que crece el volumen de información publicada, gana importancia que esté bien estructurada y sea accesible y comprensible. Es un elemento capital desde la perspectiva de la finalidad de la publicación de información, en la medida en que facilita que las personas en general y las entidades del tejido asociativo civil puedan analizar y valorar los datos hechos públicos y ejercer el control democrático sobre la actividad pública. En el mismo ámbito de la publicidad informativa, también destaca el esfuerzo de varias Administraciones, con la de la Generalitat al frente, para ofrecer información relacionada con la pandemia por COVID-19 -sanitaria, pero también contractual y de otras actuaciones directamente relacionadas- de forma organizada y estructurada y con formatos abiertos que permitan el análisis y la comparación de forma autónoma y, en su caso, el cuestionamiento crítico.

En cuanto al derecho de acceso a la información pública, cabe destacar en positivo que el cuestionario enviado a todas las administraciones recoge un número relativamente bajo de desestimaciones de solicitudes, un total 77 (un 0,69% del total de solicitudes identificadas en el conjunto de las administraciones). En este sentido, se percibe un cambio en la concepción del derecho de acceso por parte de las administraciones, que se consolida progresivamente como un derecho ciudadano sujeto a límites que hay que interpretar restrictivamente. No obstante lo anterior, esta tendencia que las denegaciones de acceso sean realmente excepcionales convive con una cifra demasiado alta de casos en que quien solicita acceso no recibe respuesta. Es difícil establecer el alcance real de esta carencia, pero si se hace un ejercicio de hipótesis de estimación a partir del número de solicitudes que las administraciones declaran que recibieron en el año 2019 (11.199) con relación a las solicitudes que quedaron sin respuesta al test del solicitante oculto del mismo año (34,4%), daría una cifra estimada de 3.852 solicitudes sin respuesta que sería inaceptablemente alta. Ante esta situación, el Síndic insiste en que la Ley de transparencia obliga a las administraciones a adaptar sus organizaciones para integrar las solicitudes de acceso. Y, en este sentido, se valora positivamente la puesta en marcha del nuevo Reglamento de transparencia, que obliga a las administraciones a identificar una unidad responsable de gestiónar las solicitudes.

Siguiendo con el derecho de acceso, también hay que destacar que, aunque el número global de solicitudes de acceso ha crecido ligeramente, todavía está lejos de alcanzar el nivel de la de otros territorios, como Andalucía, Aragón o Extremadura. Por lo anterior, el Síndic reclama de nuevo acciones conjuntas de las diversas administraciones para difundir el derecho de acceso entre la ciudadanía.

Finalmente, el Síndic celebra la aprobación del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley, largamente reclamado, que debería servir para clarificar y delimitar conceptos y para facilitar una aplicación homogénea de las obligaciones, especialmente en publicidad informativa. El Síndic incluirá la valoración de su incidencia en el informe de transparencia correspondiente al año 2021.

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El Síndic recomienda investigar la presencia de la extrema derecha en los cuerpos de seguridad

07/04/2021

foto (c) Pixabay

El pasado año en Alemania se publicó un informe que analizaba el alcance de la infiltración de la extrema derecha dentro de los servicios de seguridad del país

El Departamento de Interior ha aceptado la recomendación de elaborar un estudio similar respecto del cuerpo de PG-ME

Se apela a la colaboración de los principales ayuntamientos para que se pueda hacer extensivo a las policías locales

También ha trasladado la resolución a sus homólogos estatales y autonómicos con policia propia a fin de que, si lo consideran conveniente, lo propongan en el marco de sus territorios

En los últimos meses del año 2020 se publicaron algunas noticias sobre comportamientos y actitudes peligrosas respecto al sistema democrático de algunos miembros de las fuerzas armadas, como por ejemplo una declaración de respeto y desagravio al general Franco, que fue firmada por 181 militares retirados, que protestaban por el anuncio de exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos; unas imágenes grabadas en una casa cuartel con motivo de la celebración del día de la Inmaculada Concepción, donde se veían asistentes haciendo el saludo nazi y cantando una canción de la División Azul, o la existencia de varios chats integrados por militares en la reserva en que se intercambiaban mensajes ultraderechistas.

