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El Síndic investigará la actuación de la administración en la problemática de las ejecuciones hipotecarias
Situaciones como las vividas en Badia del Vallès en que se han vendido viviendas de protección oficial a un precio muy superior al precio tasado, han puesto de manifiesto una falta de coordinación y de control por parte de la Administración respecto a las transmisiones de viviendas de protección oficial, y evidencian casos en los que el ciudadano no dispone de una información clara y comprensible a la hora de contratar un crédito hipotecario.
A pesar de que una buena parte del problema es de índole privada entre las entidades financieras y las personas que firmaron el crédito hipotecario, en la medida que el derecho a la vivienda es un derecho estatutario y constitucional, el Sindic quiere estudiar qué medidas está tomando la Administración al respecto.
El Síndic se dirigirá al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para solicitar información sobre las actuaciones y medidas que ha emprendido para abordar esta cuestión.
En el caso concreto de las viviendas de protección oficial se trataría de estudiar propuestas de mejora en lo que concierne a la coordinación entre los agentes implicados en las transmisiones de las viviendas y establecer los mecanismos que eviten vulnerar la normativa.
En la medida que el derecho a la vivienda es un derecho estatutario y constitucional, el Síndic parte de la premisa que la problemática de los desahucios en general, fruto de la crisis y de las cargas hipotecarias, es especialmente grave para aquellos que no pueden hacer frente quedándose en posible situación de exclusión.
