Cuando los acogimientos de urgencia se alargan en el tiempo, es necesario que los niños puedan permanecer con las familias de acogimiento como primera opción
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha comparecido hoy en el Parlamento para exponer su punto de vista sobre la proposición de ley para modificar la Ley 14/2010, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia; concretamente, en relación con la regulación del acogimiento preadoptivo.
Durante su comparecencia, la síndica ha puesto el foco en la necesidad de garantizar que todas las decisiones que afectan a niños tutelados se tomen siempre teniendo en cuenta su bienestar, especialmente en aquellos casos en los que se han establecido vínculos afectivos sólidos con las familias que les han acogido durante largos períodos de tiempo. En este sentido, la propuesta legislativa que se debate incorpora un nuevo apartado en su artículo 147 para que, cuando un niño ya esté acogido en una familia, esta tenga prioridad para convertirse en familia de acogimiento preadoptivo, siempre que esta opción sea compatible con las necesidades del niño.
La posición de la síndica
La síndica ha recordado que esta es una cuestión sobre la que la institución se ha pronunciado reiteradamente en los últimos años, tanto en su informe monográfico sobre la desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia como en el informe anual de infancia de 2024. En ambos documentos se defendía que, cuando los acogimientos de urgencia y diagnóstico se alargan en el tiempo, debe valorarse que las familias acogedoras puedan convertirse en adoptivas si así lo desean.
Según la síndica, una medida positiva como el acogimiento de urgencia puede acabar generando situaciones de maltrato institucional por el efecto que tiene en el bienestar de los niños la ruptura del vínculo emocional creado con las familias acogedoras después del tiempo de convivencia. Por este motivo, considera que cuando un acogimiento de urgencia se alarga de forma significativa y la familia acogedora está dispuesta a seguir haciéndose cargo del niño, esta opción debe ser valorada de forma preferente.
Según la síndica, la ley debería especificar que las familias acogedoras tienen prioridad especialmente cuando el niño haya convivido con ellas durante más de doce meses. Este es el límite temporal que varios expertos consideran especialmente relevante para evitar perjuicios en el desarrollo emocional de los niños derivados de la ruptura de los vínculos de apego. Y sobre todo, Giménez-Salinas ha insistido en que, para cualquier decisión, siempre deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto y, sobre todo, el bienestar y las necesidades de cada niño.
En los casos en que finalmente se produzca un cambio de familia, la síndica también defiende que los niños deben disponer de un proceso de adaptación progresivo, respetuoso con sus tiempos y necesidades. Igualmente, considera imprescindible que puedan mantener su relación con la familia que les ha acogido cuando esto sea beneficioso para su desarrollo, y que esta posibilidad no dependa exclusivamente de la voluntad de las futuras familias adoptivas.
La comparecencia de hoy también ha servido para poner de manifiesto la preocupación de la institución por las situaciones en las que los acogimientos de urgencia, previstos legalmente por una duración máxima de seis meses, se alargan mucho más tiempo: de los 104 acogimientos de urgencia y diagnóstico vigentes, 63 superan los seis meses. Estas circunstancias pueden provocar que niños que han vivido desde el nacimiento o durante años con una misma familia sean trasladados posteriormente a otra familia para formalizar su adopción.
La síndica considera que el sistema de protección debe minimizar estos cambios y preservar, siempre que sea posible, los vínculos afectivos positivos que los niños han construido a lo largo del tiempo.