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El ocio educativo es fundamental para el desarrollo de los niños y adolescentes y por eso es necesario garantizar su acceso universal

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, han presentado esta mañana el informe La universalización del ocio educativo en Catalunya.

Este informe actualiza uno anterior, de 2014, que hacía un análisis de las principales carencias que afectan al ámbito del ocio educativo, y formula nuevas recomendaciones al Gobierno para que las tenga en cuenta.

El texto concluye que desde el informe anterior ha habido avances, pero que el carácter sectorial de las mejoras no ha permitido dar un salto cualitativo sustancial en la consolidación de este ámbito.

El punto de partida de la institución es que el ocio educativo incluye todo el conjunto de actividades dirigidas a niños y adolescentes organizadas fuera del horario lectivo con finalidades lúdicas y educativas. Por tanto, tiene en cuenta las que llevan a cabo el movimiento de esplais o el movimiento escolta, pero también las actividades extraescolares, las actividades deportivas o culturales organizadas por escuelas de música, arte, escuelas de idiomas, etc.

Cataluña ha sido pionera en el reconocimiento del valor educativo que tiene el ocio para los niños y adolescentes, sobre todo porque mejora sus competencias personales y sociales: mejora el rendimiento escolar, genera actitudes más positivas hacia el aprendizaje y la vida profesional e incrementa las expectativas formativas. Y por eso es importante que se convierta en un derecho universal; es decir, que todos los niños y adolescentes que quieran participar en actividades de ocio puedan hacerlo, de acuerdo con sus necesidades, sin barreras ni diferencias sociales. Sin embargo, el informe prueba que, en la última década, no se ha avanzado de forma significativa en la universalización del ocio.

Así, el 34,5 % de los niños de tres a catorce años, cerca de 320.000, no participan en actividades extraescolares deportivas durante el curso escolar, y el 58,1 %, cerca de 550.000, no participan en actividades extraescolares no deportivas. El informe también destaca que la participación en las actividades de ocio durante el verano es baja (en julio solo participan en estas actividades el 20 % de los niños y adolescentes), por lo que la función social del ocio se debilita.

A partir de ahí, el informe enumera carencias y déficits que todavía tienen las políticas actuales para garantizar verdaderamente el derecho al ocio.

Déficits de despliegue normativo

Pese a las competencias exclusivas que tiene en esta materia, la Generalitat no ha desarrollado legalmente el derecho al ocio. Falta un marco que determine qué se entiende por ocio, cuáles son las condiciones de accesibilidad y cuál es el proceso de admisión a las ofertas de ocio sufragadas con fondos públicos, como guarderías, casales de verano o campos de trabajo.

Dificultades en la gobernanza y en el reconocimiento

No se dispone de una administración de referencia a la hora de estructurar e impulsar una política pública consistente que incluya a todo el conjunto de la oferta de ocio. La Generalitat, por ejemplo, tiene las políticas del ocio diseminadas en distintas unidades administrativas y departamentos. Además, el 66,1 % de los ayuntamientos de más de 3.000 habitantes afirman que no tienen un plan local de dinamización del ocio educativo, y el 27,7 % no desarrollan estructuras de coordinación de los agentes educativos del municipio.

Por su parte, las entidades manifiestan tener dificultades para disponer de personal educador suficientemente formado para llevar a cabo las actividades. De hecho, el 66,4 % del personal educador no dispone de titulación, y esta cifra se ha mantenido estable a lo largo de la última década.

Necesidad de una política lo suficientemente consistente

Como decíamos, ha habido avances: en 2014 se crearon subvenciones para poder financiar becas y ayudas para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, ha habido un ligero aumento en la inversión en otras líneas de subvenciones, se han creado las denominadas mochilas escolares y se ha aprobado el Acuerdo GOV/48/2024 para la elaboración de la Estrategia de reconocimiento del ocio educativo en Cataluña. Sin embargo, todo esto no ha supuesto un cambio cualitativo lo suficientemente significativo, y la Estrategia todavía no se ha desplegado. 

Baja inversión

La inversión corriente global de las diferentes administraciones en el ámbito del ocio es de aproximadamente 300 millones de euros anuales (217,5 euros por niño), y es pequeña si tenemos en cuenta que el ocio es un ámbito fundamental para el desarrollo de los niños y jóvenes, especialmente si lo comparamos con lo que se invierte en educación (7.203,2 millones de euros).

