El Síndic de Greuges se ha dirigido a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que valore la posibilidad de paralizar el proceso de desahucio del piso donde vive una persona discapacitada de Cornellà. El Defensor de las personas pide que esta parada sea efectiva hasta que se resuelva el recurso presentado contra la sentencia judicial que insta al desahucio.
En el apartado de fundamentos jurídicos de la sentencia judicial recurrida se hace mención de que una persona afectada con un grado de minusvalía del 65% no puede ser objeto de un desahucio cuando se trate, como es el caso, de contratos de renta antigua que finalizan por haber transcurrido su vigencia.
Durante el juicio, el afectado no pudo acreditar su discapacidad puesto que no se le designó abogado de oficio hasta cuatro días antes de la vista, dos de los cuales eran festivos.