Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic señala la posible afectación de derechos en las nuevas medidas para prevenir la COVID en centros residenciales para personas mayores

23/07/2021

Foto residencia gente mayor
La entrada en vigor del Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial vuelve a imponer limitaciones en las visitas que reciben las personas internas

Recuerda que cualquier restricción a los derechos de las personas mayores debe ser legal, necesaria y proporcionada

El Consejo de Europa manifestó que las personas mayores tienen derecho a la dignidad y al respeto de su vida privada y familiar, y también a la libertad de movimiento


El pasado 20 de julio entró en vigor el Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial, que tiene por objetivo reducir las posibilidades de que el virus llegue al interior de las residencias e intensificar las medidas de protección, prevención y control para minimizar al máximo la entrada del virus en los centros residenciales con la idea de evitar al máximo los ingresos hospitalarios. El documento incluye medidas dirigidas a los profesionales, medidas referentes a casos/brotes de los residentes, medidas referentes a las visitas, salidas y nuevos ingresos de los residentes, y también una intensificación de las medidas de protección y prevención en las residencias. En la misma línea, la prensa ha apuntado que habrá más control al personal de las residencias y menos visitas de los familiares. Según ha constado el Síndic, el nuevo plan prevé novedades en diversos aspectos de prevención y protección, tales como:
  • Un cribado periódico a todo el personal, los no vacunados (3 PCR a la semana), los vacunados (1 PCR a la semana) y a los trabajadores externos test rápido de antígenos (TAR) antes de entrar.
  • Un TAR a los familiares que visiten la residencia. Asimismo, el número de personas que pueden hacer visitas simultáneas baja de 3 a 2.
  • Un TAR a los familiares que recojan al residente en las salidas independientemente del estado de vacunación. Si la salida es de menos de dos días se harán TAR seriados a los residentes a los 4, 7 y 10 días de regreso, mientras que, si es superior a dos días, se seguirá el mismo proceso que en el anterior caso más la realización de un TAR al residente a la vuelta.

Con el objetivo de valorar las medidas de control que incluye este nuevo plan y sus afectaciones en cuanto a derechos y libertades, el Síndic ha abierto una actuación de oficio. En concreto, se ha dirigido al Departamento de Derechos Sociales para pedir información sobre si las pruebas diagnósticas (PCR/TAR) estarán disponibles en los mismos centros residenciales, quien asume el coste de la prueba, si se ha planteado la posibilidad de vacunar a los hijos del personal de las residencias, el proceso de recogida de datos, y sobre si se ha previsto la posibilidad de prórroga del plan, en principio establecido para 14 días. También se dirigirá al Departamento de Salud, para solicitarle información sobre el Plan de intensificación de las medidas de control en el entorno residencial y su implementación.

 

El Síndic recuerda que el Consejo de Europa, en una recomendación del año 2014, manifestó que las personas mayores tienen derecho a la dignidad y al respeto de su vida privada y familiar, y también a la libertad de movimiento. Cualquier restricción de estos derechos debe ser legal, necesaria y proporcionada, y debe haber medidas de control adecuadas para revisar estas decisiones. Además, los estados deben garantizar que cualquier limitación individual para una persona mayor se implemente con el consentimiento previo libre informado o como respuesta proporcional a un riesgo de sufrir daños.

En abril de 2020, en el marco de la primera ola de la COVID, y después de la aplicación de las primeras medidas para prevenir a los centros residenciales, el Síndic ya recomendó a las autoridades competentes la necesidad de tomar las medidas necesarias para mantener a los familiares de las personas residentes puntualmente informados, a través de un protocolo de actuación general claro en el que se dispense la información a los familiares. En cuanto al acompañamiento de las familias y el duelo, hay que articular mecanismos de comunicación por vía telemática o telefónica de los familiares con los residentes para poder garantizar el vínculo familiar. Habría que prever un protocolo de comunicación y ayuda a los familiares en caso de muerte y un acompañamiento. El Síndic también planteó que se estudiara la posibilidad de ofrecer un apoyo psicológico a las familias que tienen que despedir a sus familiares sin poderles acompañar en los últimos momentos. Además, el Síndic recomendaba al Departamento que hiciera una recopilación de buenas prácticas en los centros que hayan superado con éxito la gestión de la crisis del coronavirus, para velar de cara al futuro para que estas buenas prácticas se extiendan al máximo por el territorio.

