La gratuidad de la educación infantil para niños de dos años (I2), implantada en 2022/2023, ha tenido un impacto inicial positivo en la escolarización, pero no ha logrado reducir lo suficiente las desigualdades de acceso a la educación infantil de primer ciclo. Así lo concluye el informe El impacto de la gratuidad en educación infantil 2, publicado por el Síndic de Greuges de Cataluña.
Según el informe, esta medida permitió recuperar rápidamente los niveles de escolarización tras la pandemia, con un aumento de la tasa de escolarización de I2 del 62,6 % al 69,9 % en solo un año. Sin embargo, tras este primer impacto, las tasas se han mantenido relativamente estables.
Persistencia de desigualdades sociales
Con carácter general, el informe destaca que la educación infantil de primer ciclo sigue marcada por fuertes desigualdades sociales en el acceso: la escolarización es muy inferior entre los niños de familias socialmente más vulnerables. En I2, las tasas de escolarización del alumnado socialmente favorecido casi triplican las tasas de escolarización del alumnado vulnerable.
Aumento de la demanda de plazas públicas
La gratuidad en I2 ha tenido un efecto claro en la demanda de plazas en guarderías públicas. Desde el curso 2021/2022, la demanda ha crecido un 34,6 %, mientras que la oferta solo lo ha hecho un 7,4 %, lo cual significa que parte de la demanda ha quedado desatendida. Además, la falta de plazas en I2 hace que familias vulnerables no puedan acceder a la educación infantil de primer ciclo gratuita. De hecho, un 66% del alumnado de I2 del curso 2024/2025 ya había cursado I1 el curso anterior, nivel en el que no está prevista la gratuidad. El informe destaca que, tal y como está diseñada, la medida de la gratuidad beneficia proporcionalmente más a la población socialmente favorecida, que es la que suele acceder antes y de forma más prevalente a esta etapa educativa.
La gratuidad de I2 debe poder garantizar el acceso de todos los niños que lo deseen, sin necesidad de tener que acceder a I0 e I1. Ante este reto, la síndica pide incrementar la oferta de I2 para garantizar la cobertura de la demanda, en un contexto, además, de reducción de la natalidad que debe facilitarlo. Y, mientras la cobertura universal no exista, deben utilizarse de manera más efectiva y en todos los municipios las medidas disponibles para contrarrestar las desigualdades de acceso, como la reserva de plazas o el criterio de renta establecido con carácter general para el acceso prioritario a la educación infantil, lo que no sucede en la actualidad.
Además, no hay que pasar por alto que la escolarización tiene unos costes añadidos para hacer uso de los servicios complementarios –por ejemplo, el comedor escolar– que no quedan cubiertos por la gratuidad de I2. Esto también dificulta el acceso al alumnado más desfavorecido.
Finalmente, el informe denuncia que la financiación de las guarderías es lineal y no está condicionada por la composición social de los municipios ni por las necesidades del alumnado. En la educación infantil de segundo ciclo o la educación básica esto no sucede así.
Subvenciones a la oferta privada
En las guarderías privadas, el sistema de subvenciones destinado a la escolarización de los niños de entre cero y tres años tiene un impacto limitado en la mejora de la equidad de acceso. Nuestro informe analiza la convocatoria de subvención de 2023 y constata que, si bien se contempla un módulo adicional para el alumnado en situación de vulnerabilidad, la partida presupuestaria queda lejos de agotarse porque este alumnado no suele escolarizarse en el sector privado.
Es considerable la diferencia entre el coste de la plaza escolar (unos 3.850 euros) y la subvención (1.600 euros para el alumnado vulnerable). Además, el umbral de renta establecido para ser beneficiario de este módulo adicional es muy bajo (incluso por debajo del indicador de renta de suficiencia de Cataluña [IRSC], en función de la composición del hogar familiar). Todo ello dificulta que las familias cumplan los requisitos para la subvención.
Recomendaciones de la síndica
Ante esta situación, la síndica reclama diversas medidas para garantizar una mayor equidad en el acceso a la educación infantil de primer ciclo:
Ampliar la oferta de plazas públicas de guardería.
Revisar los criterios de admisión para evitar barreras de acceso a familias vulnerables.
Reforzar los canales de información y acompañamiento a las familias con el objetivo de poner en valor la escolarización en I2.
Incorporar ayudas para los servicios complementarios, como el comedor o el horario ampliado.
Revisar el modelo de financiación para tener en cuenta la composición social de los municipios.
La síndica recuerda que la escolarización temprana tiene efectos positivos en el desarrollo infantil. Además, más allá de garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar, es una herramienta clave para reducir las desigualdades educativas.