También se han hecho públicas determinadas actuaciones de la Guardia Civil que se podrían atribuir a prejuicios ideológicos vinculados a la extrema derecha, como los gritos de “A por ellos” del mes de octubre de 2017; atestados como los que evaluaron el papel de los Mossos d'Esquadra por su actuación en ese mismo año, desautorizados por la Sentencia 20/2020, o el discurso del director general de la Guardia Civil en la casa cuartel de Sant Andreu de la Barca en octubre de 2019, entre otros.

A raíz de estas publicaciones, resurgió el debate sobre la presencia de la extrema derecha dentro de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas o sobre una posible politización de algunos de los miembros que forman parte. 

Al tener conocimiento de estos hechos, el Síndic abrió una actuación de oficio para estudiar el caso y hoy presenta sus conclusiones. La resolución determina la necesidad de elaborar uno o varios informes oficiales sobre la necesidad de analizar la posible presencia de la extrema derecha dentro de los cuerpos policiales o la politización de algunos de estos sectores, lo cual podría atentar contra la legalidad vigente.

El precedente de esta recomendación es el informe sobre la materia elaborada en Alemania el año pasado, que representa un primer intento de analizar el alcance de la infiltración de la extrema derecha dentro de los servicios de seguridad del país. La decisión de elaborar este estudio nació del incremento de casos protagonizados por extremistas dentro de las fuerzas policiales y militares.

EL informe, elaborado por la Agencia Nacional de Inteligencia, en colaboración con los gobiernos de los estados federados, detectó más de 1.400 casos en que militares y policías aparecen como sospechosos de cometer acciones extremistas, y concluía que esto constituía un peligro importante para el Estado y la sociedad, y que era imprescindible continuar identificando a los extremistas. El informe del Gobierno alemán causó un gran impacto mediático.

En cuanto a las fuerzas armadas, la Ley orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas, establece “el deber de neutralidad política” de los militares y regula que en ejercicio de su derecho de asociación pueden participar en asociaciones “que tengan como fin la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados”.

En cuanto a los cuerpos y las fuerzas de seguridad, es el artículo 104 CE el que define las misiones: “Proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. EL artículo 5.1.b) de la Ley orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad, les obliga “actuar con absoluta neutralidad política”. La Ley catalana 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat-Mossos de Escuadra, reproduce literalmente en el artículo 11.2 la misma exigencia. Y también lo hace la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las policías locales, en su artículo 10.1. 

Así pues, en opinión del Síndic, más que investigar la presencia de la extrema derecha en los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, cosa difícilmente compatible con el marco legal, que no penaliza la existencia de esta ideología ni de ninguna otra, haría falta analizar hasta qué punto se está cumpliendo la obligación de mantener la neutralidad política en casos como los que se han mencionado. Por tanto, sería necesario que el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y locales no actuaran en función de casos que se consideran aislados, sino que investigaran a fondo las actuaciones incorrectas en el marco de una visión global. Este estudio tendría que incluir lógicamente al Cuerpo de Mossos d'Esquadra y también a las policías locales. Dicha investigación debería conllevar una colaboración entre los ministerios de Interior y Defensa y los gobiernos de Cataluña, el País Vasco y Navarra y los ayuntamientos que se podría vehicular a través del Departamento de Interior (Dirección General de la Seguridad).

Por consiguiente, en el marco de sus competencias, el Síndic pidió al Departamento de Interior de la Generalitat que se hiciera cargo de la traducción y difusión del informe del Ministerio del Interior de Alemania y que elaborara un estudio similar respecto al cuerpo de PG-ME. Este estudio, con la colaboración de las entidades municipalistas de Cataluña, se podría hacer extensivo a las policías locales de todo el país. Asimismo pide al Ayuntamiento de Barcelona que colabore con el Departamento de Interior para poder elaborar un informe en la misma línea respecto a la Guardia Urbana de Barcelona.

En este sentido, cabe destacar que ya se han recibido respuestas positivas tanto del Departamento de Interior como del Ayuntamiento de Barcelona. Por su parte, el Departamento de Interior se ha comprometido a traducir el estudio mencionado y ha informado al Síndic de su voluntad de elaborar un estudio similar al alemán, que deberá evaluar las 217 organizaciones policiales existentes en Cataluña y que será trasladado al futuro consejero o consejera de Interior. Y, por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona también ha respondido que adquiere el compromiso de coordinarse con el Departamento de Interior de la Generalitat para poner en marcha este estudio.

