Noticias
Un nuevo informe constata que persiste la infrafinanciación del coste de la plaza escolar, pese al aumento del gasto en educación
La infrafinanciación en el coste de la plaza escolar se estima en 944 millones de euros
El aumento del gasto público no se ha traducido en cuotas más bajas para las familias
El modelo de financiación es poco equitativo
La infrafinanciación es especialmente intensa en la atención a la diversidad
La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy el nuevo informe Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña, elaborado por la Comisión de Estudio del Coste de la Plaza Escolar. Esta comisión está integrada por expertos profesionales y se creó en el marco del Pacto contra la segregación escolar.
Este documento actualiza el primero de estos informes, publicado en 2020, y analiza el coste real de la escolarización en Cataluña y su financiación. El objetivo es contribuir a garantizar una educación de calidad y realmente gratuita para todo el alumnado, sin que la situación económica de las familias sea un obstáculo.
A pesar de que en los últimos años ha aumentado de manera significativa la financiación pública de la educación (un 35 % a precios corrientes entre 2019 y 2023), el informe constata que los cuatro grandes problemas de financiación de los centros educativos persisten: infrafinanciación de la plaza escolar; elevado gasto privado de las familias; carencia de equivalencia de los proyectos educativos, por la elevada diversidad de costes entre centros, y déficit de distribución equitativa de recursos en función de las necesidades del alumnado y de la complejidad de los centros.
La infrafinanciación de la plaza escolar se mantiene, entre otros motivos, porque, para hacer frente al deterioro demográfico, se han adoptado medidas como las reducciones de ratio y esto ha incrementado el coste de la plaza por alumno; pero también porque cerca de un 50 % del incremento de financiación pública se ha destinado a la dotación básica de plantillas, en lugar de destinarlo a otros conceptos más infrafinanciados, como la atención a la diversidad o los gastos que asumen las familias en actividades y servicios escolares. Por otro lado, la mejora en detección de alumnado con necesidades educativas específicas también ha aumentado las necesidades de recursos.
La infrafinanciación en el coste de la plaza escolar se estima en 944 millones de euros (429,9 millones en el sector público y 514,2 millones en el sector concertado). Si se toma como referencia el coste teórico de la plaza por alumno, la infrafinanciación en el sector público es de 572,8 euros en primaria y de 782,1 en secundaria; y en el sector concertado, de 1.597,9 euros en primaria y de 1.769,7 euros en secundaria.
El informe también pone sobre la mesa que el incremento del gasto público tampoco se ha traducido en una reducción significativa del gasto de las familias a través de las cuotas que pagan. En primaria, en el sector público, este gasto se sitúa en cerca de 900 euros y, en el sector concertado, en 3.800 euros. Mientras que el gasto privado ha tendido a reducirse en el sector público por efecto de las mochilas escolares, entre otros, en el sector concertado este gasto ha aumentado ligeramente. La síndica alerta, en este sentido, de que faltan mecanismos para garantizar que el incremento de la financiación pública suponga reducir las aportaciones económicas de las familias, especialmente teniendo presente que una parte de las cuotas que las familias pagan en concepto de actividades y servicios complementarios se destinan a corregir la infrafinanciación.
Asimismo, el informe pone de manifiesto que los proyectos educativos de los centros no son equivalentes en lo que se refiere a las oportunidades educativas que ofrecen y los costes que conllevan. Esta carencia de equivalencia supone un factor de desigualdad en el acceso a las oportunidades que ofrece cada proyecto educativo y, a su vez, también una dificultad para planificar una financiación pública que garantice la gratuidad para el conjunto del alumnado.
