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El Síndic propone que se garantice por ley un nivel básico de bienestar infantil
Recuerda que los nuevos protocolos para detectar casos de malnutrición se han creado a partir de la denuncia del Síndic sobre los déficits en la renta mínima de inserción y las ayudas de comedor escolar.
Recomienda políticas de sensibilización y difusión para potenciar el acogimiento en familia.
Solicita medidas para garantizar plenamente la aplicación del principio de educación inclusiva de los alumnos con necesidades educativas especiales.
El síndic de greuges y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños, que han comparecido en la Comisión de Infancia del Parlamento de Cataluña para presentar y debatir el último Informe anual sobre los derechos del niño y el Informe extraordinario sobre el seguimiento del acogimiento infantil en famlia, han insistido en la necesidad que los poderes públicos desarrollen normativamente el derecho de los niños a un nivel de vida adecuado.
Así, han propuesto que se establezcan criterios para determinar cuál es el nivel básico de bienestar material de los niños y adolescentes y, en consecuencia, que establezcan ayudas y prestaciones de carácter público y garantizado que aseguren este nivel.
Durante la comparecencia han repasado las actuaciones más destacadas llevadas a cabo por la institución durante el último año. Una de les que ha tenido más repercusión ha sido el Informe sobre malnutrición infantil, que pone de manifiesto cómo las situaciones de alta precariedad económica en familias con hijos condicionan y vulneran algunos derechos básicos, llegando incluso a la vulneración del derecho a una alimentación adecuada.
En este sentido, el síndic y la adjunta han recordado que la denuncia sobre los riesgos de malnutrición infantil ha servido para que la Administración elabore protocoles para detectar y hacer el seguimiento de posibles situaciones de alimentación insuficiente en niños y jóvenes escolarizados a partir del curso escolar 2013/2014, en colaboración con los ayuntamientos y los consejos comarcales.
Han constatado, sin embargo, en lo que respecta a los niños en situación de pobreza, que el derecho a la alimentación no es el único derecho vulnerado. Otras situaciones como el derecho a un nivel de vida adecuado, afectado por las carencias de las viviendas o las insuficiencias en los servicios sociales para efectuar una tarea de acompañamiento a las familias para prevenir situaciones de riesgo, también son supuestos que cabe destacar.
En este sentido, las modificaciones normativas y los problemas de gestión de la renta mínima de inserción (RMI) tienen un impacto negativo en el derecho del niño a un nivel de vida adecuado. Es preciso tener en cuenta que la RMI es uno de los principales recursos dirigidos indirectamente a combatir la pobreza infantil (a pesar de no estar específicamente dirigido a los niños). También es necesario recordar que es responsabilidad del Estado ayudar a los padres a asegurar que disponen de las condiciones de vida necesarias para hacer posible el ejercicio del deber parental.
Durante la comparecencia también se ha presentado el Informe extraordinario sobre el seguimiento de los menores acogidos en familia. Así, el síndic ha constatado que el recurso del acogimiento en familia ajena es el más apropiado, ya que ofrece un marco en el que se posibilita el máximo desarrollo y permite cubrir las necesidades afectivas, emocionales, sociales, educativas, materiales y de protección del menor.
Además, ha recomendado desarrollar una política para potenciar el acogimiento en familia y establecer criterios de seguimiento de los acogimientos.
