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Casi todos los municipios de Cataluña pueden tener amianto y las dificultades para retirarlo son considerables
Es necesario priorizar su retirada en espacios con presencia de colectivos vulnerables
El marco normativo vigente es incompleto y no dota de recursos a los ayuntamientos
Gran parte del amianto ha agotado su vida útil y urge su retirada
La presencia de amianto en nuestro entorno es un grave problema laboral, ambiental y de salud pública. Muy utilizado en la industria de la construcción entre los años 1960 y 1980, el amianto es un material que se deteriora con los años y, con el paso del tiempo, se incrementa el riesgo de que desprenda fibras peligrosas, muy perjudiciales para la salud.
Aunque se prohibió su uso en 2002, Cataluña tiene todavía una gran presencia de amianto en su territorio: cubiertas de edificaciones, depósitos de agua, tuberías... De hecho, en abril de 2024 la Generalitat hizo público el primer censo de cubiertas de fibrocemento, según el cual casi todos los municipios de Cataluña (945 de 947) tienen cubiertas de este tipo, con probable contenido de amianto.
La Unión Europea adoptó el compromiso de retirar al amianto de los edificios públicos antes de 2028 y, del resto, antes de finales del año 2032. Sin embargo, una de las conclusiones del informe que hoy presentamos es que actualmente no existe un marco jurídico claro que facilite ese objetivo. En el ámbito estatal solo existe la disposición adicional 14 de de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que traslada a los ayuntamientos la obligación de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, y un calendario de retirada. En Cataluña se está haciendo un esfuerzo importante para conseguir el objetivo marcado y se ha elaborado un proyecto de ley pendiente de aprobación.
Nuestro informe emplaza a seguir trabajando para tener un marco normativo legislativo claro y exhaustivo, más allá de la disposición adicional mencionada. También se insta al gobierno que debe constituirse que la retirada del amianto sea una prioridad y que se avance en su regulación normativa en el Parlamento.
La disposición adicional 14 de la Ley 7/2022 daba de plazo a los ayuntamientos hasta abril de 2023 para finalizar la identificación y calendarización de la retirada del amianto. Sin embargo, hoy por hoy solo 259 municipios (el 27 % del total) disponen de este censo, y de estos, solo 27 (2,9 % del total) tienen fijado un calendario de retirada. Los ayuntamientos alegan dificultades para cumplir con esta obligación, dado que la ley no les ha dotado de recursos, ni técnicos ni materiales ni económicos. Por ello, la institución apela a la cooperación entre las administraciones, de modo que los entes supramunicipales apoyen activamente a los entes locales, especialmente a los más pequeños, en esta labor de identificación y retirada.
Nuestro informe revela asimismo que la normativa existente está centrada en las previsiones de seguridad y salud laboral cuando se manipula o retira el amianto. Este planteamiento es correcto, pero no es suficiente: es preciso ampliar la perspectiva a la protección del medio ambiente y la salud pública de las personas que están expuestas a este contaminante. Esto adquiere una especial relevancia si tenemos en cuenta que la mayoría del amianto de nuestro país ha agotado su vida útil y, en consecuencia, debería ser retirado.
En cuanto a los planes de retirada, la institución pide valorar de forma muy exigente el uso de técnicas alternativas a la retirada definitiva, sobre todo porque supone aplazar la solución del problema y trasladarla a las generaciones futuras, lo que perpetuaría el peligro por exposición. También señala la necesidad de priorizar su eliminación en los emplazamientos en los que pasan más tiempo colectivos vulnerables –niños y adolescentes, por ejemplo–, como escuelas, polideportivos, parques u otros espacios con gran concurrencia pública.
Además, mientras no se haga efectiva su retirada total, el informe recomienda que se hagan pruebas –más allá de las inspecciones visuales– para confirmar que el material no requiere una intervención inmediata. En este sentido, recuerda que el amianto también está presente en las redes de suministro de agua.
Por último, considerando que buena parte del amianto se encuentra en propiedades privadas, el informe señala que es imprescindible contar con la colaboración ciudadana para conseguir erradicar este contaminante. Por ello, pide a las administraciones que convoquen ayudas para la retirada del amianto que proporcionen información clara y completa (tanto a la ciudadanía como a los ayuntamientos) y que se aseguren que las ayudas se conceden y se pagan de manera ágil y puntual.
