Se ha dirigido a los diferentes grupos del Parlamento para que estudien la posibilidad de presentar ante las Cortes españolas una propuesta de modificación legislativa a fin de reducir la estancia ilegal de los ocupantes dentro de las viviendas.
Los casos de ocupación ilegal de viviendas se tramitan de acuerdo con la actual regulación vigente de procedimiento abreviado. Aún siendo más ágil que el procedimiento ordinario, la tramitación se alarga en el tiempo durante meses. Gracias a los juicios rápidos se reducirían los plazos y al tiempo no se tendría la sensación de impunidad sobre este tipo de acciones.
La ocupación ilegal de la vivienda tiene su tratamiento penal en las figuras delictivas de violación de domicilio y usurpación y, en la mayoría de casos, cumple con los requisitos para ser tramitados de manera rápida. Estos requisitos son que el proceso se incoe a través de un atestado policial, que la policía judicial pueda detener o citar a una persona como denunciada, que se trate de delitos flagrantes y que se prevea una instrucción sencilla del caso.