Las administraciones catalanas obtienen una valoración media de 70/100 en transparencia
En el último año han aceptado y cumplido 27.229 recomendaciones de la institución del Síndic de Greuges de Cataluña relacionadas con la publicidad activa y el acceso a la información pública
La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy los resultados del índice de transparencia de Cataluña (ITC), que se calcula a partir de dos indicadores: el índice de evaluación del derecho de acceso a la información pública (IADAIP), que evalúa cómo las administraciones garantizan el derecho de las personas a acceder a la información pública, y el índice de publicidad activa (IDPAC), que analiza cómo las administraciones cumplen con su obligación de publicar en sus portales de transparencia ciertos documentos sobre sus actuaciones.
Después de publicar los resultados del IADAIP en mayo, se publican hoy los resultados de publicidad activa (IDPAC) y del índice global de transparencia (ITC). Los valores de los tres indicadores para las administraciones evaluadas se pueden consultar en una web interactiva que permite comparar los datos entre administraciones similares.
De acuerdo con la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la institución del Síndic de Greuges es el órgano competente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las administraciones y entidades públicas de Cataluña.
Principales resultados del ITC
Se han evaluado 1.022 administraciones y entes públicos (Generalitat de Cataluña, administración local, universidades y organismos estatutarios y de control y supervisión) y la puntuación media ha sido de 70 sobre 100.
Los datos muestran una realidad muy diversa. Por un lado, los departamentos de la Generalitat obtienen puntuaciones muy elevadas, en su mayoría por encima de los 98 puntos. Por otro lado, en el ámbito local se observan diferencias muy importantes: algunos ayuntamientos y entes supramunicipales superan los 90 puntos, pero numerosas entidades se sitúan por debajo de los 60 puntos.
Los ayuntamientos han obtenido una puntuación media de 69 y, en función de la población, los municipios de más de 50.000 habitantes son los que han obtenido mejores resultados (83). A continuación presentamos los ayuntamientos con mejores datos:
Municipios de más de 50.000 habitantes: 82,7
Municipios de 20.001 a 50.000 habitantes: 75,1
Municipios de 5.001 a 20.000 habitantes: 66,6
Municipios rurales y rurales de atención especial de 501 a 5.000 habitantes*: 70,44
Municipios no rurales de 501 a 5.000 habitantes: 65,16
Municipios de menos de 500 habitantes 67,5
*Tanto en el ámbito de publicidad activa como de derecho de acceso, se han elaborado dos guías: una para municipios rurales y municipios rurales de especial atención, y otra para municipios no rurales.
Metodología utilizada
El ITC es el resultado de la media entre el IADAIP y el IDPAC. Para el cálculo del IADAIP, desde el año 2021 se utiliza una metodología basada en la técnica del solicitante oculto, que permite evaluar a las administraciones públicas desde que reciben una solicitud real de acceso a la información pública hasta que emiten su resolución.
Para el cálculo del IDPAC, se valoran los contenidos normativos obligatorios publicados (70 %) y la calidad de los sitios web de transparencia (30 %), y se analizan aspectos como la accesibilidad, la estructura de la información, la interoperabilidad y la reutilización de los datos.
En ambos indicadores se apuesta por la mejora continua y, por ello, se permite que las administraciones revisen los resultados provisionales e introduzcan las correcciones y mejoras que consideren convenientes. La finalidad es el impulso de la transparencia y que los datos sean más completos, accesibles y útiles para las personas. Esto se logra mediante informes individualizados que identifican tanto los puntos fuertes como los ámbitos de mejora de cada administración.
Margen de mejora
De acuerdo con la evaluación de 2025, las administraciones han aceptado y cumplido 27.229 recomendaciones trasladadas por la institución durante el período de alegaciones. Pero más allá de las cifras, cada recomendación aceptada e incorporada representa un paso adelante para garantizar una administración más abierta, más accesible y más cercana a las personas. En palabras de la síndica, "la transparencia no es solo una obligación legal, sino una herramienta esencial para generar confianza en las instituciones, reforzar la rendición de cuentas y mejorar la calidad de los servicios públicos”.