Así mismo, el Síndic se ha dirigido a sus homólogos estatales (Defensor del Pueblo) y autonómicos, en comunidades con policía propia (Arartekos del País Vasco y Navarra) y les ha sugerido que propongan un estudio sistemático y global sobre los casos de falta de neutralidad política dentro de los cuerpos policiales del Estado y las fuerzas armadas, por un lado, y de las policías forales, por el otro.

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El Síndic pide revisar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica antes de su implementación

26/03/2021

foto (c) Pixabay

El inicio del período de pago del impuesto está previsto a partir del próximo septiembre

Sólo prevé que estén exentos de tributar los vehículos dados de baja definitiva o temporalmente por robo

La base imponible coincide con las emisiones oficiales de dióxido de carbono que constan en el certificado expedido por el fabricante y no tiene en cuenta el criterio de los kilómetros recorridos por el vehículo

Faltan criterios de capacidad económica de las personas en la configuración del impuesto para modular la carga tributaria

El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, un tributo propio de la Generalitat de Cataluña que tiene por objetivo gravar las emisiones de dióxido de carbono que producen estos vehículos y que inciden en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene previsto el inicio de su período de pago a partir del próximo mes de septiembre. De acuerdo con el Decreto ley 33/2020, la publicación del padrón provisional se hará del 1 al 15 de mayo de 2021.

Este impuesto se creó mediante la Ley 5/2017 y, posteriormente, se incorporó a la Ley 16/2017, del cambio climático. En el año 2019, con la aprobación de la Ley 9/2019, de modificación de la Ley de cambio climático, se introdujeron cambios en este tributo. Más adelante, dada la situación de la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19, se aplazó su implementación. Finalmente, se aprobó el Decreto ley 33/2020, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo.

Desde entonces, el Síndic ha recibido diversas quejas que ponen de manifiesto el desacuerdo con este impuesto, con su hecho imponible, con la base imponible o con la falta de criterio de capacidad económica en la regulación. Por dichos razones, el Síndic procedió a abrir una actuación de oficio.

El hecho imponible

De acuerdo con la normativa, el impuesto se aplica "a los vehículos aptos para circular por las vías públicas que estén matriculados en el registro público correspondiente, mientras no hayan sido dados de baja definitiva o temporal por robo, y a los vehículos que estén provistos de permisos temporales".

Por tanto, a pesar de los diversos supuestos por los que un vehículo puede haber sido dado de baja con carácter temporal y, por tanto, retirado de la circulación, por lo que no emitiría las emisiones de dióxido de carbono que el impuesto pretende gravar, sólo en un caso, el del robo, se le exime de tributación. Por este motivo, a criterio del Síndic habría que revisar el concepto de cuáles son los vehículos que deben considerarse aptos para circular a los efectos del impuesto, en el sentido de excluir de tributación los vehículos que estén dados de baja, con independencia del carácter de la baja.

La base imponible

De acuerdo con la normativa, la base imponible coincide con las emisiones oficiales de dióxido de carbono que constan en el certificado expedido por el fabricante o el importador del vehículo y cuando no se dispone de las emisiones oficiales de dióxido de carbono, la base imponible se calcula en función de una fórmula establecida en la Ley. En las quejas recibidas se cuestiona que para el cálculo no se tenga en cuenta el criterio de los kilómetros recorridos por el vehículo para garantizar que paguen más los que más contaminen, por lo que una persona que circule de forma habitual pagará el mismo importe que una persona que utilice la misma categoría de vehículo de forma esporádica. En este aspecto, el Síndic recuerda la naturaleza extrafiscal de este tributo, el objetivo sería contribuir a disuadir a los ciudadanos de la realización de una determinada conducta, en este caso, reducir las emisiones de dióxido de carbono. Por ello, el Síndic considera que hay que seguir trabajando y explorando vías para que en la configuración de la base imponible se tenga en cuenta un indicador de emisiones efectivas, a fin de garantizar que el importe que resulte a pagar sea proporcional al volumen de emisiones de CO2.

El Síndic también destaca que no se establece en la configuración del impuesto criterios de capacidad económica de las personas para modular la carga tributaria.

Para finalizar, dado el contexto de la crisis generada por la COVID, el Síndic pide que se considere de nuevo el aplazamiento de la exacción del tributo. 