Finalmente, el Síndic también recomendaba velar por la necesaria dotación de los equipos de los diversos centros residenciales, así como establecer directrices claras en cuanto a la desinfección de centros, sobre su necesidad y oportunidad, y también la forma en la que debe llevarse a cabo, de manera que se garantice la desinfección de los centros que lo requieran

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El Síndic recomienda una mayor implementación de la Recomendación del Consejo de Europa sobre los derechos de los menores con padres encarcelados

16/07/2021

Foto centro penitenciario

Los menores con padres en prisión pueden experimentar traumas, estigma, ansiedad y pérdida de atención parental que pueden ser perjudiciales para su bienestar

Estos menores tienen derecho a tener un contacto regular con sus progenitores

Se observan diferencias entre los centros penitenciarios a la hora de ofrecer programas de responsabilidad parental

El Departamento de Justicia ha tenido en cuenta las recomendaciones del Síndic y ha considerado la creación de estructuras participativas donde los menores puedan aportar ideas en los procesos de elaboración de la normativa penitenciaria.


En 2018, el Consejo de Europa emitió la Recomendación CM/Rec (2018) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros, relativa a los menores con padres encarcelados. Esta recomendación aconseja a los 47 Estados miembros que faciliten las visitas y el contacto regular entre niños, niñas y adolescentes con sus padres cuando se encuentren privados de libertad, entre otros medios, por vía telemática o por vía telefónica, con el fin de proteger los derechos de los menores siempre que ello no vaya en contra de su interés superior.

Según la resolución, los menores que tienen a uno o ambos padres en prisión pueden experimentar traumas, estigma, ansiedad y pérdida del cuidado de los padres y del estado material que pueden ser perjudiciales para su bienestar, desarrollo personal y, algunas veces, para la vida.

Esta recomendación también proporciona directrices específicas para evitar la detención de los padres en presencia de los menores y demuestra la necesidad de que los menores visiten normalmente a sus padres en la cárcel, sin interferir en la vida del menor, como en el caso de la asistencia a la escuela. También establece que las visitas deben realizarse en un espacio adecuado para los menores, y que deben poder comunicarse regularmente a través de una cámara web, chat, teléfono u otras tecnologías.

En este contexto, el Síndic abrió una actuación de oficio con el fin de estudiar las medidas existentes actualmente en las cárceles de toda Cataluña para garantizar con condiciones adecuadas el derecho de relación de los niños, niñas y adolescentes con padres encarcelados. En el marco de esta actuación, antes de que se decretara el estado de alarma, el equipo del Síndic visitó las cárceles de Lledoners, Quatre Camins y Wad-Ras. Del resultado de estas visitas se extraen notables diferencias en los espacios de las cárceles para garantizar el derecho de relación de los menores con los progenitores en prisión.

Por un lado, se observó que las infraestructuras de los centros condicionan en gran medida la calidad y las oportunidades de relación entre los menores y sus padres. Por otro lado, también se detectaron diferencias entre las cárceles a la hora de ofrecer programas de responsabilidad parental. Además, en general, se detectaron dificultades de cumplimiento en muchos de los puntos incluidos en esta recomendación, así como un débil conocimiento de esta recomendación por parte de los profesionales de las cárceles responsables del apoyo, protección y cuidado de los menores y sus familias.

La resolución, que agrupaba una serie de recomendaciones, se transfirió al Defensor del Pueblo, para que valorara las posibles medidas a tener en cuenta en la preparación de nuevos reglamentos, y al Departamento de Justicia para su consideración.

Algunas de las recomendaciones más destacadas que se hicieron son:

1. Promover un enfoque multidisciplinario, multiservicio y multisectorial en el ámbito penitenciario para promover y proteger eficazmente los derechos de los menores con padres encarcelados, con la promoción de proyectos de responsabilidad parental y crianza positiva que trabajen en cooperación con las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los menores y sus familias en estas situaciones.

2. Ofrecer capacitación a los profesionales encargados de apoyar, proteger y cuidar a los menores y sus familias sobre la Recomendación, así como sobre los derechos de los menores y sobre ejemplos de prácticas y procedimientos aplicables para mejorar las relaciones de los menores con los padres en prisión.