Apoyo a las entidades

Las entidades del mundo del ocio denuncian la elevada burocracia en la tramitación de los permisos, lo que les dificulta la organización de colonias y campamentos. También manifiestan dificultades a la hora de disponer de locales y utilizar equipamientos para realizar las actividades, y lamentan la infrautilización de las instalaciones escolares.

Barreras que dificultan la universalización 

El informe denuncia que las políticas del ocio no están focalizadas en colectivos concretos y que, por tanto, no llegan a todos los niños en situación de pobreza o pobreza severa. Así, la participación de los niños y los adolescentes de familias vulnerables en las actividades de ocio es casi 30 puntos porcentuales menor que la de los niños y adolescentes de familias con mayor capital económico.

Tampoco existe un sistema general de ayudas para garantizar la accesibilidad económica a las actividades de ocio educativo. Las ayudas que otorga el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión han aumentado en 2024, pero son todavía de baja intensidad y cobertura (tienen un importe de 84,6 euros por niño y cubren un 16 % de los niños en pobreza severa). La gran mayoría de ayuntamientos otorgan algún tipo de subvención al ocio educativo, pero una tercera parte no otorga ninguna ayuda para promover la participación de los niños socialmente vulnerables. En concreto:

- El 57,7 % de los ayuntamientos no ofrecen ayudas económicas para la participación en las actividades extraescolares.

- El 40,1 % de los ayuntamientos no ofrecen ayudas para participar en actividades de ocio de verano.

- El 66,8 % de los ayuntamientos no ofrecen ayudas para la participación de niños y adolescentes con discapacidad en la oferta de ocio.

- El 52,2 % de los ayuntamientos no ofrecen subvenciones a entidades de educación en el ocio.

- El 25,2 % de los ayuntamientos no ofrecen subvenciones a asociaciones de familias de alumnos (AFA).

- El 15,2 % de los ayuntamientos no ofrecen subvenciones a entidades deportivas.

El informe también constata que la composición social de los centros condiciona su oferta de actividades extraescolares. Los centros de muy alta complejidad suelen ofrecer menos actividades que los de baja complejidad. En el caso de los centros concertados, por ejemplo, los de muy alta complejidad ofrecen, de media, 4,7 actividades y los de baja complejidad, 15.

La edad y el género también tienen afectaciones en el ámbito del ocio. Mientras que en las actividades deportivas participan más niños que niñas, en las no deportivas participan más niñas que niños. Y también se constata que los adolescentes están poco presentes en estas actividades, probablemente por una falta de oferta suficiente y adecuada a sus intereses.

El carácter poco inclusivo de muchas actividades limita también el derecho de los niños con necesidades educativas especiales. No existe una política sólida para garantizar la provisión de personal de apoyo: aunque en 2022 se creó por primera vez una línea de ayudas específica para contratar monitores de apoyo para atender las necesidades de estos niños, solo pudieron beneficiarse de ellas 256 (aunque había 36.743 alumnos con un grado de discapacidad reconocido). Tampoco se garantiza el acceso de estos niños a colonias, excursiones, salidas y viajes de fin de curso.

Por último, el informe pone de manifiesto que la información y el conocimiento de las familias también genera desigualdades: las familias socialmente favorecidas tienen un conocimiento del ámbito del ocio más profundo y, por tanto, acceden más a las actividades de ocio, mientras que las desfavorecidas acceden menos a estas actividades por desconocimiento de la oferta.

Recomendaciones

Finalmente, el informe enumera las recomendaciones que deberían tenerse en cuenta para conseguir que el ocio fuera verdaderamente universal, equitativo, inclusivo y no segregado:

• Incorporar la voz de los niños en la planificación de las políticas de ocio educativo.
• Regular el derecho al ocio en condiciones de igualdad de oportunidades.
• Eliminar las barreras económicas para garantizar que las personas más vulnerables puedan acceder al ocio.
• Incorporar la perspectiva de género en la formulación políticas de ocio educativo.
• Definir una estrategia para garantizar el acceso de los niños con necesidades educativas especiales en el ocio educativo.
• Diseñar un plan de equidad territorial para el ocio.
• Actualizar el Protocolo de prevención de los abusos sexuales y otros malos tratos en el ámbito de la educación en el ocio.

• Nota de prensa íntegra
• Acceso al informe en formato pdf (en breve disponible en castellano)
• Infografía (en breve disponible en castellano)

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