Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic abre una actuación de oficio para conocer la actuación de las administraciones y de FGC en relación con el accidente ferroviario de ayer en Sant Boi de Llobregat

17/05/2022

foto (c) Google maps
El accidente por un choque entre dos trenes ha causado un muerto y nueve heridos

El Síndic quiere saber cómo se gestionará el día a día de la línea, que actualmente está interrumpida

Traslada sus condolencias a la familia de la víctima mortal y su apoyo a los viajeros heridos.
El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una investigación en relación con el accidente que se produjo ayer por la tarde entre un tren de mercancías y un tren de pasajeros de la línea Llobregat-Anoia de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), en Sant Boi de Llobregat. De acuerdo con las informaciones publicadas, el tercer vagón de un tren de potasa descarriló e impactó contra la cabina del tren de pasajeros que entonces pasaba por ese punto. El impacto se produjo entre las estaciones de Sant Boi y Molí Nou. Como resultado del impacto, el maquinista del tren de viajeros murió en el acto, y otras nueve personas resultaron heridas. El Síndic traslada sus condolencias a la familia de la víctima mortal y su apoyo a los viajeros heridos.

Como consecuencia de estos hechos, FGC ha informado que la línea Llobregat-Anoia está interrumpida, ya que no existe servicio ferroviario entre Sant Boi y Molí Nou, tramo en el que se ofrece servicio alternativo por carretera.

En el año 2016 el Síndic presentó en el Parlament de Catalunya el Informe sobre los derechos de las personas en los servicios ferroviarios en Cataluña, que incluía hasta 75 medidas para garantizar los derechos de los pasajeros a un servicio de calidad. El propio Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) determina que los poderes públicos deben promover políticas de transporte y de comunicación, basadas en criterios de sostenibilidad, que fomenten la utilización del transporte público y la mejora de la movilidad, y que garanticen accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Además, el Estatut también dispone que los poderes públicos deben garantizar la protección de la salud, la seguridad y la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios.

El Síndic también abrió actuaciones de oficio a raíz de los accidentes ocurridos en la red de Cercanías de Cataluña en Vacarisses (2018) y Castellgalí (2019), y manifiesta que ha recibido numerosas quejas a lo largo de los años.

En el caso concreto del accidente de Sant Boi de Llobregat, el Síndic quiere conocer cuál se considera que ha sido la causa del accidente y qué actuaciones se han llevado a cabo –o están previstas– para garantizar los derechos de las personas usuarias que viajaban en el convoy accidentado en la asistencia, la seguridad, la indemnización de los daños y la calidad del servicio. También quiere saber cómo gestionará FGC el día a día en esta línea, que ahora está interrumpida (días de duración, afectaciones a los horarios, dotación de los servicios alternativos por carretera, posibles compensaciones, información y atención a las personas usuarias, etc.) y si se ha previsto alguna medida de compensación en los títulos de transporte (abonos o billetes) a las personas que normalmente utilizan la línea.

El Síndic recuerda también que el Código de consumo de Cataluña considera que los transportes son un servicio básico, es decir, un servicio de carácter esencial y necesario para la vida cotidiana o que tiene un uso generalizado entre las personas consumidoras. Además, el mismo Código identifica a unos colectivos de especial protección en las relaciones de consumo, como los niños y los adolescentes, las personas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidades y cualquier otro colectivo en situación de inferioridad o indefensión especiales.

El Síndic estudiará detenidamente todas las quejas que le hagan llegar las personas afectadas. Tanto en el marco de la actuación de oficio como de las quejas que reciba en este caso, la institución trabajará para garantizar los derechos de las personas afectadas, teniendo en cuenta que los títulos de transporte público incluyen un seguro obligatorio de viajes.

Volver al inicio del listado de noticias

El síndic comparece en el Parlamento para debatir el informe de seguimiento de la Resolución 2381 del CoE y el informe sobre los derechos lingüísticos de los niños

16/05/2022

foto

Informe de seguimiento de la Resolución 2381 (2021)

Derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña

  • La escuela tiene un papel compensatorio determinante para los alumnos que no tienen ningún contacto activo con el catalán fuera del centro 
  • El uso de las lenguas oficiales en la enseñanza puede garantizarse sin necesidad de aplicar una proporción mínima

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado del adjunto, Jaume Saura, y de la adjunta de infancia, Maria Jesús Larios, ha comparecido ante la Comisión del Síndic para debatir el Informe de seguimiento de la Resolución 2381 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: ¿Deberían enjuiciarse a los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo? y el informe Derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades.