3. Escuchar a los menores y hacer que participen en las decisiones que les afectan con respecto a la relación y las comunicaciones con sus padres en prisión.

4. Proporcionar un espacio dedicado a los menores en las salas de espera y salas de visitas de los establecimientos penitenciarios, y repensar los espacios interiores y exteriores para garantizar que las visitas se lleven a cabo en un ambiente propicio para el juego y la interacción con los padres.

5. Avanzar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (videoconferencias, móviles u otros sistemas de Internet, incluyendo webcam y/o chats, etc.) para facilitar el contacto de los menores que viven lejos de la prisión, especialmente cuando viven en el extranjero.

6. Recordar que las políticas penitenciarias son susceptibles de tener incidencia en la relación de los menores con sus padres, y que se debe evaluar el impacto de cualquier decisión sobre las necesidades y los derechos de los menores.

7. Incorporar la participación de los niños, niñas y adolescentes dentro del procedimiento de elaboración de normas que afecten a cualquiera de las áreas de su vida, a través de estructuras de participación preestablecidas u otros medios que aseguren que disponen de la información adecuada y necesaria para hacerla efectiva.

El Departamento de Justicia, en respuesta a este conjunto de sugerencias, ha informado al Síndic de las acciones emprendidas para incorporar la perspectiva de los menores en su derecho de relación con sus padres encarcelados. En concreto, el Departamento se compromete a estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo en colaboración con entidades de la Mesa de Participación Social (TPS) para elaborar un documento de buenas prácticas y evaluar la creación de estructuras participativas donde los niños, niñas y adolescentes puedan dar opiniones y aportar ideas en los procesos de elaboración de la normativa penitenciaria.

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El Síndic pide que se hagan evaluaciones previas de impacto en todas las decisiones que afectan a los menores

15/07/2021

Comunicado conjunto
El proceso de evaluación permite anticipar consecuencias negativas antes de la aplicación de una norma y mejorar la coordinación de las políticas públicas

Con este fin ha traducido al catalán la guía elaborada por la Red europea de defensores de los menores

Las evaluaciones de impacto permiten una mejor garantía del interés superior de los menores


El Síndic de Greuges de Cataluña, junto con el Defensor del Menor de Andalucía y el Ararteko del País Vasco, han firmado una declaración de posicionamiento impulsada por la Red Europea de los Defensores de la Infancia (ENOC), sobre la "Evaluación del impacto sobre los derechos de los menores"(CRIA, Child Rights Impact Assessment) la cual insta a los Estados, a las autoridades nacionales, regionales, europeas e internacionales, y a todas aquellas autoridades competentes, a aplicar los procesos de evaluación de los derechos de los menores y el análisis de impacto sobre estos derechos.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya manifestó la importancia de establecer un proceso continuado de valoración de los efectos que generan las disposiciones legislativas sobre los menores para que se respete su interés superior.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los procesos de evaluación del impacto sobre los derechos de los menores, ENOC también ha elaborado una guía que contiene las pautas para realizar una adecuada evaluación que permita examinar el potencial impacto sobre los menores de las leyes, las decisiones presupuestarias, políticas, y cualquier otra medida que se adopte. Este documento, que ha sido traducido al catalán, euskera y castellano, con el objetivo de facilitar su difusión, explica el concepto CRIA, quién es el responsable de llevar a cabo la evaluación, las etapas clave y proporciona los recursos para que se pueda utilizar.

ENOC es una red formada por instituciones independientes de defensa de los derechos de los menores que tiene como tareas principales, impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, apoyar a los colectivos que trabajan para la defensa de los derechos de los menores, compartir informaciones y estrategias entre los estados miembros y promover el desarrollo de oficinas de ombudsman para menores. De acuerdo con sus estatutos sólo pueden ser miembros instituciones que se ocupen exclusivamente de la protección y la promoción de los derechos de los menores o que tengan estructuras internas que tengan estas características. Actualmente forman parte 43 instituciones de 34 estados.


