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La síndica impulsa un acuerdo de país para poner fin al sinhogarismo en 2035
La segunda reunión de trabajo de la Mesa Institucional para el Abordaje del Sinhogarismo consolida el consenso institucional sobre la necesidad de implementar medidas concretas, hacer un seguimiento y situar la vivienda y la garantía de derechos en el centro de la respuesta al sinhogarismo
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha presidido hoy la segunda reunión de trabajo de la Mesa Institucional, con unos cincuenta representantes de la Generalitat, diputaciones, municipios y entidades del tercer sector social, con el objetivo de avanzar en la construcción del Acuerdo de país para el abordaje del sinhogarismo. Esta iniciativa pretende consolidar un compromiso compartido entre administraciones públicas, el ámbito local y entidades sociales para ofrecer una respuesta más eficaz a una de las realidades sociales más graves que vive Cataluña. El Acuerdo se enmarca en el trabajo iniciado tras la cumbre institucional sobre el sinhogarismo y en el proceso participativo que ha implicado a más de un centenar de profesionales de diferentes ámbitos.
Durante el encuentro, la síndica ha remarcado que “los problemas que permanecen escondidos no se pueden resolver”, y ha agradecido el trabajo de todas las personas y organizaciones que contribuyen a dar visibilidad a una situación que, a menudo, queda fuera del foco público a pesar de afectar a miles de personas.
La reunión ha permitido constatar que existe un amplio consenso sobre muchas de las medidas que hay que impulsar. En este sentido, la síndica ha destacado que el objetivo es consolidar un acuerdo institucional basado en propuestas compartidas y ampliamente consensuadas, que garantice estabilidad, coordinación y continuidad en las políticas públicas destinadas a combatir el sinhogarismo.
La síndica también ha subrayado que ya se ha superado la fase de diagnosis. “Hace tiempo que conocemos las causas principales del fenómeno y sus consecuencias. Ahora toca pasar a la acción y hacerlo de forma eficaz. No podemos quedarnos en declaraciones de intenciones”, ha señalado.
En este sentido, ha insistido en que el éxito del acuerdo dependerá no solo de las medidas que se aprueben, sino también de su aplicación efectiva. Por ello, ha defendido la necesidad de establecer mecanismos claros de evaluación y rendición de cuentas: “Habrá que hacer un seguimiento riguroso de las medidas que consensuamos para comprobar los resultados e introducir las mejoras necesarias.”
La institución también ha querido recordar que el sinhogarismo es una grave vulneración de derechos que no puede normalizarse. Tal y como se ha advertido en varias ocasiones, y también en el último informe anual del Síndic de Greuges, “estamos normalizando situaciones inadmisibles”. La presencia de personas que viven en la calle, en asentamientos o en otras situaciones de exclusión residencial extrema exige una respuesta pública decidida y sostenida.
La reunión ha vuelto a poner de manifiesto que no se puede dar una respuesta efectiva al sinhogarismo sin abordar también la crisis de la vivienda. Las crecientes dificultades para acceder a una vivienda adecuada y mantenerla, así como el déficit estructural de vivienda social, están directamente relacionados con el aumento de las situaciones de sinhogarismo.
Por este motivo, la institución del Síndic de Greuges pide el impulso de políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda, amplíen el parque de vivienda social y refuercen las medidas de apoyo a las personas y familias con mayores dificultades residenciales. Asimismo, defiende que la prevención de la pérdida de la vivienda debe ocupar una posición central en cualquier estrategia destinada a combatir el sinhogarismo, ya que evitar la exclusión residencial es la forma más eficaz de proteger los derechos de las personas.
Durante la jornada, también se ha presentado un documento de trabajo que debe servir de base para impulsar el Acuerdo de país para el abordaje del sinhogarismo. El documento, que está abierto a las aportaciones del resto de actores implicados, sitúa el año 2035 como la fecha en la que debería haberse erradicado el sinhogarismo en Catalunya. La propuesta reclama una mayor implicación de todas las administraciones, una dotación económica suficiente y una gobernanza coordinada que permita superar las desigualdades territoriales existentes.
La institución seguirá trabajando con las administraciones y los agentes sociales para convertir los consensos alcanzados en actuaciones concretas que permitan avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa con la dignidad y los derechos de todas las personas.
