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Necesitamos revisar urgentemente el sistema tributario: no siempre es justo, igualitario y equitativo

Las actuaciones en materia de tributos han sido una constante a lo largo de los años en el Síndic de Greuges. En 2023, por ejemplo, se tramitaron 1.000 expedientes de queja sobre esta materia, relacionados con la tecnicidad y rigidez del sistema actual.

A raíz del estudio de estas quejas, la institución ha podido detectar carencias y debilidades en el sistema, en las disposiciones normativas y en la actuación de la Administración, que hacen que se aleje de un sistema fiscal justo y garantista con los derechos y que no esté al servicio de las personas.

En primer lugar, la institución denuncia que a menudo las administraciones aplican los tributos de forma muy rígida, atendiendo solo a la literalidad del precepto y desatendiendo el espíritu de la norma. Esta asimetría en la relación entre la Administración y la ciudadanía genera indefensión, desconfianza y frustración.

En varios casos, los contribuyentes han tenido la voluntad de pagar, pero no pueden hacerlo con las condiciones establecidas, y la Administración no busca alternativas que resultarían favorables para ambas partes. También se hace evidente que muchos ciudadanos pierden el derecho a acogerse a beneficios fiscales porque la Administración les condiciona a que los soliciten de una forma muy concreta y en un plazo muy breve de tiempo, sin ni siquiera informarles adecuadamente, aunque podría aplicarlos de oficio. Es el caso, por ejemplo, de la bonificación del 95 % de la plusvalía municipal en las transmisiones del domicilio habitual por herencia, que deben solicitarse expresamente en un plazo corto de tiempo, aunque se hayan hecho todos los trámites anteriormente con un notario.

En segundo lugar, también se ha constatado que el sistema tributario actual no garantiza suficientemente que las personas dispongan de los medios económicos indispensables para mantener una vida digna. A modo de ejemplo, el Síndic debe intervenir en muchas ocasiones porque la Administración embarga la renta garantizada de ciudadanía. Pese a que la ley declara como inembargables algunos bienes y derechos, la previsión es insuficiente, por lo que en muchas de las quejas recibidas ante procesos de recaudación ejecutiva el embargo ha llevado las personas a una situación de vulnerabilidad que no tenían. Tampoco existen medidas de protección a los deudores tributarios y de segunda oportunidad, que les permitan superar las deudas con la Administración. Así, por ejemplo, la institución ha recibido numerosas quejas de personas que todavía arrastran deudas tributarias fruto de la crisis económica del 2008 y de la Covid, que les impiden rehacer su vida.

En tercer lugar, la síndica denuncia que el reparto de la carga tributaria no es suficientemente justo y equitativo, dado que la mayor parte de los ingresos son soportados por las personas físicas que obtienen rentas del trabajo, y las rentas bajas y medias acumulan una elevada presión fiscal. En este sentido, las familias aportan más del 80 % de la recaudación total, mientras que las grandes empresas, menos del 5 %.

También se vulnera el derecho a contribuir de acuerdo con la capacidad económica, que es el pilar fundamental de un sistema justo, igualitario y equitativo. De hecho, las rentas de las personas físicas tributan a un tipo de gravamen progresivo de hasta 300.000 euros. Más allá de esta renta, se aplica un tipo marginal fijo, de modo que las rentas más altas eluden la progresividad de la tarifa según su capacidad económica. En cuanto al beneficio de las empresas, aunque el tipo de gravamen general es del 25 %, el tipo efectivo se sitúa en torno al 15 %. Esta diferencia es más amplia en las grandes empresas, donde vemos un tipo medio del 3,5 % frente al 17 % de grupos no consolidados y pymes.

Por el contrario, se someten a tributación ayudas y prestaciones otorgadas para atender necesidades básicas o de carácter social. En este punto, la institución denuncia que ha tramitado casos en los que, por razón de la fiscalidad asociada a una prestación de atención social a las personas con discapacidad (PUA), las personas acaban teniendo un resultado económico final más desfavorable que si no la hubiesen percibido.

También se han tramitado casos en los que la obligación de pago de un tributo recae en personas en situación de vulnerabilidad que es evidente que no pueden asumir. Esto les genera una deuda tributaria que, al mismo tiempo, les impide acceder a nuevas ayudas o prestaciones. En este sentido, hemos recibido quejas, por ejemplo, de niños que no pueden acceder a ayudas para la escolarización o para la participación en actividades de ocio por la existencia de deudas tributarias de sus progenitores.

También se constata un incremento de impuestos indirectos, que están desvinculados de la capacidad económica y que, por tanto, hacen que el sistema fiscal sea cada vez más regresivo y con menos capacidad de distribuir la riqueza.

En el ámbito local, la síndica denuncia que las tasas municipales no suelen prever sistemas de tarificación social, por lo que los ciudadanos que no pueden pagar quedan excluidos del acceso a los bienes y servicios públicos básicos.

A partir de ahí, la institución hace una serie de recomendaciones, con la voluntad de conseguir una Administración tributaria centrada en el contribuyente:

• Aprobar medidas de política fiscal, beneficios e incentivos fiscales para proteger y ayudar a las personas y colectivos vulnerables. 

• Adoptar medidas legislativas de segunda oportunidad y fijar límites de inembargabilidad, universales y generales. 

• Promover una administración tributaria más humana, amable y empática. 

• Garantizar una información y una comunicación tributaria claras, amplias, transparentes y comprensibles, además de una asistencia a la ciudadanía de calidad y eficaz. 

• Garantizar que la Administración tributaria trabaje de la forma menos perjudicial, con proporcionalidad, evitando la lesión de derechos, perjuicios gratuitos y costes innecesarios, habilitando mecanismos de reparación inmediata en caso de daños. 

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, valorando las circunstancias personales y económicas para adoptar la solución idónea y más eficaz. 

• Elaborar códigos de buenas prácticas administrativas tanto en la ordenación y aplicación de los tributos como en las relaciones con los contribuyentes para hacer plenamente efectivo el ejercicio de los derechos y garantizar un sistema fiscal justo.

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