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El Síndic pide medidas para paliar el impacto en los menores de la crisis económica derivada de la COVID

14/07/2021

Comisión Derechos Sociales
La crisis económica derivada de la pandemia puede introducir obstáculos al derecho a la educación, al derecho al ocio, al derecho a la participación

El Síndic ha mostrado su preocupación por el incremento de trastornos mentales entre los jóvenes

En los casos de separaciones conflictivas de los progenitores el Síndic considera imprescindible poner al menor en el centro de la atención y garantizar la escucha

Hay que informar a los profesionales en situaciones conflictivas entre los progenitores 

El Síndic y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes han comparecido en la Comisión de Derechos Sociales del Parlament para los debates del Informe sobre los derechos del niño 2020 y el informe Los derechos de niños y adolescentes: centro de atención en las separaciones conflictivas.

La Ley de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia establece que el Síndic y el adjunto o adjunta al Síndic para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes deben presentar anualmente en la comisión parlamentaria correspondiente un informe específico sobre la situación de la infancia en Cataluña con relación a los derechos establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y la legislación relativa a infancia y adolescencia. El informe correspondiente a 2020 es el décimo que se presenta al Parlamento en cumplimiento de este imperativo legal.

La pandemia de la COVID-19 y la situación de emergencia sanitaria global han tenido un impacto especialmente negativo entre los menores y en el ejercicio efectivo de sus derechos. El derecho a la movilidad, a la educación, a la atención a la salud mental, al desarrollo, entre muchos otros, han quedado condicionados por las decisiones tomadas en orden a la contención de la propagación del virus. Hay que añadir que dentro del colectivo los que están socialmente desfavorecidos han sufrido un impacto aún más negativo de la pandemia.

El Síndic, en primer lugar, recordó que hay que promover la participación y la escucha de los menores en todas las decisiones que los afectan en la vida ordinaria y, en este sentido, ha denunciado que, durante la aplicación del estado de alarma, los menores restaron invisibilizados como sujetos de derecho.

En cuanto a la pobreza infantil, el Síndic ha alertado de que el incremento de la precariedad social en que se encuentran muchas familias como consecuencia de la crisis social derivada de la COVID tendrá afectaciones concretas sobre la calidad de vida de los menores, no sólo en las condiciones materiales de vida, sino también en condiciones afectivas derivadas de situaciones de inestabilidad y de sufrimiento psicológico familiar crecientes. En este contexto, el Síndic también pide valorar que incrementen la provisión y la dotación de prestaciones, programas y servicios de atención directa, así como de servicios terapéuticos para el acompañamiento psicológico de las familias y los menores que han visto deterioradas sus condiciones de vida.

La precariedad social de muchas familias incrementará la complejidad de la atención socioeducativa que habrá que proporcionar desde los centros educativos. Por lo anterior, el Síndic recomienda convocatorias de ayudas a la escolaridad para el alumnado socialmente desfavorecido, medidas de apoyo a los centros con elevada complejidad y programas de refuerzo escolar y de acompañamiento familiar a través de los planes educativos de entorno y de los servicios de intervención socioeducativa para prevenir el absentismo y la desconexión. Para garantizar la igualdad de oportunidades al tiempo libre, también pide que se promuevan medidas de accesibilidad económica (ayudas económicas, bonificaciones y exenciones, sistemas de tarificación social, etc.)

El Síndic también ha denunciado que el seguimiento del curso escolar en formato telemático durante el confinamiento resultó especialmente discriminatorio para el colectivo de alumnado que por razones socioeconómicas puede tener más problemas de conectividad y de provisión de equipamientos adecuados, y que muchas familias de menores con discapacidad han manifestado la falta casi absoluta de apoyo y de atención por parte de los profesionales y de los servicios que habitualmente los atendían.

En cuanto a la salud, el Síndic también se muestra preocupado por el incremento de los problemas de salud mental infantojuvenil en tiempos de pandemia, ya que, por un lado, la pobreza constituye un factor de vulnerabilidad y aumenta el riesgo de sufrir trastornos y patologías de salud mental y, por otro, impide el acceso a recursos complementarios en el ámbito de la salud mental de tipo privado. En este sentido, el Síndic pide garantizar los servicios y recursos de prevención y de atención a la salud mental infantil y juvenil.

En cuanto al sistema protector, el Síndic sigue insistiendo en la necesidad de desarrollar una estrategia de desinstitucionalización de los menores, con el objetivo de que el ingreso en el centro tenga lugar únicamente cuando se considere el recurso más adecuado para el menor y de promover el acogimiento en familia ajena.

