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El Síndic propone incluir en el ordenamiento jurídico español un sistema gratuito de reestructuración de deuda hipotecaria
Rafael Ribó ha recomendado a los grupos parlamentarios del Congreso con representación en Cataluña la necesidad de regular un sistema gratuito de reestructuración de deudas que priorice los acuerdos amistosos, incluya las deudas hipotecarias para la adquisición de vivienda principal y, a largo plazo, permita liberar a los consumidores de la deuda remanente.
Estas consideraciones son la continuación de una actuación de oficio llevada a cabo a finales del año 2011 y que culminó con la presentación en el Parlamento de Cataluña de una propuesta de medidas para un sistema de reestructuración de deudas hipotecarias.
La propuesta fue el fruto del consenso alcanzado por una comisión liderada por el propio síndic, y formada por representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Colegio de Abogados, del Colegio de Notarios, de Cáritas Diocesana de Barcelona y de Ofideute (Generalitat de Cataluña). Representantes de las entidades financieras también colaboraron con este grupo de trabajo.
En concreto, el Síndic recomendaba difundir los servicios de Ofideute y de Cáritas, establecer modificaciones fiscales e introducir en el ordenamiento jurídico un sistema de reestructuración de deudas en caso de sobreendeudamiento. Esta última recomendación ha sido analizada en profundidad por parte del Síndic en el informe que ahora presenta, que también ha sido consensuado por el citado grupo de trabajo.
Actualmente, el ordenamiento jurídico español no prevé ningún sistema especial de protección de las economías familiares o domésticas que, por causas imprevistas, se encuentren en una situación de sobreendeudamiento, con riesgo de perder su vivienda. Así, y de acuerdo con la Constitución, el Síndic propone la regulación de un sistema gratuito de reestructuración de deudas para los consumidores que de buena fe se vean, por causas sobrevenidas y ajenas a su voluntad, en una situación de imposibilidad actual o previsible de hacer frente a los pagos de estas deudas y mantener unas condiciones de vida digna.
Según el Síndic, aunque esta regularización debería primar el arreglo amistoso mediante un plan de reestructuración negociado por una comisión de carácter administrativo, también se debe prever la intervención del juez civil competente, por si no se llega a un acuerdo. Además, el plan de reestructuración debería incluir las deudas hipotecarias por la adquisición de vivienda principal y, mientras no se llegue a acordar el plan, se ha de prever la suspensión de las ejecuciones hipotecarias.
Finalmente, el Síndic recomienda que, para dar una segunda oportunidad a los consumidores que se vean en una situación de sobreendeudamiento, se debe prever que, una vez transcurrido un período determinado de años de vigencia del plan de reestructuración durante los que el consumidor ha cumplido las condiciones de dicho plan, se le pueda liberar de la deuda pendiente.
Puesto que esta materia excede del ámbito de la mediación y afecta a la regulación de las bases de las obligaciones contractuales, la competencia es estatal. Por este motivo, el Síndic ha reunido en la sede de la institución a algunos representantes de los partidos catalanes presentes en el Congreso. Así, han participado en el encuentro los diputados Antoni Picó (CiU); Joan Rangel (PSC); Daniel Serrano (PP); Joan Coscubiela (ICV) y Alfred Bosch (ERC).
Como representantes de la comisión creada por el Síndic ha asistido Carme Trilla i Pilar Carrasco, por parte de Cáritas; Jesús Sanchez y Josep Guiu, del Colegio de Abogados de Barcelona; Jaume Forn, director general de la Agencia de la vivienda de Cataluña; Carles Sala, secretario de vivienda y mejora urbana de la Generalitat de Cataluña y Josep M. Puig, de la Fundación Família i Benestar.
