Actualidad: noticias y notas de prensa

La síndica recuerda que las pruebas de determinación de la edad no pueden aplicarse de forma indiscriminada

22/05/2024

Foto (c) Pixabay

Jóvenes residentes en centros de acogida están a la espera de que se les practiquen pruebas de determinación de la edad a pesar de tener documentación que acredita que son menores

Los circuitos de comprobación no pueden dejarlos desprotegidos

La Administración puede desarrollar medidas asistenciales más allá de la minoría de edad

En los últimos años, la institución del Síndic de Greuges ha recibido varias quejas relacionadas con las pruebas óseas que se practican a los jóvenes migrantes para determinar su edad. En el informe La situación de los niños migrantes sin referentes familiares en Cataluña, de 2018, la institución ya denunció que estas pruebas presentaban carencias desde el punto de vista de las garantías jurídicas y médicas.

Hace un tiempo la institución tuvo conocimiento de que jóvenes migrantes que residen en centros de acogida o de emergencia y que tienen pasaporte o documentación que acredita que son menores de edad están a la espera de que la Fiscalía les practique esta prueba de edad. En función del resultado que se obtenga, se detiene su proceso de protección e inserción, lo que hace que a menudo acaben en la calle. Sin embargo, la institución no tiene constancia de ningún proceso de invalidación de la documentación que aportan los jóvenes.

Ante este hecho, la síndica ha abierto una actuación de oficio para estudiar el circuito y la utilización de estas pruebas, si son proporcionales y si se adecuan a la normativa de infancia.

La institución recuerda que, si bien los organismos competentes tienen el deber de comprobar la veracidad de la documentación, el circuito no puede dar lugar a procedimientos que puedan llevar a un colectivo de jóvenes vulnerables a situaciones de sinhogarismo, calle, problemas de salud mental y consumo de tóxicos por no recibir el acompañamiento y el apoyo necesarios en la etapa de transición a la vida adulta.

En este sentido, existe doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que indica que el inmigrante con pasaporte o documento equivalente que demuestre que es menor de edad no puede considerarse extranjero indocumentado ni ser sometido a pruebas para determinar su edad. Y, en caso de que el documento no se considere fiable, es necesario hacer un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones que justifican que sea necesario practicar este tipo de pruebas.

En cualquier caso, las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no pueden aplicarse indiscriminadamente para determinar la edad en estos casos.

Por otra parte, la institución manifiesta que hay que tener en cuenta que estos jóvenes se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social y que la Administración debe garantizar que reciben el apoyo necesario para su integración social. Así lo estipula diversa normativa autonómica, nacional y europea: la persona que ha sido tutelada por la Administración puede acogerse a un conjunto de medidas asistenciales en el proceso hacia la plena integración a la vida adulta. Por tanto, la minoría de edad no es una condición única para que la Administración pueda desplegar medidas asistenciales y de acompañamiento para estos jóvenes. En este punto, la institución considera que el compromiso de acogida pasa por considerar a estas personas jóvenes con necesidades que deben ser atendidas, independientemente de su edad.

Ante todo esto, el Síndic de Greuges ha dirigido las siguientes recomendaciones al Departamento de Derechos Sociales y a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA):

- Garantizar que la DGAIA siga ofreciendo protección a los menores con documentación que acredite su minoría de edad y que no haya sido invalidada.

- Garantizar que estos jóvenes puedan recibir el acompañamiento del Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado (ASJTET) en la etapa de transición a la vida adulta, para que puedan desplegarse medidas asistenciales, de contenido económico, jurídico y social, para atender las necesidades específicas de estos jóvenes.

- Coordinarse con la Fiscalía de Menores para revisar el circuito que se sigue en Cataluña para garantizar la protección de los jóvenes que se encuentran en esta situación, con el fin de evitar que acaben en situación de calle.

Volver al inicio del listado de noticias

''El primer paso para proteger es escuchar''

16/05/2024

foto

Un grupo de doce jóvenes tutelados planteará mejoras en el sistema de protección

Las propuestas se incluirán en la declaración política de la ENOC i llegarán al Consejo de Europa

El consejo de participación de adolescentes del proyecto ENYA, integrado por doce jóvenes tutelados por el sistema de protección, ha comenzado su actividad este mes de mayo.

