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La síndica alerta de la tendencia al alza de los indicadores de vulnerabilidad social de la infancia

17/01/2023

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La síndica y la adjunta de infancia han debatido los informes anuales de los últimos dos años ante la Comisión de Infancia del Parlamento

La pobreza infantil ha crecido en Cataluña cerca de 10 puntos porcentuales desde 2008

La atención en el ámbito de la salud mental está por debajo de la prevalencia de problemas de salud mental de la población infantil, y la media de visitas es claramente insuficiente

Los datos de acogimiento familiar no mejoran a lo largo de los años

Es necesario ajustar la oferta y la demanda de la FP para mejorar los indicadores de abandono educativo prematuro

Es preciso adaptar la acogida y el apoyo que se da a los adolescentes migrantes no acompañados en centros residenciales, que actualmente está aumentando de manera significativa

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Maria Jesús Larios, han comparecido esta tarde ante la Comisión de Infancia del Parlamento para debatir los informes sobre los derechos del niño de los años 2021 y 2022.

Estos informes dan cumplimiento a la previsión establecida en la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, de elaborar anualmente un informe específico sobre la situación de la infancia en Cataluña con referencia al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.

En sus intervenciones, la síndica y la adjunta han explicado los diez puntos que deberían ser prioritarios en la actuación de la Administración en el ámbito de la infancia:

1. La lucha contra la pobreza infantil

2. La lucha contra la exclusión residencial

3. La mejora de la salud mental de niños y adolescentes

4. La garantía del recurso adecuado en el sistema de protección

5. La lucha contra la segregación escolar

6. La lucha contra el abandono escolar prematuro

7. El acceso en condiciones de igualdad al ocio educativo

8. La inclusión educativa del alumnado con discapacidad

9. La protección contra las violencias

10. La escucha y la participación de los niños

En cuanto a la pobreza infantil, durante la intervención se ha destacado que desde la crisis económica de 2008, ésta ha crecido en Cataluña cerca de 10 puntos porcentuales. La síndica es consciente de que existen políticas de transferencia de renta y de provisión de servicios dirigidas a dar respuesta a estas necesidades sociales y económicas, pero denuncia que, aunque los últimos años se ha incrementado la financiación y la cobertura, no se consigue cubrir las necesidades existentes. Por ello, entre otras medidas, pide mejorar la cobertura y el diseño de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía.

También ha denunciado que a pesar del descenso experimentado durante la pandemia, se están incrementando los casos de desahucio de familias con menores a cargo atendidas por los servicios de vivienda, así como la demanda de vivienda social.

En cuanto a la salud mental, a pesar del incremento del número de niños atendidos, aún se detectan carencias en la cobertura y la intensidad de los tratamientos prescritos (periodicidad de las visitas) de los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) y de los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ).

En cuanto al sistema protector de la infancia y la adolescencia, la síndica ha querido destacar que el acogimiento residencial continúa siendo preponderante, y que el acogimiento familiar, que es la medida más adecuada para garantizar el bienestar de los niños, no crece desde hace años. Se ha incrementado también la presencia de niños tutelados menores de seis años en acogimiento residencial (que ha pasado de 123 el año 2020 a 212 el mes de septiembre de 2022 en el caso de los menores de seis años).

Respecto a los adolescentes migrantes no acompañados en centros residenciales, la síndica ha manifestado que desde el año 2016 han pasado de 527 a 2.061 (septiembre de 2022), hecho que hace necesario adaptar el sistema de protección y la atención que se presta a sus necesidades socioeducativas.

Sobre la segregación escolar, ha destacado que el Pacto contra la segregación escolar ha permitido reducir más de una cuarta parte de los desequilibrios pero que, a pesar de los avances, hay que hacer más esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados y combatir el racismo que alimenta este fenómeno. En este sentido, una tercera parte de los municipios con más de 5.000 habitantes han incrementado los niveles de segregación escolar y no se han cumplido aún los compromisos de financiación.