Informe de seguimiento de la Resolución 2381 (2021)

El 21 de junio de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Resolución 2381, que llevaba por título ¿Se deberían juzgar a los políticos por declaraciones emitidas en ejercicio de su cargo? y que se centraba en dos estados miembros del CoE: España y Turquía.

La Resolución planteaba, entre otros, el necesario tratamiento político −no penal− del conflicto, la modificación o reinterpretación de delitos como el de sedición, rebelión y malversación, la concesión de indultos o la libertad de los presos políticos −de acuerdo con la descripción de la Resolución 1900 (2012)−, la paralización de los procedimientos judiciales abiertos contra otras personas por causas vinculadas al referéndum del 1 de octubre y el diálogo entre las partes. El informe también ponía de manifiesto que en Europa no debe haber margen para la persecución penal de los políticos en los actos llevados a cabo en el ejercicio de su cargo y que es necesario proteger la libertad de expresión y la posibilidad de cuestionar el statu quo de un estado.

El informe que presentó el síndic buscaba el objetivo de contribuir a la labor de seguimiento de la resolución del Consejo de Europa, realizando una valoración del grado de consecución de las recomendaciones formuladas.

En general, el síndic ha destacado que de las recomendaciones contenidas en la Resolución, diez meses después de haber sido adoptada, no se ha cumplido ninguna en su totalidad. En este sentido el síndic ha denunciado que en España la libertad de expresión y de reunión están desde hace tiempo sufriendo retrocesos y que la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana (“Ley mordaza”), no ha sido todavía derogada.

También ha manifestado que la reforma en profundidad de los delitos de sedición y rebelión que recomendaba la Resolución tampoco se ha cumplido, y que a pesar de que los nueve condenados a penas de prisión por el STS 459/2019 fueron indultados, sigue vigente la inhabilitación para desempeñar todo tipo de cargos públicos. Tampoco se han dejado sin efecto los procedimientos de extradición. En cuanto al indulto, el síndic ha destacado que está condicionado a no volver a cometer un delito grave, lo que puede percibirse como una amenaza que limita la libertad de actuación de las personas indultadas y el pleno ejercicio de sus derechos. A criterio del síndic, también es cuestionable que el Tribunal Supremo utilice el argumento de la falta de arrepentimiento para oponerse a la concesión de los indultos o revocar beneficios penitenciarios que habían sido concedidos a los condenados.

El Consejo de Europa también recomendaba establecer un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña con el fin de fortalecer la calidad de la democracia española. Si bien es cierto que se ha constituido una mesa de diálogo entre los gobiernos del Estado y catalán, todavía no ha obtenido resultados tangibles, y actualmente, a raíz de los supuestos espionajes por medio del sistema Pegasus, todavía se ve más amenazada.

Rafael Ribó compareció a finales de abril en audiencia ante el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para realizar una valoración del grado de consecución de las recomendaciones formuladas.

Derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña

Rafael Ribó ha contextualizado esta parte de la intervención haciendo referencia al reciente auto del TSJC, que incoa un incidente de ejecución forzosa de la sentencia STSJ CAT 8675/202, que establece un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas de las dos lenguas oficiales en el conjunto del sistema educativo. El síndic ha mostrado de nuevo su preocupación con que los tribunales persistan en un mecanismo para garantizar la vehicularidad de las lenguas oficiales que no tiene en cuenta criterios sociolingüísticos (realidad sociolingüística del entorno) y criterios pedagógicos (garantía de pleno dominio de las lenguas oficiales), que deberían guiar la toma de decisiones políticas en esta materia. El síndic ha hecho hincapié en que no es el poder judicial quien debe determinar la definición del modelo lingüístico escolar en Cataluña, el cual ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales.

El informe, presentado en el Parlamento en marzo de 2022, basa sus tesis principales en los datos obtenidos a partir de los resultados de la Encuesta (EDIAC-2021), la cual se dirigió a alumnos de 5º de primaria y de 3º de ESO y que ha tenido una importante participación.

