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El Síndic pide a la Defensora del Pueblo que actúe ante las inyecciones de gas en el Delta del Ebro

02/10/2013

Proyecto Castor (c)Google

A raiz de los movimientos sísmicos ocurridos en la zona desde principios de septiembre, el Síndic considera imprescindible que la Administración valore el impacto del proyecto Castor. Además, pide que se detengan las inyecciones de gas en el Delta del Ebro hasta que se hayan certificado los riesgos.

El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio para aclarar las causas de los movimientos sísmicos ocurridos en la zona del Delta del Ebro desde principios de septiembre. Puesto que están posiblemente relacionados con las inyecciones de gas llevadas a cabo en el almacén submarino situado frente a la localidad de Vinaròs, en el marco del proyecto Castor, el Síndic también ha alertado sobre las consecuencias y los riesgos de estas actividades tanto para las personas como para el medio ambiente.

Considerando los terremotos que se han producido en fechas posteriores al 28 de septiembre, cuando, a instancia de la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Industria ordenó a la empresa ejecutora del proyecto (ESCAL UGS) que detuviese las inyecciones, el Síndic interpreta que la paralización no se ha llevado a cabo de manera adecuada.

Con motivo de los posibles riesgos que este proyecto puede comportar y de la alarma creada entre la población afectada, el Síndic considera necesario que:

1) Se tomen las medidas oportunas para garantizar que el proyecto Castor se paraliza de forma preventiva mientras se realizan estudios para determinar sus consecuencias.

2) La Administración investigue el impacto medio ambiental del proyecto.

3) En caso que se determine que existe un riesgo, tanto para las personas como para el entorno, el proyecto se paralice definitivamente.

4) Se informe a los municipios afectados y a los órganos competentes de la Generalitat de las investigaciones y de sus resultados, con la máxima transparencia.

El Síndic ha trasladado estas consideraciones a la Defensora del Pueblo, que es quien tiene competencia ante el Ministerio de Industria, para que lleve a cabo las actuaciones oportunas e investigue el caso. También se dirigirá a la Generalitat de Cataluña, para solicitarle información sobre sus actuaciones, y al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, ya que municipios de Castellón también están afectados por el proyecto.

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