La FP representa un sector educativo estratégico a la hora de combatir el abandono educativo prematuro, y el aumento de la provisión de oferta ha permitido recuperar una tendencia negativa en este indicador. En este contexto, se ha manifestado que si bien se han mejorado las garantías de continuidad formativa del alumnado de ESO, aún hay una falta de equilibrio entre oferta y demanda que puede afectar al abandono educativo prematuro.

También se detectan carencias en las coberturas del ocio educativo, puesto que los niños de familias con menor capital educativo participan casi cinco veces menos en las actividades extraescolares no deportivas que los niños de familias con más capital educativo.

En cuanto a la educación inclusiva, la síndica ha querido poner en valor el incremento en la dotación de recursos para garantizarla. A pesar de esto, los datos muestran que el incremento de recursos en los centros ordinarios no ha evitado el aumento del número de alumnado en centros de educación especial. La síndica insiste en que habría que apostar por el cierre progresivo y la transformación de los centros de educación especial, de modo que se acaben transformando en proveedores de servicios y recursos para la escuela ordinaria.

También ha denunciado que en los últimos cinco años el incremento de víctimas de violencia menores de edad ha sido del 9,3%, mientras que en la última década este incremento ha sido del 105,7%, más del doble, y también que se detectan déficits de formación de los profesionales que tienen que aplicar los protocolos de prevención del maltrato, especialmente en el caso de los recién nacidos. En los casos de acoso escolar, la síndica defensa que se continúen potenciando los programas de mediación escolar y otras técnicas como los círculos restaurativos para abordar la conflictividad desde el diálogo y la empatía.

Por último, ha querido insistir que es importante que la opinión de los niños y adolescentes sea tomada en consideración en las decisiones que les afectan, en las políticas públicas y en el ámbito normativo. Y actualmente no queda garantizado, por falta de una regulación expresa que lo haga obligatorio, que las leyes y los reglamentos que afectan a niños y adolescentes incorporen la evaluación previa del impacto que tienen en el interés de estos niños y jóvenes.

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El Pacto contra la segregación escolar ha permitido reducir más de una cuarta parte de los desequilibrios

10/01/2023

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A pesar de los avances, son necesarios más esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados

En una tercera parte de los municipios con más de 5.000 habitantes los niveles de segregación escolar han aumentado a pesar del Pacto

No se han cumplido aún los compromisos de financiación establecidos en el Pacto

Se ha quintuplicado la detección de alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas

Es necesario desplegar el instrumento de la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro para evitar la matrícula viva de este alumnado en centros con elevada complejidad

Esta tarde ha tenido lugar la séptima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la segregación escolar, impulsado por la institución del Síndic de Greuges de Cataluña y el Departamento de Educación, junto con la mayoría de municipios de más de 5.000 habitantes y los miembros de la comunidad educativa y del arco parlamentario e institucional.

Esta es la primera reunión en la que participa la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, quien ha expresado públicamente su compromiso de continuar con este proyecto. Durante su discurso de bienvenida, la síndica ha mostrado su preocupación por la crisis económica que se vislumbra, que introducirá un nuevo elemento de desigualdad al reto de los centros de garantizar el desarrollo educativo de su alumnado en condiciones de igualdad de oportunidades. En este contexto, ha manifestado que evitar la concentración de complejidad educativa en determinados centros es una política efectiva para combatir las consecuencias sociales y económicas derivadas de las crisis.

La reunión también ha contado con la participación de la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés; del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray; de la adjunta de infancia, Maria Jesús Larios, y de representantes de los sindicatos, familias, entidades locales y del mundo educativo.

En el transcurso de esta reunión, se ha presentado el Informe de progreso sobre el desplieque del Decreto 11/2021, cuyo objetivo es continuar con la labor de evaluación del despliegue de las medidas previstas en el Pacto durante el curso 2022/2023.

El informe empieza destacando que las medidas que ya se han implementado han permitido reducir más del 15% los niveles de segregación escolar globales en el sistema educativo. Esta reducción es del 28% si tenemos en cuenta que una parte de los desequilibrios se deben a la diferente composición social de los municipios. Esto significa que el Pacto ha permitido reducir más de una cuarta parte de los desequilibrios existentes a nivel local en la escolarización del alumnado.

