El Síndic constata que han existido indicadores claros del riesgo que afectaban a Alba y que no han sido observados e interpretados adecuadamente.
También se evidencia una carencia de coordinación y una ausencia de dirección de la responsabilidad protectora por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA).
La resolución del Síndic no sólo trata de este caso sino que hace referencia a varios aspectos críticos del funcionamiento del sistema y de los procesos de protección. A mediados de marzo, el Síndic se dirigió a los departamentos de Bienestar y Familia, Salud, Educación, Interior y Justicia, al Ayuntamiento de Montcada i Reixac, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a la presidenta y al fiscal en cabeza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Delegación del Gobierno en Cataluña, para pedir información sobre su actuación y sobre sus proyectos para mejorar el funcionamiento y coordinación del sistema de protección de la infancia, sobre todo en casos de maltratos. El Síndic ha elaborado el documento con la información recibida de estas administraciones y con varias entrevistas con profesionales de los diferentes sistemas de protección, que han permitido encontrar algunas primeras claves de valoración y propuesta. El informe repasa la actuación de las diferentes administraciones en el caso de Alba pero también hace una serie de recomendaciones por mejorar los sistemas de protección de los niños y la coordinación de los diferentes órganos implicados.