Notas de prensa

La síndica pide que se tengan en cuenta las situaciones de custodia compartida a la hora de calcular el canon del agua

14/09/2026

La síndica de greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio para analizar cómo se aplica la ampliación de los tramos del canon del agua en los casos de guarda y custodia compartida. Con este objetivo, la institución ha trasladado la cuestión al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y le ha pedido información sobre las medidas que podrían adoptarse para adaptar el sistema a esta realidad familiar.

Actualmente, para determinar el número de personas que conviven en una vivienda a la hora de calcular la ampliación de los tramos del canon, se tienen en cuenta los datos del padrón municipal. Esto hace que, en muchos casos de custodia compartida, los hijos solo se computen en el domicilio en el que están empadronados, aunque residan de forma efectiva en dos viviendas durante períodos equivalentes.

La institución ya alertó de esta problemática en 2021, cuando sugirió que se valoraran fórmulas alternativas para acreditar la convivencia. Sin embargo, sigue recibiendo quejas de familias que consideran que el sistema actual no refleja adecuadamente su situación y que les impide acceder a la ampliación de los tramos del canon en uno de los domicilios donde los menores también viven habitualmente.

La síndica recuerda que la ampliación de los tramos del canon del agua tiene como objetivo adaptar la tarifa al número real de personas que consumen agua en una vivienda. Por eso, considera que basarse exclusivamente en los datos del padrón puede excluir situaciones familiares que conllevan un consumo efectivo de agua en más de un domicilio.

Ante esta realidad, la institución insiste en la necesidad de estudiar la posibilidad de admitir otros medios de prueba que permitan acreditar la convivencia efectiva de los hijos con ambos progenitores. Esta opción debería ir acompañada de los controles y garantías necesarios para evitar duplicidades o usos indebidos del sistema.

La síndica pide reformas estructurales para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad del sistema educativo

08/09/2026

Con el inicio del nuevo curso escolar, miles de alumnos han regresado este martes a las aulas después de un año marcado por las movilizaciones del profesorado. Algunas de las decisiones adoptadas como medida de protesta laboral el curso pasado, como la supresión de las colonias y salidas escolares y la eliminación de los comentarios personalizados en los boletines de notas, podrían haber vulnerado los derechos del alumnado y de sus familias, según una resolución de la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas.

Un curso con menos oportunidades educativas fuera del aula

La institución del Síndic de Greuges considera que las colonias y salidas escolares, a pesar de no formar parte de la enseñanza obligatoria, están integradas en los proyectos educativos de los centros y son espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal especialmente valiosos para los alumnos.

Cancelarlas tiene un impacto especialmente importante entre los alumnos con menos oportunidades socioeducativas, para quienes estas experiencias a menudo constituyen su principal contacto con actividades culturales, científicas o de convivencia fuera de su entorno habitual. Por este motivo, la institución del Síndic de Greuges advirtió que eliminarlas por motivos ajenos a criterios pedagógicos contradice el principio de máximo aprovechamiento que debe guiar el sistema educativo.

Menos información para las familias

Otra de las medidas que ha generado mayor controversia ha sido la eliminación de los comentarios personalizados que el profesorado escribe en los boletines de notas de muchos centros educativos. Para muchas familias, estos comentarios son una herramienta pedagógica imprescindible para entender el progreso académico de cada alumno, detectar dificultades específicas e identificar aspectos que pueden mejorarse.

La falta de este retorno cualitativo ha limitado la información disponible sobre la evolución educativa de los estudiantes y ha dificultado el seguimiento individualizado de los procesos de aprendizaje. En este sentido, la institución recordó que las familias y los alumnos tienen derecho a recibir información completa y de calidad sobre su rendimiento y desarrollo educativos.

El malestar docente se mantiene

Hoy, el curso escolar ha comenzado con una nueva huelga del profesorado que denuncia, entre otras cosas, el deterioro de sus condiciones laborales debido al aumento de la complejidad de las aulas, la sobrecarga burocrática, el incremento de las tareas administrativas y la falta de reconocimiento profesional.