También se destaca como positivo el hecho de que aunque ha aumentado la proporción de alumnado extranjero escolarizado en el sistema educativo, ha disminuido el número de centros con elevada concentración de alumnado extranjero, de modo que los centros de primaria con más de un 50% de alumnado extranjero han pasado de ser el 5,3% del total antes de la firma del Pacto al 4,1% actual.

A pesar de estos avances, el informe denuncia que en una tercera parte de los municipios con más de 5.000 habitantes los niveles de segregación escolar han aumentado a pesar del Pacto, y que una buena proporción de ellos aún tienen índices de disimilitud superiores a 0,40, lo cual supone desequilibrios en la escolarización del alumnado en I3. En este contexto, la síndica y la adjunta piden un mayor esfuerzo y reforzar las políticas a implementar en los municipios en los que la segregación escolar es alta, y también en los municipios en los que la tendencia es negativa.

El despliegue del Decreto 11/2021 también ha permitido mejorar la detección de alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas, que en el proceso de admisión de alumnado en I3 y en 1.º de ESO se ha quintuplicado entre los cursos 2018/2019 y 2022/2023. Así, si se toman como referencia las solicitudes en el proceso de admisión de alumnado en I3 y en 1.º de ESO, el alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas ha pasado del 3,4% el curso 2018/2019 al 17,3% el curso 2022/2023 en el caso de I3, y del 3,7% al 19,6% en el caso de 1.º de ESO.

Sin embargo, el informe recuerda que se detecta un 60% del alumnado en situación de riesgo de pobreza, lo cual significa que, a pesar del aumento de la detección, existe aún margen de mejora.

Otro avance positivo tiene que ver con la mejora de la adecuación del número de plazas reservadas a la cantidad de alumnado con necesidades educativas específicas residente en cada zona. Antes de la firma del Pacto, la reserva de plazas estaba claramente sobredimensionada, de modo que el número de solicitudes de alumnado con necesidades educativas específicas era inferior al 50% del número de plazas reservadas para este alumnado. Durante el curso 2022/2023, esta cifra ha aumentado hasta el 90%. En negativo, sin embargo, el informe lamenta la detección tardía de este alumnado, lo cual obligó a la modificación sustancial de la oferta una vez finalizado el periodo de preinscripción para el curso 2022/2023.

A pesar de los avances en algunas cifras y las mejoras en la detección, hay ámbitos que requieren un mayor esfuerzo.

En primer lugar, una de las medidas que están menos avanzadas tiene que ver con la financiación de los centros. Los compromisos asociados a la financiación de los centros previstos en el Pacto no se han cumplido. Las ayudas previstas en el Decreto 11/2021 aún no se han transferido, aunque está previsto hacerlo durante el curso 2022/2023 solo para el alumnado de I3 y de 1.º de ESO. Los centros no están recibiendo para el resto del alumnado los importes previstos en la memoria económica del Decreto. Por ejemplo, la financiación adicional recibida por los centros concertados ha sido de 12,0 millones de euros, un 31,4% menos de lo previsto.

En segundo lugar, también está pendiente de implementar la adecuación de la zonificación escolar, puesto que solo un 5,4% de los municipios han modificado las zonas educativas a raíz de la aprobación de este decreto. Sigue habiendo municipios con zonas que no garantizan la heterogeneidad social interna, y también municipios grandes con modelos de zona única que pueden no ser adecuados para combatir la segregación escolar: una tercera parte de los municipios grandes tienen modelos de zona única, y cerca de una décima parte de los municipios tienen zonas socialmente homogéneas con elevada complejidad.

En tercer lugar, el informe denuncia que aún existen fuertes desequilibrios en la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas. Aunque se ha mejorado, aún hay un 41% del alumnado con estas características que no se escolariza en el centro que debería para evitar desequilibrios en la escolarización.