Por último, en cuanto a la violencia hacia los menores, el Síndic ha querido denunciar que no se han puesto suficientes recursos para abordar la grave situación de emergencia social provocada por la situación de emergencia sanitaria, y que no se ha hecho un seguimiento suficientemente cuidadoso para detectar la situación de violencia de muchos menores, que puede haber quedado invisibilizada.

Durante la jornada de hoy también se ha debatido sobre el informe Los derechos de los menores: centro de atención en las separaciones conflictivas, que fue presentado en el Parlament el pasado mes de diciembre. El Síndic cada año recibe numerosas quejas y consultas relacionadas con separaciones conflictivas de pareja o situaciones de enfrentamiento entre progenitores. En algunos casos estas situaciones pueden afectar a los derechos y las necesidades de los menores, ya que son instrumentalizados y depositarios de la angustia provocada por la separación, lo que les provoca un grave sufrimiento que tiene efectos negativos en su estabilidad y en su desarrollo personal.

Algunas de las quejas más recurrentes en los últimos años han versado sobre la supuesta negligencia en el cuidado del menor por parte de un progenitor, el incumplimiento de la sentencia judicial, el desacuerdo con el seguimiento y la valoración de los encuentros en el servicio técnico de punto de encuentro, el cambio unilateral de escuela o de empadronamiento, la retención o traslado a un país extranjero con el menor sin el consentimiento del otro progenitor, el desacuerdo con que la voz del menor no haya sido escuchada en sede judicial, entre otros.

 En el informe se detallan un conjunto de déficits y carencias que se han detectado a partir del trabajo realizado a lo largo de los años y también se muestra un conjunto de recomendaciones. En general, el Síndic ha puesto de manifiesto que es imprescindible poner al menor en el centro de la atención, garantizar su escucha y concienciar a las familias y a la ciudadanía sobre los efectos del conflicto parental crónico en el desarrollo del menor. En este sentido, el Síndic también ha expresado la necesidad de formar a los profesionales en situaciones conflictivas entre los progenitores y la importancia de avanzar hacia un abordaje multidisciplinar que pueda ayudar a trabajar de manera colateral el conflicto emocional subyacente al procedimiento judicial. En la misma línea, el Síndic considera imprescindible que el plan de parentalidad remita a los progenitores a mediación en caso de discrepancias que puedan ser resueltas a través del diálogo.

En cuanto a la actuación de los servicios intervinientes, el Síndic cree imprescindible mejorar la coordinación a través de un protocolo específico entre servicios y órganos intervinientes.

Con el objetivo de avanzar hacia una parentalidad positiva, el Síndic manifiesta la importancia de la sensibilización, a través de guías que ofrezcan información de pautas y consejos prácticos sobre cómo abordar y mitigar los efectos negativos de la separación hacia los menores, y de la mediación, como un instrumento que hay que consolidar para avanzar en la cultura del diálogo. También es necesario impulsar la educación emocional en las escuelas y en los institutos y reforzar la formación continua del profesorado

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El Síndic pide reforzar los Servicios públicos ante la crisis social y económica que deja la COVID

12/07/2021

Foto

Ha alertado de que la crisis de derechos se ha ampliado durante el 2020

El 2020 ha sido el año en que se han presentado más quejas de toda la historia de la institución

Se ha mostrado preocupado por la violencia machista y LGTBIfóbica y por las muertes en las prisiones que han tenido lugar en los últimos tiempos

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, acompañado por los dos adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, ha comparecido ante la Comisión del Síndic para debatir el Informe al Parlamento 2020.

El informe que presentó el pasado 25 de febrero al entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, es el documento que recoge las actuaciones más relevantes llevadas a cabo y las cifras más destacadas durante el año, que ha sido marcado por la crisis de la COVID-19.

El 2020 ha sido el año en que se han presentado más quejas de toda la historia de la institución y, por primera vez, se han superado las 11.000. Se han tramitado más de 17.000 y se han abierto 303 actuaciones de oficio.

Durante el 2020, las actuaciones iniciadas en torno a las políticas sociales representan cerca del 40% del volumen de intervención del Síndic, cifras comparables con los peores años de la crisis económica del decenio pasado, con un incremento significativo en todas las materias respecto al año anterior.

