Esta diversidad de actuaciones pone en peligro el principio constitucional de seguridad jurídica y provoca desigualdades en función del municipio de residencia. Ribó, acompañado de la adjunta Laura Díez, ha presentado hoy en comisión al Parlamento el informe extraordinario "La gestión municipal del empadronamiento de los inmigrantes", que había entregado a la cámara el pasado mes de enero.
El Informe se basa en los resultados de un cuestionario respondido por 70 ayuntamientos, elaborado por la Fundación Carles Pi i Sunyer por encargo del Síndic sobre la gestión del padrón municipal en relación con los inmigrantes.
Para acabar con esta diversidad, el Síndic recomienda una legislación común y unificar los criterios utilizados por los ayuntamientos.
Ésta unificación de criterios permitiría a los inmigrantes conocer las expectativas de derecho que tienen en sus relaciones con el padrón municipal, y evitar al mismo tiempo las situaciones de desigualdad actuales. El padrón en los casos de sobreocupación de vivienda o de infraviviendas
El Síndic recuerda a los responsables municipales que el padrón tiene que reflejar al máximo la realidad del censo de personas que viven en el domicilio y que por lo tanto se tendrían que evitar prácticas como el uso del padrón como instrumento para tratar la sobreocupación de viviendas.
Todos los ayuntamientos encuestados en el informe han puesto en marcha algún mecanismo previo y una cuarta parte toman medidas posteriores al empadronamiento para luchar contra el fenómeno de la sobreocupación y las viviendas en mal estado.