Tampoco se garantiza aún suficientemente la doble vía de acceso al sistema educativo entre el alumnado con necesidades educativas específicas y el alumnado ordinario, y hay una falta de transparencia en los criterios que se utilizan para la asignación de plaza del alumnado con necesidades educativas específicas. Además, a la práctica, no se ha desplegado la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas prevista en el Decreto 11/2021.

En cuarto lugar, a pesar de un pequeño descenso en la proporción de matrícula viva asignada a los centros con elevada complejidad, la cifra actual –38% en primaria y 30% en secundaria– aún sigue siendo demasiado elevada, de modo que se incumple uno de los objetivos del Pacto.

Por último, la síndica y la adjunta consideran imprescindible desplegar con decisión las medidas previstas que aún están pendientes de desplegar: actualmente, de las 30 medidas se han completado 8, y las 22 restantes están en proceso de cumplimiento. 

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''Quiero que la institución sea una herramienta transformadora de la Administración''

19/12/2022

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La síndica comparece en el Parlamento para explicar las prioridades de su mandato

La institución pondrá el acento en las políticas sociales, a la vista del contexto económico y social que vive el país

Velará porque todas las administraciones utilicen un lenguaje más claro y comprensible para las personas

Las quejas recibidas se abordarán desde el acuerdo con las administraciones, no desde la imposición

Hoy lunes, 19 de diciembre, la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas ha comparecido en el Parlamento de Cataluña para explicar a la Comisión del Síndic de Greuges los ejes y las prioridades del mandato de la institución que tiene el encargo de dirigir.

La síndica ha iniciado su intervención explicando que las prioridades de la institución necesariamente vienen marcadas por la situación económica y social actual, derivada de la pandemia, y por la situación bélica que vive Europa. También ha querido destacar que desde el punto de vista político aún existe confrontación por el modelo territorial del Estado y el encaje de Cataluña en el mismo. A su parecer, esto solo puede abordarse desde el consenso y con unos presupuestos que puedan ayudar a dar respuestas a las necesidades existentes.

De acuerdo con este contexto, ha centrado su discurso a concretar los siguientes ámbitos:

Vivienda: Es un derecho básico, y las dificultades de acceso efectivo a la vivienda continúan siendo un problema grave. Ha denunciado, por ejemplo, que algunas mesas de emergencia no funcionan.

Salud: Se trata de uno de los ejes básicos en cualquier estado de bienestar y, en este sentido, se ha mostrado preocupada por las carencias del sistema, como por ejemplo en la atención a la salud mental.

Educación y atención a la infancia: Son otros de los elementos capitales del estado de bienestar. En educación, se ha comprometido a seguir liderando el Pacto contra la segregación escolar y a trabajar por la escuela inclusiva. Y en infancia, a trabajar por la revisión del sistema protector de los niños. En este sentido, ha insistido una vez más que los servicios residenciales tienen que ser el último recurso y que las familias tienen que recibir toda la ayuda social para superar las dificultades que las han llevado a una situación de riesgo. También se ha mostrado preocupada por la pobreza infantil y ha destacado que las políticas de transferencia de rentas y servicios son insuficientes y menos eficaces que las de países de nuestro entorno, por lo que es necesario rediseñarlas.

Políticas sociales: Una sociedad avanzada debe velar necesariamente por los más vulnerables. Aquí, la síndica ha denunciado que las personas con discapacidad siguen encontrando diariamente obstáculos en el ejercicio de sus derechos, y que hay que reanudar los esfuerzos iniciados con el Pacto nacional por los derechos de las personas con discapacidad. Las personas privadas de libertad son otro colectivo con el que la institución trabajará intensamente, y la síndica se ha comprometido a velar porque el énfasis en la política penitenciaria se centre en los programas de tratamiento y reinserción y en las medidas alternativas. En el mismo sentido, también ha manifestado la voluntad de supervisar la lucha contra la pobreza energética y las medidas de apoyo a las familias que se encuentran en esta situación.

Protección del medio natural y del territorio: En este ámbito, ha advertido que la transición energética es un reto mayúsculo y que la institución supervisará que se realice de forma racional, equitativa y participada con el territorio.

