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El Parlament designa a los miembros del Consejo Asesor del Síndic para la Prevención de la Tortura

29/07/2010

Con la elección de los doce miembros la Cámara catalana da un paso adelante en la puesta en marcha de este mecanismo de control, previsto en la Ley del Síndic de diciembre de 2009. El Consejo tiene la misión de asistir al Síndic en el ejercicio de sus funciones como Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura y otros Tratamientos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Los miembros designados son Lídia Condal y Pedro Yúfera, propuestos por los colegios profesionales de abogados; Mariona Creus y Miquel Vilardell, por parte de los colegios profesionales del ámbito de la salud; Sabina Puig, Olga Casado, Eva Labarta y Joan Merelo-Barberà, a propuesta de las ONG de defensa de los derechos humanos; Santiago Redondo y Victòria Camps, propuestos por los centros universitarios de estudios sobre derechos humanos y José Maria Mena y Jaume Saura, profesionales con experiencia en la prevención de la tortura y en el trabajo con personas privadas de libertad.

Entre las competencias de este nuevo órgano asesor del Síndic, destacan las de formular propuestas de actuación al Síndic de Greuges, incluida la realización de visitas preventivas a espacios concretos en que se encuentren personas privadas de libertad,  emitir informe sobre las cuestiones que el Síndic le plantee y proponer dos de sus integrantes como miembros del Equipo de Trabajo del Síndic de Greuges para la Prevención de la Tortura y otros Tratamientos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El síndic, Rafael Ribó, ha celebrado la designación del nuevo Consejo Asesor y el hecho de que las instituciones catalanas desarrollen las previsiones de este mecanismo de control de forma rápida y decidida.

El Mecanismo de Prevención de la Tortura emana de un protocolo de las Naciones Unidas, firmado por el Estado español, que prevé la creación de un mecanismo o mecanismos descentralizados para combatir la tortura y otros tratamientos o penas crueles, inhumanas o degradantes.  El objetivo de este protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas por parte de órganos internacionales y nacionales independientes a los centros donde existan personas privadas de libertad.

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