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El Síndic sugiere al Ayuntamiento de Barcelona anular las liquidaciones de recogida de residuos que se aplican a los trabajadores por cuenta propia sin estructura empresarial
El Síndic ha emitido una resolución sobre los profesionales que trabajan por cuenta propia sin ninguna estructura empresarial, sugiriendo que les corresponde pagar una tasa por el servicio de recogida de residuos que generan, en la mayoría de casos escasos o nulos, y no un precio público, que actualmente tiene una cuota mas alta y un IVA del 8%.
Ha sugerido también adecuar la norma municipal reguladora de modo que se gradúe el volumen de residuos gravable en actividades profesionales no asimilables a comercios e industrias. Esta graduación del volumen de residuos tendría que ser acreditable por criterios reales y directos, y no meramente indiciarios como sucede en la actualidad, ya que atenta contra los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica.
En los últimos meses se han recibido diversas quejas respecto a las liquidaciones practicadas por el Instituto Municipal de Hacienda por el precio público de recogida de residuos sólidos, presentadas por profesionales que trabajan por cuenta propia, sin ninguna estructura empresarial, y que en la mayoría de casos se dedican a la traducción de textos, diseño gráfico o tareas relacionadas con actividades audiovisuales, los cuales sólo precisan de un ordenador y una papelera. Asimismo, todos ellos son gravados con un precio público como generadores de residuos sólidos comerciales, concepto medioambiental con el que no se pueden identificar y que es utilizado por comercios e industrias.
Las quejas también han hecho referencia al hecho de que, en algunos casos, se les ha liquidado hasta cuatro ejercicios fiscales de forma retroactiva, con su IVA correspondiente. Pese a que esta práctica sea correcta desde un punto de vista legal, el Síndic determina que se trata de una negligencia administrativa, que puede causar también evidentes perjuicios económicos a unos profesionales a quienes la crisis económica afecta de manera importante.
El Síndic también se ha pronunciado sobre el hecho de que se aplique una reducción del 10% del precio público a aquellos profesionales que pertenecen a un colegio profesional, hecho que provoca una discriminación fiscal a las personas no colegiadas.
El Síndic también ha dirigido una serie de preguntas al Ayuntamiento después de que en el pleno municipal del pasado 4 de febrero se abordase esta problemática, tales como si se previó el posicionamiento contrario de los ciudadanos afectados teniendo en cuenta que ya tuvieron la misma reacción en el año 2004 cuando se implantó este precio público, cuáles serán los criterios de modificación del precio público para eximir de éste a aquellas personas que trabajen de forma individual en su domicilio, y cómo se articularán los aplazamientos de las liquidaciones de cuatro años que se están llevando a cabo.