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El Síndic pide que la sexta hora siga siendo un instrumento de garantía de la igualdad de oportunidades para mejorar la atención del alumnado socialmente desfavorecido

23/03/2021

foto (c) Pixabay

El Síndic constata que una parte significativa de los centros de máxima complejidad han dejado de impartir la sexta hora durante este curso escolar

En el año 2011, a raíz de la crisis económica, se suprimió en la mayoría de centros, pero se permitía mantenerla en los centros con alumnos en contextos desfavorecidos

Con la llegada de la crisis de la pandemia, los centros de máxima complejidad que tenían sexta hora efectiva ha pasado del 62,8% en el curso 2019/2020 al 21,2% en el curso 2020/2021

La sexta hora es una herramienta importante para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades

Durante el curso 2019/2020 la sexta hora estaba vigente sólo en el 62,8% de los centros de máxima complejidad (145) y en una pequeña parte de centros de alta complejidad (28, el 13,6% del total). El Síndic ha constatado que a raíz de las instrucciones dadas sobre el mantenimiento de la sexta hora durante el curso 2020/2021, a través de las que se pedía a los centros que quisieran continuar impartiéndola debían presentar su solicitud, un número importante de centros, más de la mitad (el 55,7%, 136 de los 244 que tenían sexta hora) renunciaron a mantenerla. Paradójicamente, esta renuncia ha sido mayor en los centros de máxima complejidad (66,0%) o de alta complejidad (57,1%) que tenían sexta hora que en el caso de los centros de complejidad estándar (34,7%).

De este modo, pues, los centros de máxima complejidad que tenían sexta hora efectiva han pasado del 62,8% en el curso 2019/2020 al 21,2% en el curso 2020/2021.

En su respuesta al Departamento de Educación afirma que no se ha dado ninguna indicación de eliminar la impartición de la sexta hora a los centros educativos. También expone que, aunque no se imparta efectivamente, se ha aplicado la sexta hora el cálculo de la plantilla en todos los centros que ya la tenían durante el curso 2019-2020, por lo que se mantienen los recursos y cada centro los utiliza de acuerdo con su adaptación funcional de atención de grupos y alumnos en el contexto COVID-19. El Síndic constata, pues, que una parte significativa de los centros de máxima y alta complejidad han dejado de impartir la sexta hora en el curso 2020/2021, pero también que estos centros no han visto reducida su dotación de profesorado por efecto de esta retirada.

Por tanto, el Síndic recuerda que, más allá de las dotaciones adicionales que se asignan a los centros vinculados a la sexta hora, la sexta hora supone incrementar en cerca de un 15% del horario de atención educativa que recibe el alumnado por parte del profesorado.

El Síndic también destaca que cerca de un 40% de centros de máxima complejidad no tenían sexta hora antes de la pandemia.

En vista de estas consideraciones, el Síndic ha pide al Departamento de Educación que desarrolle las actuaciones necesarias para restituir de manera efectiva la sexta hora en los centros de máxima y alta complejidad de cara al curso 2021/2022.

La sexta hora ha sido un elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación, puesto que sirve para mejorar la atención del alumnado socialmente desfavorecido, que sufre una situación de desventaja objetiva en las condiciones de educabilidad, y para combatir la segregación escolar, dadas las diferencias existentes relacionadas con determinadas condiciones de escolarización del alumnado que ofrecen los centros públicos (mayoritariamente sin sexta hora) y concertados (mayoritariamente con actividades complementarias).

De hecho, el mismo Departamento de Educación recuerda que la sexta hora es una medida de mejora que favorece la equidad y que es un pilar importante para los centros educativos que la imparten. Cabe recordar que, sin esta hora complementaria, el alumnado recibe una media de 175 horas menos de clase a lo largo del curso, 1.050 horas menos de clase durante toda la primaria (equivalente a un año lectivo aproximadamente).

A partir del año 2011, las dificultades presupuestarias en el contexto de crisis provocaron que se suprimiera en la mayoría de centros públicos la ampliación que se había realizado desde el año 2006 del horario escolar en primaria. Sin embargo, también abría la posibilidad de mantener esta ampliación horaria en los centros de primaria que, con carácter general, atendieran a alumnado en contextos socioeconómicos desfavorecidos (alrededor de 400), con el objetivo de garantizar un entorno de aprendizaje adecuado que favoreciera la igualdad de oportunidades.

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