La Red Europea de Jóvenes Asesores (ENYA) es un proyecto participativo para jóvenes que se lleva a cabo anualmente con el apoyo de la Red Europea de Defensores de la Infancia (ENOC).

Jóvenes de entre trece y diecisiete años, en representación de diecisiete regiones de Europa (Albania, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Bélgica, Croacia, Escocia, Eslovaquia, Estonia, Francia, Gales, Grecia, Irlanda del Norte, Italia, Jersey, Malta y Polonia), ponen en común sus inquietudes y debaten sobre un tema concreto, que cambia cada año.

Este 2024 el tema escogido ha sido el sistema de protección, con el fin de que los niños que se encuentran en el sistema puedan ser tenidos en cuenta e incluso proponer recomendaciones para mejorarlo.

La adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, defiende que “los niños y jóvenes del sistema protector tienen voz y hay que darles un espacio y el apoyo para expresarla”. Y añade que, “de hecho, esta debe ser una función fundamental de la sindicatura”. La participación en el proyecto es una oportunidad para que sean ellos mismos quienes elaboren el análisis y las propuestas de reforma del sistema de protección. “El primer paso para proteger es escuchar”, manifiesta, “si queremos que esa protección sea realmente eficaz”.

El proyecto consta de cuatro sesiones metodológicas que tendrán lugar durante el mes de mayo. A partir del debate y de la escucha de las inquietudes y opiniones de los jóvenes, se analizará el actual sistema de protección y se harán cinco propuestas concretas de mejora. Todo el proceso y los resultados se recogerán en un informe final que se pondrá en común a principios de julio en Bratislava en un encuentro de todos los representantes de los diferentes consejos de jóvenes y que contará con la participación de dos miembros del consejo catalán. En este encuentro se consensuará un informe final y una propuesta de declaración conjunta que se presentará en la Conferencia Anual de la ENOC. Posteriormente, se remitirá este informe y las recomendaciones que incluya al Consejo de Europa para que los valore de cara a la elaboración de recomendaciones sobre las políticas públicas de infancia en los países miembros.

Volver al inicio del listado de noticias

''Es urgente hacer que Cercanías sea un servicio público fiable''

13/05/2024

foto (c) Síndic de greuges

Renfe no garantiza el derecho a la movilidad a cientos de miles de personas

Los costes económicos, emocionales y de bienestar personal son injustificados, y son necesarias medidas excepcionales para revertir la situación

La institución del Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio a raíz de la afectación generalizada en el servicio de Cercanías del 12 de mayo por el robo de cobre.

Este acto vandálico, ocurrido en Montcada Bifurcació durante la madrugada del sábado al domingo, provocó una sobretensión en la red que afectó de forma generalizada al servicio de Cercanías: la mayoría de trenes no pudieron llegar ni salir de Barcelona, lo que dificultó notablemente la movilidad de muchísimas personas. En estos momentos se prevé un período largo de tiempo hasta que se pueda normalizar el servicio.

En el marco de esta actuación de oficio, la síndica ha dirigido una petición de información al Departamento de Territorio para que explique las medidas previstas para garantizar los derechos de las personas usuarias a la asistencia, la información y la calidad del servicio mientras duren estas afectaciones; qué servicios alternativos de transporte se van a implementar, y cuál es la fecha prevista para recuperar la normalidad.

También se ha dirigido al Departamento de Interior para conocer las medidas que se han implementado y las que están previstas para evitar los robos de cobre en el futuro.

El Síndic de Greuges recuerda que en el Informe sobre los derechos de las personas en los servicios ferroviarios en Cataluña, de 2016, ya se remarcaba que el Código de consumo de Cataluña considera que los transportes son un servicio básico, es decir, un servicio de carácter esencial y necesario para la vida cotidiana o que tiene un uso generalizado entre las personas. Sin embargo, las frecuentes incidencias de Cercanías y Regionales hacen que el transporte público ferroviario no sea suficientemente fiable y que el servicio pierda calidad. El informe también incluía setenta y cinco medidas para garantizar un servicio de calidad.