A nivel general, el Síndic ha alertado de la grave crisis de derechos ampliada durante el 2020, como consecuencia de la pandemia y ha puesto de relieve que las administraciones públicas no han dado soluciones concretas a la pobreza ni con la urgencia que requieren las circunstancias. También ha destacado que hace falta un fortalecimiento presupuestario en el ámbito de la salud y el bienestar que nos equipare en porcentaje al PIB de los países del Norte de Europa y que se traduzca en un plan estratégico de salud. En cuanto a las persones mayores, el Síndic ha pedido que esta crisis sirva para revisar el actual modelo residencial – la estructura y el tamaño de los centros residenciales, la atención social y médica, los protocolos vigentes, los recursos humanos y las ratios de profesionales- y desarrollar los recursos alternativos al medio residencial.
Y también ha hecho un llamamiento a alcanzar un pacto nacional para la vivienda en el que se establezcan las bases de unas políticas de vivienda que aborden reformas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda a medio y largo plazo.

 

En cuanto al medio natural, aunque las agresiones es cierto que se han parado por la pandemia, el Síndic ha querido destacar que hay que reforzar las políticas de protección del medio ambiente y aplicar con el máximo rigor el principio de alternativa cero en las proyecciones urbanísticas presentes y futuras, como vía para garantizar un país respetuoso con su entorno natural.

 Y en cuanto a los suministros, el Síndic ha alertado de que siguen sin resolverse dos situaciones como son el desarrollo reglamentario de la Ley 24/2015, de pobreza energética, y la asunción de la deuda que van acumulando las personas a las que no se cortan los suministros básicos por disponer de un informe de los servicios sociales que acredita su situación de vulnerabilidad.

En el proceso de desescalada, las administraciones han priorizado la atención telefónica y la digital, y han introducido la cita previa en la prestación de los servicios de atención al público presenciales. Se trata de un instrumento útil desde el punto de vista de la protección de riesgos laborales, pero a juicio del Síndic ello no puede implicar la desatención de los ciudadanos sin resguardo de cita previa que comparezcan para registrar documentos o para gestionar trámites que no se pueden posponer.

El Síndic sigue recibiendo quejas que ponen en cuestión los procedimientos que siguen algunos ayuntamientos a la hora de tramitar las solicitudes de empadronamiento de las personas que residen de forma habitual en el municipio y en un domicilio con unas condiciones de empleo precarias. Básicamente, porque el resultado acaba siendo no facilitar la inscripción en el padrón de estas personas. El Síndic ha recordado que el título posesorio no es un requisito para la inscripción en el padrón, sino sólo la vía ordinaria para acreditar la residencia, que también puede ser comprobada por otras vías.

En este contexto, el Síndic ha querido destacar que después de varias reuniones con algunos ayuntamientos, la mayoría finalmente se han avenido a aceptar sus recomendaciones.

En cuanto a la libertad y calidad democrática, el Síndic ha querido poner de relieve que en el marco de los sucesivos estados de alarma se han restringido derechos y libertades fundamentales, y que hay que ser muy cuidadoso y vigilar con celo estas limitaciones de derechos, que deben ponderar con todo el rigor los derechos en juego con la necesidad de las medidas de restricción.

Y, por último, ante el aumento de casos de violencia machista y LGTBIfóbica que han tenido lugar después del estado de alarma, el Síndic ha manifestado su preocupación por los últimos acontecimientos producidos. El Síndic ha explicado que se han abierto cuatro actuaciones por agresiones en el espacio público, todas con carácter homófobo. En este contexto, el Síndic pide a todas las administraciones que trabajen de manera coordinada para erradicar este tipo de violencia y que se diseñen nuevas políticas públicas para ponerle freno.

 En cuanto a la violencia de género, el Síndic ha destacado que la pandemia ha favorecido que las mujeres que han sido víctimas hayan quedado escondidas y que muchos casos no hayan llegado a aflorar. El Síndic también ha puesto en conocimiento de los diputados que la institución ha recibido varios casos de violencia machista vinculados a vulneraciones del derecho a la vivienda. En este sentido, el Síndic ha denunciado que en los desahucios no se tiene en cuenta la situación de violencia a la hora de asignar prioritariamente una vivienda, y que hay mujeres que están en recursos temporales y no se les asigna una vivienda social.

 

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