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La síndica valora positivamente que el Ayuntamiento de Martorell haya aceptado no imponer sanciones por acumular hasta 25 litros de agua de las fuentes públicas
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La prohibición de almacenar cualquier cantidad de agua de las fuentes o la imposición de límites máximos muy bajos podría afectar a personas en situación de vulnerabilidad
El agua es un bien público común y esencial, reconocido como derecho humano
La institución del Síndic de Greuges abrió una actuación de oficio tras el anuncio del Ayuntamiento de Martorell de que modificaría la Ordenanza de convivencia ciudadana y uso de la vía pública para limitar el almacenamiento de agua de las fuentes públicas y establecer sanciones de hasta 750 euros.
El Ayuntamiento justificaba esta medida porque serviría para perseguir determinadas situaciones vinculadas a ocupaciones de viviendas. Sin embargo, a criterio del Síndic de Greuges, esta regulación podría afectar directamente a las personas en situación de vulnerabilidad que no disponen de agua corriente en su domicilio, ya sea porque carecen de vivienda o porque la ocupan.
En su resolución, la síndica recuerda que el agua es un bien público común y esencial, reconocido como derecho humano. Aunque no existe ninguna regulación estatal que fije el volumen mínimo de agua necesario para garantizar unas condiciones de vida dignas, sí existen referencias internacionales consolidadas al respecto. En este sentido, la institución comparte los criterios establecidos por el Proyecto Esfera, impulsado por organizaciones humanitarias y por el Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, que establecen como cantidad mínima aceptable para mantener la salud y la dignidad un mínimo de 15 litros de agua por persona y día, cantidad que puede llegar hasta 50 litros en contextos urbanos.
Por todo ello, la institución pidió al Ayuntamiento que reconsiderara la decisión de modificar la Ordenanza. En caso de que finalmente se aprobara su modificación, recomendó que en ningún caso se sancionaran acumulaciones inferiores a 25 litros por persona y día, recomendación que el Ayuntamiento ha aceptado. La síndica entiende que, con la aceptación de esta propuesta, no se pone en riesgo el acceso universal al agua.
Por último, la síndica pide al Ayuntamiento que, dentro de seis meses, informe sobre los procedimientos sancionadores que se hayan iniciado en aplicación de la nueva regulación.