En este contexto, la síndica reconoce la legitimidad de las reivindicaciones docentes y la necesidad de impulsar reformas estructurales que permitan mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad del sistema educativo. Ahora, con el inicio del nuevo curso, el reto consiste en recuperar la normalidad en los centros y garantizar que las reivindicaciones laborales no vuelvan a traducirse en una reducción de las oportunidades educativas del alumnado.

Según recuerda la institución, las actividades fuera del aula y la información personalizada sobre el aprendizaje son elementos que expertos e instituciones consideran fundamentales para una educación de calidad y para la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes.

La síndica reclama más opciones para que las personas mayores puedan delegar la gestión de la aplicación móvil La Meva Salut

26/08/2026

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha pedido al Departamento de Salud que amplíe las opciones de representación disponibles en la aplicación móvil La Meva Salut, la plataforma digital del sistema público de salud catalán. El objetivo es facilitar que las personas mayores o con dificultades digitales puedan recibir el apoyo de familiares o personas de confianza en la gestión de su información y de sus trámites sanitarios.

Esta petición surge a raíz de la queja presentada por un ciudadano que exponía las dificultades que encontraba para ayudar a sus padres, personas con dificultades tecnológicas, pero plenamente capaces desde el punto de vista jurídico, en la gestión de citas, pruebas médicas y comunicaciones con el sistema sanitario. El ciudadano explica que los problemas comenzaron con la implantación del sistema de doble autenticación, que le impedía acceder al portal si no estaba físicamente con ellos.

La síndica valora positivamente la voluntad del Departamento de Salud de reforzar la protección de los datos personales y sanitarios mediante la doble autenticación. No obstante, considera que esta protección debe ser compatible con la realidad de muchas personas que necesitan ayuda para relacionarse digitalmente con la Administración sanitaria.

La institución defiende que esta situación va más allá de un caso individual y que debe abordarse de forma general, ya que responde a una realidad cada vez más extendida en una sociedad envejecida, en la que muchas personas mayores prefieren delegar determinadas gestiones sanitarias en sus hijos o personas de confianza.

En este sentido, la síndica ha reclamado que se estudien fórmulas que permitan a las personas autorizadas acceder a la aplicación y realizar gestiones en nombre de un familiar con todas las garantías de seguridad y protección de datos, sin necesidad de compartir contraseñas ni credenciales personales. Según la síndica, la falta de estas herramientas puede llevar a muchas familias a buscar soluciones informales, como compartir credenciales de acceso, que no son las más adecuadas desde el punto de vista de la seguridad.

En respuesta a esta demanda, el Departamento de Salud ha informado de que está analizando diversas alternativas que podrían implantarse de cara a 2027. Una de las soluciones propuestas permitiría a los representantes legales gestionar distintos aspectos de la salud de otras personas a través de la propia plataforma. La autorización correspondiente sería tramitada por el CAP de referencia, una vez acreditada la relación entre las personas implicadas.

La institución del Síndic de Greuges seguirá atenta a esta cuestión con el fin de garantizar que las futuras soluciones hagan compatible la seguridad digital con la accesibilidad y el acompañamiento que necesitan muchos ciudadanos en su relación con los servicios públicos de salud.

El Síndic de Greuges firma dos nuevos convenios para garantizar los derechos de las personas en el ámbito local

31/07/2026

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha firmado recientemente dos nuevos convenios con dos ayuntamientos que tienen por objeto garantizar la defensa de los derechos de las personas del municipio: uno con el Ayuntamiento de Les Borges Blanques y el otro con el Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat.

Estos convenios tienen una vigencia de cuatro años y buscan reforzar los servicios de defensoría que se ofrecen en los municipios, con un enfoque más específico y singular, y una mejor accesibilidad para la ciudadanía.

En las poblaciones con convenio, el Síndic de Greuges de Catalunya se compromete a presentar anualmente un informe que recoja la situación de las quejas tramitadas con el municipio, y ofrece la posibilidad de asistir a un pleno municipal para exponerlo con detalle y debatirlo. Además, representantes de la institución del Síndic se desplazan a los municipios con convenio al menos una vez al año para recoger las quejas y consultas de los vecinos. Por último, como novedad, la institución puede proponer vías de mediación y conciliación para favorecer la resolución positiva de los casos planteados.