El análisis de los datos permite detectar una serie de disfunciones del sistema, de las que el síndic ha querido destacar unas cuantas. En primer lugar, ha manifestado que existe una relación directa entre el uso vehicular de las lenguas oficiales en la escuela y la realidad sociolingüística a escala territorial. La normativa educativa establece que los proyectos lingüísticos de los centros deben adaptarse a la realidad sociolingüística del entorno. Sin embargo, en la práctica la escuela no parece compensar estos efectos porque en los territorios con un uso social más elevado de la lengua catalana fuera de la escuela el catalán tiende a tener un peso más elevado como lengua vehicular en el aula y en la escuela, mientras que en los territorios con un uso social más elevado de la lengua castellana fuera de la escuela el catalán tiende a tener un peso más bajo como lengua vehicular.

Otra deficiencia es la relación directa entre el uso de las lenguas oficiales en la escuela y el nivel de complejidad de los centros. En este sentido, el papel compensador de las desigualdades educativas por el modelo lingüístico catalán queda limitado, sin embargo, debido a que la lengua catalana es más vehicular en los centros de menor complejidad educativa, con un perfil de alumnado socialmente más favorecido, que en los centros con elevada complejidad, con un perfil de alumnado socialmente más desfavorecido. Así, el análisis de los datos del EDIAC-2021 evidencia que en centros de baja complejidad la proporción del castellano como lengua de impartición de materia por parte del profesorado en secundaria es del 17,1%, mientras que en centros de alta complejidad, esta proporción es del 37,0%, más del doble.

Otra anomalía del sistema que ha querido destacar es la relación directa entre el uso de las lenguas oficiales en la escuela y la realidad sociolingüística en función de su edad. En la línea de esta tendencia, de minorización del uso social de la lengua catalana a medida que aumenta la edad, la presencia del catalán como lengua vehicular también tiende a decrecer con el paso de primaria a secundaria.

Por último, Rafael Ribó ha querido destacar que el modelo lingüístico en Cataluña se ajusta a la Constitución y al Estatuto. Y es que la Sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña (STC 31/2010) estableció que la existencia de diversas lenguas oficiales justifica un régimen de conjunción lingüística en la enseñanza, lo que significa que todas deben tener un uso en la enseñanza, y que la falta de referencia expresa al uso vehicular de la lengua castellana en las leyes que regulan este régimen lingüístico en el sistema educativo no supone negar que se haga uso en los mismos términos que el catalán. De acuerdo con los datos del EDIAC-2021, tanto el catalán como el castellano están en la práctica lenguas de uso en el sistema educativo, más allá de la lengua empleada en la impartición de las áreas o materias lingüísticas, aunque catalán lo es en mayor proporción. De hecho, el uso vehicular no debe ser necesariamente simétrico, y el propio Tribunal Constitucional ha admitido un uso superior del catalán en atención a las necesidades de normalización del catalán con la intención de paliar déficits históricos.

Volver al inicio del listado de noticias

El Síndic presenta los informes anuales a los entes locales con los que tiene convenio de supervisión

13/05/2022

foto
Los informes anuales recogen las quejas y consultas recibidas del territorio, los principales datos estadísticos y las resoluciones aceptadas y no aceptadas

Las quejas recogidas de los municipios con convenio representan ya el 17% del total
La semana pasada el Síndic culminó la entrega de los informes anuales a todos los municipios y consejos comarcales con los que tiene firmado un convenio de colaboración para garantizar la defensa de las personas en el ámbito local.

Estos convenios, cuya finalidad es crear un marco de colaboración y facilitar la comunicación mutua, establecen que el Síndic debe ofrecer al ayuntamiento o al consejo comarcal un informe con la visión singularizada de supervisión de las quejas y consultas tramitadas en lo referente a su ámbito competencial. El informe analiza la tipología de quejas recibidas y tramitadas durante 2021 y también los motivos por los que las personas de este territorio han presentado quejas y consultas. También recoge una serie de datos estadísticos sobre la tipología de las quejas y resoluciones emitidas, en función de si han sido cumplidas, aceptadas o no aceptadas.

En concreto, de la población que vive en las áreas en las que el Síndic tiene convenio, se han recibido 4.124 actuaciones, que se han materializado en 2.055 quejas y 2.069 consultas. Las actuaciones procedentes de personas que viven en territorios con convenio representan el 17% del total de las actuaciones del año 2021, que fueron 24.953.

Los tres municipios donde se han iniciado más actuaciones han sido Cerdanyola del Vallès (804 actuaciones), Tarragona (324) y Manresa (276). No obstante, si se tiene en cuenta el factor poblacional, Cerdanyola del Vallès sería el municipio que presenta más actuaciones por habitantes, una actuación por cada 71 habitantes, seguido de Castellbisbal, una por cada 151. Por el contrario, los municipios menos quejas por habitante serían Olot, con 552, y Salou, con 594.

