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Diez años de la Ley de transparencia: “se ha avanzado mucho, pero todavía hay margen de mejora”
En ámbitos como la publicidad activa y el acceso a la información pública se ha avanzado, pero en buen gobierno y gobierno abierto, no tanto
Se mantiene una doble velocidad en la implementación de la publicidad activa, en función del número de habitantes
En los canales de participación de la ciudadanía en la actividad pública hay retos pendientes
Buena parte de las denuncias no se traducen en procedimiento sancionador
Hoy se ha publicado el octavo Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que evalúa el cumplimiento de la Ley 19/2014 con cifras de 2022 y 2023. En esta edición, se ha abierto la mirada para analizar todos los aspectos regulados por la Ley: transparencia (publicidad activa y derecho de acceso a la información pública), buen gobierno, gobierno abierto y grupos de interés.
En cuanto a la metodología, se ha seguido el modelo anterior y se ha obtenido la información por medio de un cuestionario enviado a 1.007 sujetos (el cuestionario ha obtenido un 83 % de respuesta).
Diez años después de la aprobación de la Ley 19/2014, el estudio arroja aspectos positivos, pero también algunas carencias. Se ha avanzado en publicidad activa (deber de hacer públicos, de oficio, los contenidos de información pública) y en derecho de acceso a la información pública (derecho a solicitar y obtener la información pública). Sin embargo, queda mucho margen de mejora en lo referente al buen gobierno, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de los servicios; los principios éticos y las buenas prácticas. También es preciso avanzar en temas de gobierno abierto; es decir, en la relación entre la Administración y las personas para definir y aplicar las políticas públicas, y en los instrumentos de participación. Estos son los ámbitos que más peso tienen para reforzar la legitimidad de la acción pública y la confianza de la ciudadanía en la Administración.
Transparencia: publicidad activa y acceso a la información pública
El informe detecta, por un lado, que se han creado pocas unidades de información en relación con la coordinación y el asesoramiento a la ciudadanía (solo un 17,4 %), y, por otro, que muchas administraciones no han destinado a este ámbito suficientes recursos humanos ni económicos. También se ha visto que, al personal que trabaja en las administraciones en esta materia, le falta formación al respecto.
Además, se constata una doble velocidad en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre las administraciones grandes y con mayores recursos, y las administraciones con menos recursos. Es necesario, pues, reforzar los instrumentos de cooperación interadministrativa para reducir estas diferencias.
Por otra parte, las dificultades para publicar la información en formatos reutilizables se hacen evidentes. Las solicitudes de acceso a la información pública se han incrementado en un 34 % (en el 42 % de estos casos, se ha requerido a las administraciones que resolvieran las solicitudes). Para terminar este apartado, se han detectado lagunas a la hora de informar sobre las vías de recurso cuando no se emite resolución o cuando la persona no está de acuerdo con la resolución.
Buen gobierno
Más de la mitad de las administraciones no disponen de un código de conducta para altos cargos, especialmente los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, en positivo, casi la mitad de las administraciones han puesto en marcha durante 2023 un sistema de alerta o denuncia ante acciones susceptibles de ser objeto de infracción penal o administrativa.
El informe confirma asimismo que el porcentaje de administraciones con un instrumento de planificación normativa es bajo (9,7 %); y además, no se incorpora la evaluación de esas normas en las dinámicas de trabajo: solo el 1 % de las administraciones tienen una unidad con funciones de evaluación. En este sentido, el informe también pone de manifiesto que solo el 12 % de las administraciones disponen de carta de servicio, obligatoria por normativa. Además, entre las cartas existentes, solo el 21 % incluye todo el contenido mínimo exigido.
Gobierno abierto
La Ley 19/2014 contempla varios mecanismos de interlocución y diálogo entre la Administración y las personas o entidades. Sin embargo, aunque la mayoría de las administraciones tienen habilitados canales para presentar propuestas y sugerencias (el 70 %), tan solo el 42 % dispone de canales de escucha activa que garanticen una respuesta o un diálogo. También se constata que existen pocos canales para fomentar que la ciudadanía participe en la definición, aplicación y evaluación de la actividad pública (solo los hay en el 10 % de la Administración).
Grupos de interés
El informe de 2023 sobre las actividades del Registro de grupos de interés de Cataluña tiene a 5.614 grupos registrados; en su mayoría, empresas, fundaciones y asociaciones. De estos, solo 85 (el 1,5 %) ha actualizado la información financiera y económica, lo que implica que sería deseable implementar mecanismos de alerta y recordatorios de dicha obligación.
También se constatan diferencias entre administraciones en lo referente al registro de los contactos con los grupos de interés. La Administración local –especialmente los entes con menos habitantes– no siempre registra la información correctamente. Además, solo el 12 % de las administraciones comprueban el Registro de grupos de interés antes de las reuniones, y solo el 11 % publica sus contactos y reuniones en sus portales de transparencia.
Sistema de garantías y régimen sancionador
Las cifras indican que cada año se incrementa tanto el número de denuncias como de procedimientos sancionadores incoados y de sanciones. Sin embargo, en casi la mitad de los casos, estas denuncias no se traducen en expedientes sancionadores y, por tanto, los incumplimientos acaban sin tener consecuencias para el ente que incumple. La institución del Síndic de Greuges defiende que convendría actualizar el régimen sancionador para que devenga una garantía real de cumplimiento de la ley. También deberían incorporarse mecanismos de conciliación y mediación administrativa ante los incumplimientos.
