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El Síndic recomienda combatir activamente desde las instituciones la pobreza energética
Rafael Ribó propone una “tregua invernal” a los cortes de luz, gas y agua por impago para las personas en riesgo de exclusión.
Se propone establecer un precio social para el butano y apostar por las tarifas progresivas de agua.
Crear una comisión de trabajo, difundir la información sobre ayudas y bonificaciones, implicar a la red de viviendas de inclusión social e impulsar actuaciones educativas para el ahorro energético, son algunas propuestas de posible aplicación inmediata.
En el marco de una actuación de oficio para analizar el creciente fenómeno social de la pobreza energética en Cataluña, el Síndic ha elaborado un informe en que constata la falta de una política pública relativa a esta nueva realidad que permita abordarla desde una perspectiva global, transversal y coordinada.
Aunque no se puede cuantificar cuidadosamente el número de personas afectadas ni saber sus características, la pobreza energética es el resultado de tres factores: el bajo nivel de renta, la calidad insuficiente de la vivienda y los elevados precios de los suministros básicos (electricidad, gas y agua).
La Encuesta de Condiciones de Vida (IDESCAT, 2011) indica que esta problemática afecta a 193.000 hogares (500.000 personas aproximadamente), un porcentaje de hogares inferior al que la Unión Europea califica como hogares con pobreza energética por la UE-27.
A partir de la documentación aportada, de las reuniones mantenidas con las administraciones, empresas suministradoras y organismos implicados y de las experiencias de países como el Reino Unido o Francia, el Síndic ha recomendado que se adopten un conjunto de medidas para combatir la pobreza energética en Cataluña.
Una de las propuestas consiste en establecer una tregua invernal que determine la no-interrupción de los suministros por impago durante el periodo invernal para las personas en situación de pobreza energética. Asimismo, el Síndic recomienda alcanzar acuerdos por parte de las empresas suministradoras con las personas afectadas para que puedan fraccionar durante el resto del año el pago de todas o de una parte de las facturas correspondientes al periodo invernal. Además, propone limitar la interrupción de los suministros a las personas o unidades familiares con unos ingresos inferiores al IRSC (Indicador de renta de suficiencia de Cataluña).
