El Código de buenas prácticas administrativas es una propuesta del Síndic a las administraciones públicas como institución a la que el Estatuto encomienda la defensa de los derechos, a fin de proteger y defender el derecho a la buena administración, recogido en el artículo 30 del Estatuto.
Para el Síndic, una buena administración es la que informa, la que escucha y la que responde, la que actúa de forma transparente, la que impulsa la participación de los ciudadanos, la que gestiona con rigor y la que asume plenamente sus responsabilidades.
Este código puede motivar la publicación de cartas de servicios por parte de todas las administraciones. De esta manera todas las personas sabrían qué derechos tienen y a qué se compromete cada uno. La ciudadanía adquiere más información y más calidad de servicio público, a la vez que las administraciones mejorarían sus prestaciones.
Contiene principios dirigidos a las administraciones públicas para hacer efectivo el derecho a la buena administración. Para elaborarlo se ha tenido en cuenta el Código de buena conducta administrativa del Defensor del Pueblo Europeo. Se completa con una recopilación de buenas prácticas derivadas de las resoluciones dictadas por el Síndic a lo largo de los últimos 25 años para combatir las prácticas contrarias a la buena administración.