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La síndica abre una actuación de oficio para analizar el impacto de la falta de vivienda en la salud de niños con enfermedades graves

El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio para analizar si las ayudas y los beneficios existentes en materia de vivienda –incluido el acceso a vivienda pública, las subvenciones o las medidas de adaptación de las viviendas– responden de forma efectiva a las necesidades de las familias con niños y adolescentes con enfermedades crónicas, avanzadas o terminales.

Estas situaciones a menudo requieren condiciones residenciales específicas para seguir los tratamientos médicos y la decisión de abrir esta actuación de oficio se ha tomado después de estudiar casos concretos que evidencian el impacto de la precariedad residencial en la salud de estos niños y jóvenes, y después de mantener reuniones con trabajadores sociales de referencia de los servicios de crónicos y paliativos pediátricos.

Estos profesionales alertan de las crecientes dificultades para que estas familias tengan unas condiciones de vida adecuadas. Si no se tiene un domicilio estable, por ejemplo, no se pueden garantizar las condiciones básicas para el tratamiento, como la conservación de medicación que requiera refrigeración, el uso de dispositivos de soporte respiratorio o la realización de terapias diarias. Estas situaciones pueden derivar en ingresos hospitalarios que podrían evitarse o en un deterioro acelerado de la salud de estos niños y adolescentes.

En este contexto, la síndica, Esther Giménez-Salinas, señala que “el acceso a una vivienda digna es un elemento imprescindible para garantizar el derecho a la salud, especialmente en situaciones de máxima vulnerabilidad como las de niños con enfermedades graves, que dependen de cuidados y condiciones materiales muy específicas”.

La actuación de oficio tiene por objeto analizar si los protocolos de intervención frente a situaciones de riesgo de desahucio tienen en cuenta estos casos, si los recursos residenciales disponibles permiten garantizar la continuidad de los tratamientos y si existe una coordinación efectiva entre los servicios sociales, sanitarios y de vivienda. Además, se valorará si es necesario establecer mecanismos específicos de priorización o ayudas para estas familias, en la línea de otras medidas del ámbito sanitario, como son las facilidades de desplazamiento en tratamientos especializados.

Una vez finalizada la actuación, la institución podrá formular recomendaciones para reforzar las políticas públicas y garantizar que ningún niño o adolescente vea comprometido su derecho a la salud por no tener una vivienda adecuada.

Uno de los casos en los que se está trabajando en la institución es el de una familia con un joven de diecisiete años que tiene una enfermedad neurodegenerativa. La familia fue desahuciada en noviembre de 2025 y, seis meses después, sigue sin alojamiento estable. Esto compromete seriamente el seguimiento de los tratamientos médicos y ha provocado un empeoramiento del estado de salud del menor, con posibles consecuencias irreversibles.

La síndica recuerda que el último informe anual sobre los derechos de los niños ya denunciaba que la legislación actual en materia de vivienda no da un tratamiento específico ni prioritario a los niños ni a sus necesidades residenciales. De hecho, el tiempo medio de adjudicación de una vivienda social es más largo para las familias con niños a cargo. Aunque los reglamentos de las mesas de emergencia consideran la presencia de niños como un criterio para el reconocimiento de las situaciones de emergencia residencial, no existe una priorización real en el acceso ni protocolos de atención especial de las situaciones de exclusión residencial o pérdida de la vivienda para las familias con niños a cargo.

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