La institución ha recibido en lo que va de año más de veinte quejas de jóvenes que denuncian que la prestación que percibían como jóvenes extutelados no se suspende o no finaliza cuando debería hacerlo. Esto hace que reciban pagos indebidos que después deben devolver. Sin embargo, la síndica señala que, cuando las cantidades requeridas se han generado por un mal funcionamiento de la Administración, no debería exigirse su reintegro.
La petición de reintegro de los importes indebidamente percibidos puede generar un impacto negativo en la transición equilibrada en la vida adulta de estos jóvenes, algo contradictorio con el deber de la Administración de velar, precisamente, por la transición a la vida adulta de los jóvenes tutelados y extutelados.
La síndica pide que la Administración revise a todos los efectos el procedimiento de tramitación de las prestaciones. Es necesario adoptar los mecanismos necesarios para evitar la acumulación de pagos indebidos que acaban en deudas para estos jóvenes. Hacer frente a estos reintegros desequilibra su capacidad económica y refuerza su vulnerabilidad social.
Este caso guarda un paralelismo con el procedimiento de reclamación de pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía. En octubre de 2024 la institución emitió una resolución en la que dirigió diez recomendaciones a la Administración para solucionar los problemas derivados de la reclamación de estos ingresos indebidos. A raíz de estas recomendaciones, el Gobierno aprobó un decreto para no pedir el retorno de pagos indebidos a miles de familias vulnerables.
En los próximos días, la institución presentará un informe que trata en profundidad posibles vulneraciones de derechos que pueden haber sufrido jóvenes extutelados en la gestión de los recursos que la Administración pone a su alcance.