02/06/2023
Hoy se ha firmado un convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña
La mediación es una buena herramienta para conseguir acuerdos que eviten la pérdida de la vivienda
Hoy, viernes 2 de junio, la síndica, Esther Giménez-Salinas, y la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Sílvia Grau, han firmado un convenio de colaboración en relación con la Red de servicios de mediación en materia de vivienda.
Una de las prioridades del mandato de la síndica es la mejora de la garantía del derecho a la vivienda, ya que es un derecho básico y las dificultades de acceso efectivo a la vivienda siguen siendo un problema grave. Las dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria o el alquiler terminan a menudo en desahucios, sin que exista ninguna alternativa de vivienda ni de realojamiento de las personas afectadas.
En este punto, la síndica considera que es imprescindible “una actuación preventiva de la Administración”, con el fin de facilitar que la persona pueda mantener su vivienda habitual y actuar ante el riesgo de pérdida de la vivienda, ya que es “mucho más efectiva, más económica y, sobre todo, menos traumática para las personas”. Por eso, la institución valora muy positivamente los servicios de mediación como el de Ofideute, que tienen como objetivo facilitar acuerdos que eviten la pérdida de la vivienda.
El convenio que se ha firmado hoy quiere dar cobertura legal a esta voluntad de colaboración y compartir experiencias y conocimientos sobre la mediación en el ámbito de la vivienda, que se materializará con la incorporación de la institución del Síndic de Greuges en la plataforma MEDIEM. Esta plataforma es una página web que recopila información relevante (normativa, formación, recursos...) sobre la mediación en este ámbito. Con la firma de hoy, la institución del Síndic podrá acceder a la plataforma y dar a conocer las actuaciones más relevantes que realice en materia de derecho de acceso a la vivienda.
Con este convenio, las partes también se comprometen a fomentar la comunicación mutua, y a colaborar en la organización de actos o formaciones para impulsar la mejora de la actuación administrativa o reformas legislativas.
Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos también se prevé la creación de una comisión de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año para hacer balance del trabajo realizado.
01/06/2023
Jordi Sánchez, nuevo director del área de derechos sociales
Hoy Jordi Sànchez i Picanyol se ha incorporado como director del área de derechos sociales del Síndic de Greuges de Catalunya, en el marco de un proceso de reorganización del nuevo Consejo de Dirección.
Este cargo había quedado vacante después de que Aida C. Rodríguez fuese nombrada recientemente adjunta para la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes. Sánchez ya había trabajado en una etapa anterior en la institución como adjunto general, entre marzo de 2010 y junio de 2015, bajo el mandato de Rafael Ribó. Durante su paso por la institución lideró el impulso de la tramitación electrónica y de los desplazamientos de la oficina por el territorio para atender a la ciudadanía desde la proximidad, y también puso en marcha el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura.
Jordi Sànchez i Picanyol (Barcelona, 1964) es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Entre 2001 y 2010 fue director de la Fundación Jaume Bofill, donde impulsó diferentes estudios y propuestas de mejora de las políticas públicas en educación, igualdad social y el hecho migratorio. También promovió varias experiencias innovadoras en el campo de la participación ciudadana y el reforzamiento de valores democráticos. Participó además en la elaboración del Pacto Nacional para la Educación y el Pacto Nacional para la Inmigración.
En el campo de la docencia, ha ejercido como profesor asociado de Ciencia Política en varios másteres y estudios de posgrado de distintas universidades.
Fue condenado por el Tribunal Supremo a nueve años de cárcel por sedición por los hechos relacionados con la organización del referéndum del 1 de octubre, cuando era presidente de la Asamblea Nacional Catalana. En 2021 fue indultado, y finalmente en 2022 el delito de sedición fue eliminado del Código Penal español. Esto supuso que en 2023 el Tribunal Supremo diera por extinguida definitivamente la pena.
Jordi Sànchez, comprometido con la defensa de los derechos sociales, afronta el reto con la voluntad de hacer del Síndic de Greuges una institución cercana y accesible para las personas y entidades sociales, y darla a conocer a los colectivos que requieren una atención prioritaria, como son los niños, la gente mayor y el colectivo migrante. También ha manifestado la voluntad de trabajar en red con las entidades sociales que están en primera línea y que, por tanto, conocen de primera mano la realidad y las necesidades de la ciudadanía.
29/05/2023
Mercè Perelló, nueva gerente
Esta semana, Mercè Perelló i Jané se ha incorporado como gerente del Síndic de Greuges de Catalunya, con lo que se convierte en la responsable de la administración interna de la institución, que incluye la gestión de los recursos humanos y económicos, los contratos y servicios generales y de mantenimiento. Asimismo, dada su larga trayectoria dentro de la Administración pública, también dirigirá las áreas de administración pública y derechos, transparencia, inmigración y relaciones laborales y pensiones.
Perelló, que es licenciada en derecho por la Universidad de Barcelona y varios posgrados y el Máster en Derecho Público y Organización Administrativa, ha sido durante muchos años subdirectora general de Administración y Servicios Generales del Instituto de Estadística de Cataluña. También tiene una larga experiencia en el ámbito de la formación dentro de la Administración.