Administración pública: en este punto ha seguido insistiendo que la cita previa no se puede configurar como un requisito inexcusable que comprometa el derecho de las personas de acceder a las oficinas de atención ciudadana o al registro cuando lo necesiten. También ha destacado que es imprescindible fomentar el derecho de las personas a ser asistidas en el uso de los medios electrónicos para relacionarse con la Administración, sobre todo porque la desigualdad digital genera riesgo de exclusión de las personas desfavorecidas, las que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y la gente mayor.

A continuación, ha querido hablar de las líneas transversales que regirán todas las actuaciones de la institución. Por un lado, ha hablado de la necesidad de impulsar un lenguaje más claro y comprensible, lo cual también se aplicará a todos los escritos que emita la institución del Síndic de Greuges, y de la necesidad también de acercar la institución a todas las personas, pero sobre todo a las más vulnerables. Con este objetivo todo el personal de la institución visitará entidades y equipamientos para conocer de primera mano las problemáticas que afectan a las personas y las necesidades existentes.

Por otro lado, ha mostrado la voluntad de incorporar el concepto de justicia restaurativa, que tiene por objeto buscar formas de reparación del daño como respuesta al conflicto. En este sentido, las quejas que recibe a la institución no dejan de ser un conflicto entre un particular y la Administración, pero la forma de concebir el proceso de resolución de estos conflictos tiene que ser a través del acuerdo, buscando la conciliación y no la imposición.

Para acabar ha querido hablar de la acción transformadora que confía que pueda impulsar la institución. En este sentido, su voluntad es que las quejas y las actuaciones de oficio dejen de ser individuales para pasar a tener una repercusión en la colectividad.

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La síndica alerta del aumento del número de menores en situación de vulnerabilidad social y de carencias estructurales en las políticas para afrontarlo

16/12/2022

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Casi el 70% de los menores en riesgo de pobreza severa no tienen acceso a la renta garantizada de ciudadanía

Las políticas de transferencias sociales en Cataluña son menos efectivas para combatir la pobreza que las europeas

El incremento del 36% del presupuesto en políticas de infancia no ha conllevado una mejora equivalente de la situación de los menores

La atención en el ámbito de la salud mental es inferior a la prevalencia de problemas de salud mental de la población infantil, y la media de visitas es claramente insuficiente

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Maria Jesús Larios, han presentado esta mañana el Informe sobre los derechos del niño de 2022 a la vicepresidenta primera con funciones de presidenta del Parlamento, Alba Vergés.

Este informe da cumplimiento a la previsión establecida en la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, de elaborar anualmente un informe específico sobre la situación de la infancia en Cataluña con referencia al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.

El informe denuncia que los últimos cinco años los indicadores de vulnerabilidad social de la infancia han mantenido una tendencia creciente, lo cual se explica por el impacto que aún tiene la crisis económica del periodo de 2008 a 2013, por la salida de la pandemia de la covid-19 y por los efectos sociales y económicos de la guerra de Ucrania y de la crisis económica que se vislumbra. Así, por ejemplo, entre 2016 y en 2021 se ha incrementado un 14,9% el número de niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo de pobreza (más de 50.000 menores de dieciocho años más, se ha pasado de 348.600 a 400.400).

Además, destaca que se ha incrementado un 19,6% el número de niños y adolescentes con expediente abierto en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) por situación de riesgo grave (de 5.399 a 6.456), y también un 94,3% el número de niños y adolescentes en estudio por posible situación de desamparo (de 1.726 a 3.353), especialmente por la llegada de niños migrantes sin referentes familiares.

También cabe destacar que ha aumentado un 3,0% (más de 30.000, de 866.192 a 891.854) el número de usuarios de los servicios sociales, en gran parte familias con menores a cargo, y que se ha doblado la probabilidad de los menores de sufrir un problema de salud mental, que ha pasado del 5,1% al 9,4%.