El convenio también establece la obligación de que el equipo itinerante del Servicio de Atención a las Personas del Síndic realice dos visitas anuales al territorio. Teniendo en cuenta el contexto vivido, la mayoría se han hecho de forma telemática, telefónica o mediante una videollamada. En concreto, durante el 2021, el Síndic ha realizado 115 desplazamientos al territorio, 41 presenciales y 74 telemáticos.

El convenio también regula la posibilidad de que el síndico, o un representante de la institución, pueda asistir al Pleno para exponer con detalle este informe y debatirlo. En este contexto, durante este año, el síndico tiene previsto presentar el informe a los plenos municipales de Molins de Rei, de Santa Perpètua de la Mogoda, de Olot y de Castelló d'Empúries.

En el marco de los convenios, personal del Síndic también se ha reunido frecuentemente con representantes de la Administración para realizar un seguimiento de la aplicación de este convenio. Por su parte, el ente local se compromete a crear sistemas para divulgar la figura de la institución para que la población sea conocedora y se puedan habilitar mecanismos para hacer del todo accesible este convenio.

Actualmente son ya 42 los convenios de supervisión en funcionamiento. De estos 42, 39 son con municipios y 3, de características similares, con el Consejo Comarcal de la Cerdanya, el Consejo Comarcal del Alt Urgell y el Conselh Generau d'Aran.

Listado de entes locales con convenio y enlace a los informes

Volver al inicio del listado de noticias

El Síndic abre una actuación de oficio para estudiar el episodio de contaminación del agua potable en los municipios de Les Garrigues

11/05/2022

foto (c) Pixabay
Veinticinco municipios de Les Garrigues no pueden consumir agua del grifo desde el pasado 6 de mayo

El Síndic ha pedido información a la Agencia Catalana del Agua, a la Secretaría de Salud y a la Agencia Catalana de Consumo para estudiar el caso

El Síndic de Greuges de Cataluña ha tenido conocimiento por los medios de comunicación que desde el pasado 6 de mayo los veinticinco municipios que forman parte de la Mancomunidad de Aigües de les Garrigues no pueden consumir agua del grifo, después de que se hayan encontrado restos de pesticidas. La Mancomunidad ha explicado que se han instalado unos filtros de carbón activo para solucionar la incidencia, y que esperan que esté resuelta en breve. Según las informaciones de las que dispone la institución, las personas afectadas se ven obligadas a comprar agua embotellada, puesto que no se les ha ofrecido ningún tipo de suministro alternativo.

Con el objetivo de estudiar el tema en profundidad, el Síndic ha abierto una actuación de oficio y se ha dirigido a la Mancomunidad de Aigües de les Garrigues, a la Agencia Catalana del Agua, a la Secretaría de Salud Pública y en la Agencia Catalana de Consumo.

En concreto, la institución quiere conocer las causas y el origen de la contaminación, las posibles medidas de compensación previstas, las actuaciones preventivas y correctoras iniciadas o previstas, la información que se ha dado a las personas usuarias y las analíticas que se han llevado a cabo. El Síndic también ha preguntado a la Agència Catalana del Consum sobre las medidas de asistencia y colaboración que se han emprendido con los ayuntamientos y la Mancomunidad para garantizar los derechos de las personas consumidoras, dado que el agua es un servicio básico.

Volver al inicio del listado de noticias

Comunicado del Síndic de Greuges a raíz de la interlocutoria del TSJC que incoa un incidente de ejecución forzosa de la sentencia STSJ CAT 8675/2020

10/05/2022

foto (c) Pixabay
El Síndic recuerda que erosionar la vehicularidad del catalán en la enseñanza, en un contexto con déficits de normalización, va en detrimento especialmente de los derechos lingüísticos del alumnado castellanohablante y del bilingüismo social
 
No es el poder judicial quien debe determinar la definición del modelo lingüístico escolar
 
El modelo lingüístico escolar en Cataluña ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales

En fecha 9 de mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha publicado el auto que incoa un incidente de ejecución forzosa de la sentencia del TSJC (STSJ CAT 8675/2020), ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que establece un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas de las dos lenguas oficiales en el conjunto del sistema educativo. Este uso se concreta en la impartición de, al menos, una materia no lingüística íntegramente en cada una de las lenguas oficiales.