En paralelo, la institución recuerda que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud y seguridad, a la protección de sus intereses económicos y sociales y, obviamente, a la indemnización y reparación de los daños sufridos y a su protección jurídica, administrativa y técnica.

Volver al inicio del listado de noticias

La síndica pide al Ayuntamiento de Barcelona una moratoria en la baja de las personas empadronadas en las entidades

10/05/2024

foto (c) gencat

Ninguna persona debería quedar desprotegida de sus derechos de acceso a los servicios básicos

Empezar de nuevo los trámites puede suponer que algunas personas queden desprotegidas durante un tiempo

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado la siguiente comunicación a las entidades sociales de la ciudad: “Está previsto que a principios del mes de junio se inicien los expedientes de baja padronal de las personas empadronadas en su sede por no cumplir la normativa padronal; por tanto, es necesario que los interesados tramiten su empadronamiento en el municipio y dirección de residencia habitual lo antes posible”.

Ante esta comunicación del jefe del Departamento de Población y Procesos Electorales del Ayuntamiento de Barcelona, la síndica de greuges ha abierto una actuación de oficio para estudiar el caso y pide conocer el número de personas afectadas y si se han tomado medidas para evitar que el cambio de criterio y el hecho de tener que empezar de nuevo el procedimiento suponga una vulneración de los derechos de estas personas, teniendo en cuenta que son especialmente vulnerables.

La institución recuerda que el padrón no es solo una prueba de la residencia de las personas, sino también una herramienta para poder acceder a servicios básicos, como la salud o la educación, y un requisito para muchos de los trámites relacionados con la Ley de extranjería. Por tanto, la pérdida de empadronamiento, aunque sea transitoria como parece que se prevé en este caso, puede vulnerar derechos básicos de personas que ya tienen perfiles de especial fragilidad.

La síndica no cuestiona la necesidad de actualizar el padrón, pero sí alerta de la afectación de derechos fundamentales que este proceso puede comportar. Por ello, propone una moratoria en la baja de las personas empadronadas en las entidades, anunciada para principios de junio, hasta que pueda garantizarse que ninguna de estas personas quedará desprotegida de sus derechos.

También ha sugerido que en el marco de esta moratoria, y de acuerdo con la normativa vigente, el Ayuntamiento estudie la posibilidad de que las solicitudes que se presenten como consecuencia de un cambio de domicilio dentro del municipio se gestionen como una modificación del padrón y no como una baja seguida de un alta.

Volver al inicio del listado de noticias

''El cierre del albergue de Badalona pone en riesgo a personas que ya viven en situación de extrema vulnerabilidad''

06/05/2024

foto (c) google maps

Cuarenta y cinco personas, algunas en situación de desprotección grave, se han quedado sin sus servicios

El pasado 29 de abril cerró el albergue Can Bofí Vell de Badalona, que acogía hasta entonces a cuarenta y cinco personas sin hogar que pasaban la noche en este equipamiento o utilizaban su servicio de comidas. De acuerdo con las informaciones publicadas, algunas de las personas que han quedado desatendidas sufren situaciones graves de fragilidad y de especial desprotección, y tienen un estado de salud bastante deteriorado.

La institución, preocupada por la situación, ha abierto una actuación de oficio y ha pedido información al Ayuntamiento sobre las alternativas y recursos que se han ofrecido a las personas afectadas con el objetivo de evitar que se vean obligadas a volver a la calle.

La síndica defiende que las soluciones a esta problemática deben abordarse desde el diálogo entre todos los actores y que es necesaria la implicación de todos para trabajar en la inclusión social.

El cierre del albergue se ha producido dada la imposibilidad de la cooperativa que lo gestionaba (Suara) de seguir asumiendo sus gastos mensuales, después de que en 2021 el Ayuntamiento dejara de pagar por este servicio.

Volver al inicio del listado de noticias