La síndica es consciente que existen políticas de transferencia de renta y de provisión de servicios dirigidas a dar respuesta a estas necesidades sociales y económicas, pero denuncia que, aunque los últimos años se ha incrementado la financiación y la cobertura, no consiguen cubrir las necesidades existentes.

En este sentido, las políticas destinadas a la infancia son poco efectivas, sobre todo porque o bien no dan cobertura suficiente a todas las necesidades, o bien no se han focalizado hacia los colectivos más vulnerables.

Desde el punto de vista de la cobertura, por ejemplo, más de una tercera parte de los menores en situación de pobreza severa (como mínimo el 38,6%) no son beneficiarios ni del ingreso mínimo vital (IMV) ni de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). De hecho, se constata que las políticas de transferencias sociales reducen el riesgo de pobreza un 30,9%, muy por debajo de la media europea (43,1%).

En cuanto a los déficits de cobertura en la enseñanza, el informe destaca que el 58,0% de los niños de cero a dos años no están escolarizados en la educación infantil de primer ciclo, sobre todo los niños de familias socialmente desfavorecidas; que el 46,5% del alumnado de educación infantil de segundo ciclo, primaria y secundaria obligatoria en situación de riesgo de pobreza no percibe ninguna ayuda individual de comedor escolar, o que el 20,6% de alumnado en situación de riesgo de pobreza que estudia enseñanzas secundarias posobligatorias no percibe ninguna ayuda al estudio de carácter general.

También se detectan carencias en las coberturas del ocio educativo, puesto que los niños de familias con menor capital educativo participan casi cinco veces menos a las actividades extraescolares no deportivas que los niños de familias con mayor capital educativo. En el mismo sentido, los servicios de intervención educativa dan cobertura solo al 14,4% de los menores en situación de pobreza severa.

A pesar del incremento del número de menores atendidos, aún existen carencias en la cobertura y en la intensidad de los tratamientos prescritos (periodicidad de las visitas) de los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) y de los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ).

La síndica remarca la mejora de la financiación de las políticas de infancia (incremento del 35,9% del presupuesto respecto al año 2016, 1.781,7 millones de euros más en este periodo), pero considera que este esfuerzo presupuestario no ha servido, como mínimo por ahora, para hacer un salto cualitativo de esta magnitud en los derechos de la infancia.

Uno de los motivos que explican esta circunstancia es que esta inversión, que solo en parte se ha destinado a atender las necesidades coyunturales de la covid, no se ha dirigido directamente a dar respuesta a la situación de los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ni se ha aprovechado lo suficiente para desarrollar políticas focalizadas en la atención de sus necesidades.

En el ámbito de la educación, por ejemplo, que concentra buena parte del incremento de la inversión (92,8%), una parte significativa se ha destinado a incrementar recursos de forma lineal en el conjunto del sistema. Medidas como por ejemplo las reducciones de ratios, la reducción de horas lectivas del profesorado o la gratuidad de infantil 2, que se han puesto en práctica este curso 2022/2023, tienen un coste elevado y se beneficia de ellas, en la misma medida, el conjunto del alumnado, independientemente de su situación de vulnerabilidad.

En cambio, existen reformas estructurales necesarias en políticas de infancia que no se están abordando adecuadamente, especialmente en el ámbito de la protección. Así, por ejemplo, el acogimiento residencial continúa siendo preponderante, y el acogimiento familiar, que es la medida más adecuada para garantizar el bienestar de los menores, no crece desde hace años. Se ha incrementado también la presencia de niños tutelados menores de seis años en acogimiento residencial (que ha pasado de 123 el año 2020 a 212 el mes de septiembre de 2022 en el caso de los menores de seis años).

Para acabar, el informe recoge una serie de recomendaciones y prioridades de intervención que pasan por promover políticas preventivas para atender mejor las situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo reforzar las políticas de apoyo a las familias y mejorar el acompañamiento, o corregir el déficit de profesionales de pediatría y mejorar la cobertura de los CDIAP y los CSMIJ.