El modelo lingüístico del sistema educativo de Cataluña está regulado por el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 (EAC), la Ley 1/1998, de política lingüística (LPL), y la Ley 12/2009, de educación (LEC). Este modelo lingüístico se basa, fundamentalmente, en la no separación de los alumnos en centros por razón de su lengua habitual; en la exigencia de que al finalizar la enseñanza obligatoria el alumnado debe poder tener el pleno dominio de las lenguas catalana y castellana, de acuerdo con el Marco europeo común de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas, y en el establecimiento del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje normalmente utilizada en el sistema educativo. El Tribunal Constitucional ha establecido, por medio de la Sentencia sobre el EAC (STC 31/2010), que las diversas lenguas oficiales deben tener un uso vehicular en la enseñanza.

Este ordenamiento jurídico está orientado a defender los derechos lingüísticos de los niños y adolescentes, y el único resultado exigido es la consecución del pleno dominio de las dos lenguas oficiales, sin que ningún porcentaje forme parte de este ordenamiento. El modelo lingüístico resulta de un mandato dirigido a los poderes públicos legislativo y ejecutivo, y no es el poder judicial quien debe determinar la definición, sin perjuicio de la defensa de los derechos de las personas que puedan llevar a cabo. 

Desde un punto de vista jurídico, conviene destacar la carencia de referencia legal actual a una “proporción razonable” del uso de las lenguas para el conjunto del sistema educativo. Esta jurisprudencia se fundamentó inicialmente en una previsión de la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa 8/2013 (LOMCE, disposición adicional trigésimo octava) que obligaba a las administraciones educativas –en este caso a la Generalitat– a determinar una “proporción razonable” de la lengua castellana y de la cooficial cuando el sistema se basa en el modelo de conjunción lingüística, legislación que fue modificada por la Ley orgánica de educación 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). En las leyes actualmente ya no existe la obligación de las administraciones educativas de determinar una proporción fija del uso del castellano como lengua vehicular, ya que ambas tienen la condición de vehiculares de acuerdo con la Constitución, el Estatuto y las leyes.

Establecer un modelo lingüístico basado en porcentajes mediante resolución judicial no sólo contraviene el ordenamiento jurídico ejerciendo potestades normativas que no corresponden a los tribunales, sino que también limita y condiciona la capacidad que tienen los centros escolares de trabajar a través de su práctica educativa el objetivo de la equidad en el dominio de ambas lenguas oficiales que debe inspirar el modelo lingüístico escolar en Cataluña.

Garantizar la vehicularidad de las lenguas oficiales, como se desprende de la sentencia STC 31/2010 del Tribunal Constitucional, no debe pasar necesariamente por la fijación de porcentajes o para determinar de forma lineal en qué horarios y materias debe utilizarse una lengua o la otra. La vehicularidad de las lenguas oficiales puede garantizarse a través de otros mecanismos.

El Síndic constata con preocupación que los tribunales persisten en un mecanismo para garantizar la vehicularidad de las lenguas oficiales que no tiene en cuenta criterios sociolingüísticos (realidad sociolingüística del entorno) y criterios pedagógicos (garantía de pleno dominio de las lenguas oficiales), que deberían guiar la toma de decisiones políticas en esta materia. La realidad heterogénica de las aulas, además, es contradictoria con la imposición de una proporción rígida de monolingüismo.

El Síndic también recuerda que el establecimiento de porcentajes mínimos persigue la defensa del status de la lengua castellana en el sistema educativo, que cuenta con un amplio conocimiento y uso social por parte de la población en Cataluña, sin ponderar adecuadamente el impacto de esta medida sobre los derechos lingüísticos del alumnado, especialmente del alumnado castellanohablante que reside en entornos donde el catalán tiene una presencia residual, que encuentra en la práctica más dificultades, dados los déficits de normalización lingüística todavía existentes, adquirir una plena competencia lingüística en una de las lenguas oficiales en Cataluña.

El análisis de la Encuesta sobre los derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña (EDIAC-2021), publicada en marzo de 2022 por el Síndic de Greuges por medio del informe Derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades, y que se basa en una amplia muestra de más de 50.000 alumnos de 5º de primaria y de 3º de ESO de cerca de 1.500 centros, evidencia que el uso de la lengua castellana es predominante en la mayoría de ámbitos de interacción social del alumnado, y que la lengua catalana es únicamente predominante en el aula, con fuertes diferencias entre centros en función de su complejidad y también del contexto sociolingüístico en el que se ubica.