La síndica destaca el valor de estos convenios, puesto que las administraciones locales son las primeras garantes de los derechos humanos. De hecho, los datos de la actividad del año 2025 señalan que el 42 % de las quejas recibidas se tramitan con ayuntamientos.

La síndica actúa de oficio para esclarecer las incidencias detectadas en la participación de Cataluña en las pruebas PISA 2025

30/07/2026

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio a raíz de las incidencias detectadas en la participación de Cataluña en la edición 2025 de las pruebas PISA. Dichas incidencias han llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a considerar que los resultados obtenidos no son representativos ni comparables con los de otros territorios ni con los de ediciones anteriores.

Según los datos proporcionados por el Departamento de Educación y Formación Profesional, el 23,2 % del alumnado seleccionado para participar en las pruebas quedó exento de realizarlas, una proporción muy superior al límite máximo del 5 % establecido por la OCDE para garantizar la validez estadística de los resultados. En total, se excluyó a 591 alumnos de una muestra de 2.545.

La mayor parte de las exenciones se justificaron por discapacidades cognitivas, emocionales o conductuales, mientras que una proporción menor se atribuyó a discapacidades físicas o al insuficiente conocimiento de la lengua de la evaluación.

Ante estos hechos, el Departamento ha anunciado la apertura de actuaciones internas para determinar las causas de la incidencia y esclarecer por qué no se aplicaron correctamente los criterios de exención. También ha informado de la puesta en marcha de medidas para reforzar los mecanismos de supervisión, entre las que destaca la creación de una comisión específica encargada de validar y coordinar las pruebas y los estudios de evaluación.

La síndica considera necesario profundizar en el análisis de estos hechos, especialmente teniendo en cuenta que la proporción de alumnado excluido por motivos relacionados con discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o conductuales representa el 19,6 % del total de la muestra, una cifra muy superior a la prevalencia de estos perfiles entre el alumnado de 4.º de ESO. Según los datos disponibles, los alumnos con necesidades educativas especiales representan aproximadamente el 5 % del total. Además, cerca de un 10 % de los alumnos presentan necesidades de apoyo educativo derivadas de trastornos o retrasos en el aprendizaje, aunque no tienen necesidades educativas especiales.

Entre las hipótesis planteadas por el Departamento, se encuentra la posibilidad de que algún centro hubiera aplicado a los procesos de selección de las pruebas PISA los criterios de exención previstos para las pruebas de competencias básicas de 4.º de ESO. No obstante, la institución ha observado que el porcentaje de alumnado exento de las pruebas de competencias básicas, que tuvieron lugar en abril de 2025, al igual que las pruebas PISA, fue del 9,7 %, cifra considerablemente inferior al 23,2 % registrado en las pruebas PISA. De hecho, solo en 2024 el porcentaje de alumnado que no hizo las pruebas de competencias básicas, ya fuera por ausencia o exención, superó el 10 %.

Por este motivo, la institución ha solicitado al Departamento información detallada sobre los 51 centros que formaban parte de la muestra, las características del alumnado exento, los mecanismos de acompañamiento y supervisión aplicados por los centros participantes, la verificación posterior de los criterios aplicados y las causas que explican el error detectado. También ha solicitado la documentación enviada a los centros antes de las pruebas y una copia del informe elaborado a raíz de las diligencias informativas abiertas para esclarecer los hechos.

La síndica insiste en que las pruebas PISA son una herramienta de referencia para evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y orientar las políticas públicas. Por este motivo, considera imprescindible aclarar lo sucedido y garantizar que los procesos de selección y participación del alumnado se ajusten a los criterios establecidos con las máximas garantías de transparencia y rigor.

Por último, la síndica recuerda la importancia de otorgar un papel central en la gestión de las pruebas PISA a la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, organismo público creado recientemente para impulsar la evaluación independiente y el análisis del sistema educativo.