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El Síndic recibe 11 quejas y 12 consultas en la visita a Salt
Los temas más destacados de las quejas y consultas han sido medio ambiente, urbanismo y servicios sociales.
La oficina del Síndic se ha desplazado hoy a Salt para atender directamente las quejas y consultas de los habitantes de esta localidad.
Rafael Ribó y miembros de su equipo, entre ellos el adjunto general, Jordi Sànchez, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes, Maria Jesús Larios, han visitado el parque hospitalario Martí i Julià, las dependencias de la Policia Local i la Oficina d'Atenció a la Víctima de los Mossos d'Esquadra. El síndic tambien se ha entrevistado con la alcaldesa de la localidad, Iolanda Pineda, ha visitado el CEIP La Farga i la Sección de Educación Secundaria (SES) de Salt, el Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE), y se ha reunido con el Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals (GRAMC) de Girona.
En total, los miembros del equipo del Síndic han recibido 21 visitas, que se han materializado en 11 quejas y 12 consultas.
En cuanto a las actuaciones procedentes de los habitantes de Salt, el Síndic inició, el pasado año 2009, 36 actuaciones (8 quejas y 28 consultas). De momento, en el 2010 se han realizado 17 actuaciones (3 quejas y 14 consultas). Las quejas registradas el 2009 hacian referencia al acceso a la educación, los procesos de acogida y adopción, la lentitud en l'administración de justícia, las ayudas a la vivienda, y a cuestiones relacionadas con tributos y pensiones contributivas.
Desde 1996, la oficina del Síndic ya ha efectuado 92 desplazamientos por el territorio de Cataluña; 57 durante el mandato del síndic Ribó. El desplazamiento anterior a Salt fue Gavà. Ésta es la tercera ocasión en la que el Síndic traslada su oficina a la comarca del Gironès, dónde ya ha visitado la capital en dos ocasiones. En noviembre de 1996, en el primer desplazamiento de la oficina fuera de Barcelona, y en junio de 2007.
Además, el equipo del Síndic se ha desplazado hasta Roses para firmar con el consistorio un convenio de atención singularizada para impulsar la defensa de los derechos en el ámbito local.