Por sectores de titularidad, el sector concertado presenta una mayor infrafinanciación pública, pero también proyectos educativos globalmente más costosos y con un mayor desajuste entre el coste teórico y el gasto real de la plaza escolar. De hecho, el gasto real está muy condicionado por la capacidad de las familias de los centros: los centros con una composición social más favorecida tienen proyectos educativos con un gasto real significativamente mayor. Al final, el peso de las aportaciones económicas de las familias, junto a que no estén limitadas, favorece que el coste real de los proyectos educativos de algunos centros se sitúe por encima del coste teórico. Por eso, además de mejorar la financiación, el informe defiende que la garantía de gratuidad debe garantizar que los proyectos educativos de estos centros se ajusten al coste teórico y a los estándares marcados.
El documento también manifiesta que el modelo de financiación de los centros es poco equitativo y que no existe suficiente gradación de la dotación de plantillas en función de la complejidad de los centros, especialmente en los centros concertados. Además, la clasificación de la complejidad de los centros no está actualizada y, en el caso de la concertada, no se utiliza para la distribución de los recursos.
De hecho, destaca que la infrafinanciación es especialmente intensa en el concepto de atención a la diversidad y que se necesitan más recursos para atender al alumnado con necesidades educativas específicas, tanto en la escuela pública como en la concertada. Solo así puede garantizarse una educación inclusiva de calidad. En el período 2019-2023, el incremento de financiación pública de la dotación básica de plantillas se ha incrementado más del doble de lo que lo ha hecho la dotación de atención a la diversidad.
Los nuevos acuerdos entre el Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat y los sindicatos y patronales de centros concertados permiten reducir la infrafinanciación de la plaza escolar, especialmente en el sector concertado, pero, de nuevo, existe el riesgo de no aprovechar suficientemente el incremento de la financiación para mejorar la equidad en la distribución de recursos. Más del 80 % de los incrementos de financiación se destinan a gastos lineales, como la mejora de las condiciones salariales del profesorado y el incremento de financiación para hacer frente a los gastos de funcionamiento de los centros, y menos del 20 %, a gastos condicionados a la complejidad de los centros, como la atención a la diversidad. Asimismo, la síndica alerta de que el incremento de financiación de los centros no va acompañado de mecanismos de control del cobro de cuotas para garantizar que el aumento de recursos públicos reduzca las aportaciones económicas de las familias.
Con el objetivo de resolver el problema de financiación y avanzar hacia un sistema más justo, el informe recoge una serie de recomendaciones. Entre otras cosas, se recomienda incrementar la financiación de mecanismos que garanticen una distribución más equitativa de recursos entre centros en función de su complejidad, como las mochilas escolares, para cubrir los gastos de escolarización del alumnado vulnerable.
En este sentido, el informe plantea rediseñar este mecanismo de financiación para:
- Garantizar el acceso gratuito del alumnado vulnerable a actividades y servicios escolares que actualmente no quedan cubiertos, como las colonias escolares o los dispositivos electrónicos en los centros concertados, o las actividades complementarias en los centros públicos.
- Igualar las condiciones de escolarización entre sectores de titularidad para financiar actividades complementarias y, en su defecto, actividades extraescolares, tanto en el sector concertado como en el sector público, a diferencia de lo que ocurre ahora.
- Diferenciar la ayuda en función de la etapa y nivel educativo para aprovechar mejor los recursos.
El informe también recomienda crear un sistema de financiación de centros públicos y concertados con elevada complejidad para garantizar que, como mínimo, en estos centros no haya infrafinanciación de la plaza escolar.
Es fundamental reforzar la equidad en la distribución de recursos, de forma que los centros con más alumnos vulnerables puedan recibir más recursos. Habría que hacer una mejor gradación de las plantillas y la financiación según la clasificación de centros en función del nivel de complejidad. Es necesario asimismo mejorar los recursos de la atención a la diversidad, con más personal de apoyo (docentes especializados, orientadores, etc.), dado que es el ámbito con más déficit actualmente.
En definitiva, hay que seguir avanzando hacia un modelo de escolarización equilibrada que promueva una equiparación de condiciones y recursos de los centros con una composición social similar.
