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El Síndic reclama el acceso universal a Internet por banda ancha para evitar la fractura digital

28/06/2006

En la presentación a la prensa del informe extraordinario: "El acceso a Internet mediante la conexión de banda ancha: un derecho que es preciso universalizar" , Rafael Ribó ha pedido "un esfuerzo decidido" para extender la conexión a la red de alta velocidad en toda Cataluña. [28/06/2006] 

La petición también se ha remitido al Defensor del Pueblo Europeo ya que coincide en un momento en que la Comisión Europea está debatiendo la modificación de las normas sobre telecomunicaciones y el alcance del servicio universal.
La regulación como servicio universal, básico y esencial permitiría a todo el mundo, con independencia de donde trabajase o residiese, acceder a una conexión de banda ancha a precios asequibles y con una mejor protección en la accesibilidad y calidad en el servicio.
También abriría la puerta a mejorar la regulación específica y poner fin a muchos de los abusos que están sufriendo hoy los usuarios de estos servicios en manos de las compañías suministradoras.
El defensor de las personas ha instado a los poderes públicos a hacer "un esfuerzo decidido" para que toda Cataluña tenga acceso a Internet por banda ancha, para evitar la fractura digital y asegurar la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Quejas de mal servicio en el territorioA pesar de que la Generalitat inició en el 2003 un proyecto de extensión de la banda ancha a todos los municipios de más de 100 habitantes, las quejas recibidas ponen de manifiesto los atrasos en la ejecución del proyecto y las dificultades de cobertura.
Las comarcas del Pirineo concentran la mayoría de estas quejas pero continúa habiendo problemas en otros lugares, como por ejemplo, poblaciones situadas a sólo 50 kilómetros de Barcelona.
Para valorar y supervisar la implantación de este proyecto, el Síndic tiene abierta una actuación de oficio que plantea tanto el grado de cobertura conseguido como el funcionamiento del servicio, la fijación de precios que tienen que pagar los usuarios y los instrumentos establecidos para la protección de sus derechos.

Esta actuación se inició partiendo del convencimiento de que si ya hace bastantes años la electrificación actuó como elemento de cohesión territorial, hoy el acceso a las nuevas tecnologías de la información es un factor esencial para el crecimiento demográfico y económico de las zonas alejadas de las concentraciones urbanas.

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