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La síndica actúa de oficio para esclarecer las incidencias detectadas en la participación de Cataluña en las pruebas PISA 2025
La institución ha solicitado información al Departamento de Educación y Formación Profesional sobre los criterios de exención aplicados y los mecanismos de control utilizados durante el proceso
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio a raíz de las incidencias detectadas en la participación de Cataluña en la edición 2025 de las pruebas PISA. Dichas incidencias han llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a considerar que los resultados obtenidos no son representativos ni comparables con los de otros territorios ni con los de ediciones anteriores.
Según los datos proporcionados por el Departamento de Educación y Formación Profesional, el 23,2 % del alumnado seleccionado para participar en las pruebas quedó exento de realizarlas, una proporción muy superior al límite máximo del 5 % establecido por la OCDE para garantizar la validez estadística de los resultados. En total, se excluyó a 591 alumnos de una muestra de 2.545.
La mayor parte de las exenciones se justificaron por discapacidades cognitivas, emocionales o conductuales, mientras que una proporción menor se atribuyó a discapacidades físicas o al insuficiente conocimiento de la lengua de la evaluación.
Ante estos hechos, el Departamento ha anunciado la apertura de actuaciones internas para determinar las causas de la incidencia y esclarecer por qué no se aplicaron correctamente los criterios de exención. También ha informado de la puesta en marcha de medidas para reforzar los mecanismos de supervisión, entre las que destaca la creación de una comisión específica encargada de validar y coordinar las pruebas y los estudios de evaluación.
La síndica considera necesario profundizar en el análisis de estos hechos, especialmente teniendo en cuenta que la proporción de alumnado excluido por motivos relacionados con discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o conductuales representa el 19,6 % del total de la muestra, una cifra muy superior a la prevalencia de estos perfiles entre el alumnado de 4.º de ESO. Según los datos disponibles, los alumnos con necesidades educativas especiales representan aproximadamente el 5 % del total. Además, cerca de un 10 % de los alumnos presentan necesidades de apoyo educativo derivadas de trastornos o retrasos en el aprendizaje, aunque no tienen necesidades educativas especiales.
Entre las hipótesis planteadas por el Departamento, se encuentra la posibilidad de que algún centro hubiera aplicado a los procesos de selección de las pruebas PISA los criterios de exención previstos para las pruebas de competencias básicas de 4.º de ESO. No obstante, la institución ha observado que el porcentaje de alumnado exento de las pruebas de competencias básicas, que tuvieron lugar en abril de 2025, al igual que las pruebas PISA, fue del 9,7 %, cifra considerablemente inferior al 23,2 % registrado en las pruebas PISA. De hecho, solo en 2024 el porcentaje de alumnado que no hizo las pruebas de competencias básicas, ya fuera por ausencia o exención, superó el 10 %.
Por este motivo, la institución ha solicitado al Departamento información detallada sobre los 51 centros que formaban parte de la muestra, las características del alumnado exento, los mecanismos de acompañamiento y supervisión aplicados por los centros participantes, la verificación posterior de los criterios aplicados y las causas que explican el error detectado. También ha solicitado la documentación enviada a los centros antes de las pruebas y una copia del informe elaborado a raíz de las diligencias informativas abiertas para esclarecer los hechos.
La síndica insiste en que las pruebas PISA son una herramienta de referencia para evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y orientar las políticas públicas. Por este motivo, considera imprescindible aclarar lo sucedido y garantizar que los procesos de selección y participación del alumnado se ajusten a los criterios establecidos con las máximas garantías de transparencia y rigor.
Por último, la síndica recuerda la importancia de otorgar un papel central en la gestión de las pruebas PISA a la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, organismo público creado recientemente para impulsar la evaluación independiente y el análisis del sistema educativo.