Sus inicios profesionales fueron en el mundo privado, donde ejerció de abogada.
Mercè Perelló afronta el reto con la voluntad de hacer del Síndic de Greuges una institución eficaz, eficiente, humana y transparente.
23/05/2023
Primera reunión con los doce miembros del Consejo Asesor del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura
La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas; el adjunto general, Jaume Saura, y la adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, encabezaron ayer la sesión constitutiva del nuevo Consejo Asesor del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), que tuvo lugar en la sede del Síndic de Greuges de Catalunya y en la que participaron los doce miembros que integrarán el Consejo Asesor durante los próximos seis años. Los nuevos miembros fueron nombrados el pasado 3 de mayo por el Parlamento de Catalunya.
La institución del Síndic de Greuges actúa como Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura en virtud del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta competencia le habilita para visitar espacios donde se encuentran personas privadas de libertad, como centros penitenciarios, comisarías, centros de menores o centros psiquiátricos. Estas visitas permiten al equipo del MCPT detectar aspectos susceptibles de mejora y realizar recomendaciones a las autoridades competentes, que quedan recogidas en un informe que anualmente se entrega al Parlamento de Cataluña.
El MCPT cuenta con dos órganos de trabajo que se han creado con la voluntad de fomentar la participación de la sociedad civil: el Consejo Asesor, integrado por un grupo multidisciplinar de profesionales que cubre los campos específicos del derecho, la salud y los derechos humanos, y que tiene la función de guiar y formular propuestas de actuación; y el equipo de trabajo, que es quien realiza las visitas periódicas y trabaja sobre el terreno.
Los doce miembros del Consejo Asesor son:
• Jesús M. Sánchez García (Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona)
• Maria Pastor Santana (Ilustre Colegio de Abogados de Mataró)
• Gloria Jodar i Solà (Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña)
• Rosa Servent Pedescoll (Colegio de Médicos de Barcelona)
• Jaume Bosch Mestres (experto en el ámbito de seguridad)
• Núria Terribas Salas (Fundación Grífols)
• Aina Estarelles Roca (Iridia)
• Emilie Marie Rivas (Save the Children)
• Josep Joan Moreso Mateos (Universidad Pompeu Fabra)
• Alejandro Forero Cuellar (Universidad de Barcelona)
• Benet Salellas i Vilar (abogado)
• David Román Fernández (educador social)
18/05/2023
La síndica considera que los servicios residenciales deben ser el último recurso y que es necesario más apoyo a las familias para superar las situaciones de riesgo
La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha participado en el III Congreso de Familia, Infancia y Capacidad, organizado por los colegios de abogados de Málaga, Barcelona y Antequera y por la Plataforma Familia&Derecho. Se han tratado temas como el acoso en las redes sociales y el sistema de protección de menores, entre otros.
El Congreso ha reunido a abogados especialistas en el ámbito de la infancia de toda España, pero también a profesionales de los ámbitos de las relaciones con la familia, tanto del ámbito jurídico como social.
Junto con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, la síndica ha intervenido en la tercera mesa redonda, que llevaba por título “La defensa del interés del menor. Ministerio fiscal, el defensor judicial y las entidades de protección de la infancia. El desamparo”.
Giménez-Salinas ha hablado de la diferencia que existe entre el sistema de justicia juvenil y el de protección, y de cómo hace más de treinta años se consiguieron determinadas garantías en estos sistemas. La síndica ha querido poner en valor el buen resultado del cambio de medidas que se implementó entonces, como el tratamiento en libertad de los menores, tal y como demuestra el hecho de que hoy, a pesar del paso del tiempo, el internamiento solo se aplique en un 10 % de los casos.
También ha hablado del procedimiento de resolución administrativa de desamparo, que debería ser un sistema eficaz de protección. Actualmente, cuando se considera que un menor puede encontrarse en situación de riesgo o desamparo, la Administración puede retirarlo de su núcleo familiar de forma preventiva, es decir, solo con una sospecha, sin que esta decisión sea necesariamente avalada por un juez.
Sin embargo, Giménez-Salinas es partidaria de que siempre que sea posible los niños se queden con sus familias, con la vigilancia y la ayuda que sean necesarias, porque, según ha dicho, “los niños deberían tener el derecho de crecer junto a su familia y, en caso de que no sea posible, en familia extensa o acogedora”. Así, la síndica ha insistido una vez más en que los servicios residenciales deben ser el último recurso y en que las familias deben recibir toda la ayuda social para superar las dificultades que las han llevado a una situación de riesgo.
Antes de decretar un desamparo debe actuarse de forma preventiva y ayudar a las familias para evitar una separación, que con el tiempo suele convertirse en crónica. La síndica ha declarado que “muchos casos de negligencia por parte de los padres se deben a una situación conflictiva, y particularmente a la pobreza”, y ha añadido que "debemos tener especial cuidado de no criminalizar la pobreza".
Ambos defensores y la síndica han insistido en la necesidad de escuchar mucho más a los adolescentes.
Para concluir, la síndica ha manifestado su gran preocupación por los dos colectivos que considera más vulnerables: los niños y las personas mayores: “Son dos colectivos invisibilizados y no se les escucha lo suficiente”.