El análisis de esta encuesta refuerza la importancia de mantener el catalán como lengua vehicular de uso normal en la escuela, como garantía principalmente de los derechos lingüísticos del alumnado castellanohablante, fundamentalmente por distintos motivos.

Los adolescentes castellanohablantes iniciales tienden más a la hibridación lingüística que a los adolescentes catalanohablantes iniciales. Poco más de la mitad del alumnado catalanohablante inicial mantiene el catalán como lengua habitual de uso exclusivo (56,9%), pero esta proporción alcanza el 80% en el caso del alumnado castellanohablante inicial (79,1 %). Más del 40% del alumnado catalanohablante inicial incorpora el castellano como lengua de uso habitual (42,9%), y sólo lo hace un 20% del alumnado castellanohablante inicial (20,5%).

Más allá del aula, la proporción de adolescentes que sólo tienen contacto activo con una lengua oficial es mayor en el caso del castellano que en el caso del catalán. En Cataluña, un 20,9% de los adolescentes manifiestan no tener ningún contacto activo con el catalán en su vida cotidiana fuera de la escuela, lo que representa a cerca de 17.000 alumnos de 3º de ESO, mientras que un 5,1 % manifiesta no tener ningún contacto activo con el español, cerca de 4.000.

El alumnado catalanohablante tiende a tener ámbitos de interacción social donde el castellano es lengua predominante, mientras que esta circunstancia tiende a ocurrir sólo en el aula en el caso del alumnado castellanohablante. En estos casos, la lengua de impartición de materia del profesorado y la lengua de interacción del profesorado con el alumnado contribuyen a compensar el carácter dominante del castellano en el resto de usos lingísticos dentro y fuera del centro.

En el caso de los adolescentes castellanohablantes iniciales, que representan el 45,4% del total, la presencia del catalán en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana es mucho menor que la presencia del castellano en el caso del alumnado catalanohablante inicial, y sólo en el aula hay una presencia mayoritaria del catalán. En el resto de ámbitos (familia, amigos, ocio, consumo audiovisual, lectura, etc.) existe una presencia del castellano claramente mayoritaria. Esta realidad también se produce, aunque de forma más matizada, en el caso de los adolescentes que tienen el catalán y el castellano como lengua inicial, que representan el 14,4%, o que tienen otras lenguas como lengua inicial, que representan el 9,0%.

En el caso de los adolescentes catalanohablantes iniciales, que representan el 31,2%, en cambio, existen ámbitos donde el castellano sigue siendo dominante, como el del consumo audiovisual, y otros donde la presencia del catalán y del castellano está bastante equilibrada, como los de las redes sociales, la lectura y el patio.

El modelo lingüístico escolar en Cataluña ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales porque el nivel de competencia en castellano del alumnado catalanohablante es más elevado que el nivel de competencia en catalán del alumnado hablando de otras lenguas. Por efecto fundamentalmente del impacto de factores socioeconómicos y socioculturales en los resultados educativos, el análisis de las pruebas de competencias que desarrolla el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo evidencia que el alumnado catalanohablante habitual obtiene resultados similares en lengua catalana y lengua castellana (81 y 82 respectivamente), por encima del alumnado que menos utiliza el catalán habitualmente, que obtiene mejores resultados en lengua castellana que en lengua catalana (79 y 75, respectivamente).

Recomendaciones

El Síndic pide al Parlamento de Cataluña y al Departamento de Educación que adopten las medidas legislativas y políticas necesarias para consolidar el modelo lingüístico escolar en Cataluña, que garanticen la presencia del catalán como lengua normalmente utilizada en la enseñanza como instrumento básico para a su normalización entre el conjunto del alumnado, y que establezcan los criterios pedagógicos y sociolingüísticos que correspondan para los centros para determinar la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza en función del contexto y de los usos lingüísticos del alumnado en el aula, en el centro y en el entorno, desde una concepción holística de la vehicularidad.

El Síndic pone a disposición del Departamento de Educación, de los grupos parlamentarios, del TSJC y de los agentes de la comunidad educativa el contenido del informe Derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña: la escuela como garante de la igualdad de oportunidades, para que puedan desarrollar estas recomendaciones con un mayor conocimiento de la realidad sociolingüística de los centros.

Volver al inicio del listado de noticias