El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, el presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia, Arseni Gibert y el director de la Agencia Catalana del Consumo, Alfons Conesa, han firmado un protocolo de colaboración para impulsar acciones conjuntas que garanticen la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y la competencia efectiva en los mercados.
Según el protocolo, las tres partes intercambiarán información para tratar temas que, por su frecuencia o repercusión, afectan de forma negativa a un número considerable de consumidores o usuarios y que, por tanto, pueden distorsionar el funcionamiento concurrencial de los mercados.
El acuerdo también prevé que las tres instituciones cooperen en la elaboración de estudios y programas de formación, en la organización de jornadas de divulgación y sesiones informativas y en la publicación en los respectivos webs o folletos informativos de contenidos relativos a las actividades impulsadas por las otras dos instituciones.
Además, los tres organismos se han comprometido a colaborar en materia de estudios, conocimientos y asesoramiento respecto a las actuaciones llevadas a cabo respectivamente y a intercambiarse información sobre aspectos que puedan ser útiles para las funciones de cada una.
Así, una de las primeras actuaciones conjuntas que llevarán a cabo los tres organismos es la convocatoria de una sesión de trabajo a finales de septiembre de 2012 con las principales empresas que prestan servicios de interés general en Cataluña, como electricidad, gas, agua, telefonía etc. Este es uno de los sectores en los que existe una mayor problemática en el ámbito de la atención al cliente. El objetivo final de esta sesión es precisamente encontrar soluciones sobre aspectos no resueltos de los servicios de atención a los clientes.
Para coordinar esta colaboración se ha creado una comisión de trabajo formada por un mínimo de dos miembros de cada institución, que se reunirá periódicamente. El protocolo, que tiene una vigencia de un año prorrogable, no comportará ningún gasto extra para ninguna de las partes.
Los máximos representantes de las tres instituciones han comunicado personalmente a la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, las diversas actuaciones de colaboración que prevé el protocolo.