También se considera necesario desarrollar políticas focalizadas en la atención de las necesidades de los menores en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo mejorar la cobertura de las políticas de transferencia de renta (RGC, IMV...), promover un modelo de financiación de la educación infantil de primer ciclo condicionado a las características socioeconómicas del alumnado y de los entornos sociales de los centros, y desarrollar un plan de fomento de la equidad para la participación de los menores en situación de vulnerabilidad a la oferta de ocio.

Por último, el informe recoge las recomendaciones que persiguen garantizar la participación de los menores en situación de vulnerabilidad en todos los asuntos que les afectan, como por ejemplo incorporar la participación de niños y adolescentes en el procedimiento de elaboración de normas que afectan su vida.

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El Departamento de Educación acepta la recomendación de la síndica y se compromete a mejorar la coordinación con la DGAIA para atender las necesidades de los jóvenes extutelados

07/12/2022

foto (c) Pixabay

A una joven extutelada se le denegó una beca de estudios alegando que no quedaba acreditada su independencia económica y familiar

El sistema de becas actuales no tiene en cuenta la vulnerabilidad de este colectivo

El Departamento de Educación ha manifestado que creará un sistema de intercambio de datos de los becarios tutelados y extutelados con la DGAIA

La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha recibido quejas de jóvenes extutelados a lo largo de los años: el Departamento de Educación les deniega becas de estudios generales. El último caso ha sido el de una joven a la que se le ha denegado una beca para el curso 2020-2021. El Departamento alega que no queda acreditada su independencia económica y familiar, pues la joven vive con su abuela. Ahora bien, la joven aclara que su abuela no trabaja ni tiene ingresos y que también conviven con otros dos menores. Los únicos ingresos de la joven son los de su prestación de extutelada.

Para acceder a una ayuda económica por estudios postobligatorios, y al objeto de evitar fraudes, cabe acreditar la independencia económica o familiar con vistas a calcular los umbrales de renta de la unidad familiar. Así está regulado en las bases de la convocatoria de becas generales. Sin embargo, la condición de persona extutelada no se recoge expresamente en la normativa que regula estas becas.

Por ello, la síndica se ha dirigido al Defensor del Pueblo para que valore recomendar una modificación de la normativa de becas vigente con vistas a introducir esta condición especial. En el mismo sentido, el equipo de la síndica también se ha reunido con representantes de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de Cataluña (AGAUR), que aseguran tener una especial sensibilidad ante estas situaciones. Ya se han comenzado a coordinar con las universidades y el Departamento de Derechos Sociales para estudiar estos casos.

A la vista de la situación, la síndica alerta de que los jóvenes extutelados se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad: no suelen disponer de apoyo familiar ni de recursos suficientes en su transición a la vida adulta. Es un colectivo que presenta un alto riesgo de exclusión social y económica, como han destacado numerosos estudios, tanto de ámbito catalán como europeo.

Los datos de fracaso escolar también demuestran que son un colectivo especialmente castigado. De acuerdo con los últimos estudios para el curso 2012-2013, más de la mitad de los adolescentes tutelados no están en el curso que les correspondería por edad. La tasa de idoneidad de estos adolescentes a los 16 años es del 38,6%, y entre los 12 y 14 años, del 49,5%. Además, cerca del 50% de los adolescentes tutelados repite curso (49,2%, 16 años, y 46,6%, 12-14 años); finalmente, la tasa de no graduación de los tutelados en cuarto de ESO gira en torno al 40%. Por todo ello, esta institución ha pedido al Departamento de Educación que revise el caso.

La voluntad de la síndica es que este caso se convierta en ejemplificativo para un estudio más amplio. Ha pedido al Departamento de Educación que valore crear una comisión bilateral con la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) para estudiar las necesidades específicas de estos jóvenes extutelados y que se tenga en consideración su condición al tramitar las becas de estudios.

Esta semana el Departamento de Educación ha comunicado al equipo de la síndica que se pondrá en contacto con la DGAIA para fijar un sistema de intercambio de datos para becarios tutelados y extutelados. Se pretende evitar, así, que se repitan casos como el que nos ocupa.

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