Pese al anuncio hecho por la Generalitat de que dictaría una orden para exigir que todos los centros tengan una autorización, actualmente no existe ninguna administración pública que asuma el control y la supervisión del funcionamiento de dicho tipo de recursos. Ribó ha hecho estas consideraciones durante la presentación del Informe 2006 en el Pleno del Parlamento.
Muchos de estos centros tienen licencias de actividades diversas pero en realidad funcionan como verdaderas guarderías con nombres como ludotecas y sin ninguna supervisión educativa. Para Ribó, esta falta de supervisión coloca a los niños y sus familias en una situación de desprotección. Esta circunstancia infringe claramente un derecho, reconocido en la Convención de los Derechos de la Infancia, en el sentido de que la Administración tiene que asegurar que los servicios y los equipamientos responsables de la atención a los niños cumplan las normas establecidas y que se haga una supervisión profesional. La situación es especialmente grave, dado que han llegado al Síndic algunos casos en que se han denunciado posibles maltratos a niños. Este vacío legal dificulta su investigación y la actuación de la Administración.