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El Síndic propone que se dote a la SAREB de un parque de viviendas sociales, y se cree la comisión de evaluación del sobreendeudamiento
Los legisladores europeos y españoles están estableciendo un marco de saneamiento de carácter contable y financiero para las entidades financieras intervenidas por la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB).El Síndic propone que se impulsen urgentemente medidas normativas orientadas tanto a destinar estos inmuebles a finalidades sociales como a evitar nuevos desahucios.
- Que se cree la Comisión de Evaluación del Sobreendeudamiento, que de manera vinculante, elabore para cada caso particular un plan de reestructuración de la deuda que permita la conciliación entre el deudor y su creditor.
- Que en los casos de personas en una situación de precariedad social y que se encuentran en situación objetiva de sobreendeudamiento el creditor aplique las mismas rebajas en la deuda que se han previsto para la transferencia de viviendas de instituciones financieras a la SAREB.
- Que se destine a alquiler social el 30% de los inmuebles de la SAREB.
El Síndic de greuges, Rafael Ribó, considera que la constitución de la SAREB nos sitúa ante una oportunidad histórica de destinar a alquiler social parte de los inmuebles obtenidos a bajo coste por esta sociedad.
Las entidades bancarias intervenidas tendrán que traspasar a la SAREB el 90% de sus activos, integrados esencialmente por suelos e inmuebles hipotecados y recuperados por las entidades financieras de promotores que no han completado el retorno de los préstamos, inmuebles hipotecados recuperados de particulares, y préstamos hipotecarios a promotores inmobiliarios para promociones de vivienda o para compra de suelo.
El Síndic, que ve imprescindible que se abra un debate inmediato sobre todas estas cuestiones, ha enviado al Congreso de los Diputados del Estado español, a través del presidente de la cámara, Jesús Posada, un informe con consideraciones y recomendaciones.
El Síndic también ha recomendado medidas fiscales para incentivar acuerdos entre deudores y acreedores, la regulación de un sistema de reorganización de deudas en casos de sobreendeudamiento y la introducción de cambios normativos y compensaciones para eximir de la plusvalía municipal en los casos de pérdida de la vivienda habitual.
