El objetivo del Síndic es averiguar las posibles responsabilidades, dar garantías de defensa de los derechos de los trabajadores, de las personas que visitaron la central en los días posteriores a la fuga y de las que residen cerca, y ayudar a encontrar vías de más gran colaboración entre las administraciones en situaciones como las que se van producir.
Puesto que las competencias en seguridad nuclear son de ámbito estatal, el Síndic se ha dirigido al Defensor del Pueblo para ver si tiene previsto iniciar ninguna actuación, y si no fuera así, sugerirle que lo haga.
También se ha pedido a los departamentos de Medio Ambiente, Salud, Educación y Economía y Finanzas, que hagan llegar la información que disponen sobre el incidente en sus ámbitos respectivos de actuación y a los ayuntamientos de la zona: Ascó, Vinebre, La Torre de l'Espanyol y Garcia que valoren la información que han recibido en este caso.
El incidente, consistente en una fuga de partículas radioactivas, tuvo lugar en la Central Nuclear de Ascó en noviembre de 2007.