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El Síndic apela a la buena administración y a la ética ante el acuerdo del gobierno español de indemnizar a la compañía del almacén de gas Castor
El síndic reunirá a todos los sectores implicados en Cataluña para estudiar la medida adoptada por el Gobierno español
Se promoverá una actuación conjunta de todos los defensores autonómicos puesto que el acuerdo afecta a todos los consumidores de gas del Estado.
A raíz de la aceptación por parte del gobierno español de la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor, mediante un real decreto ley en el que se fija una indemnización para la compañía que se cargará en el recibo del gas durante 30 años, el síndic recuerda que siguen pendientes de análisis los riesgos y las consecuencias de los seísmos producidos en la zona, así como las posibles indemnizaciones que sean pertinentes.
El síndic, Rafael Ribó ha propuesto una reunión de todos los sectores implicados en Cataluña para estudiar la medida adoptada por el gobierno español y analizar todas las actuaciones que puedan llevarse a cabo en relación con el citado real decreto ley. El síndic considera que la medida perjudica a todos los consumidores de gas del Estado, que durante 30 años verán incrementada su factura como consecuencia de este acuerdo.
Asimismo, recuerda que inició dos actuaciones de oficio relacionadas con esta cuestión que siguen en trámite por parte de la institución. La primera se inició en octubre de 2013 con el objetivo de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos acaecidos en la zona del Delta del Ebro y alertaba de las consecuencias y los riesgos de estas actividades tanto para las personas como para el medio ambiente. En el marco de esta actuación, el síndic trasladó sus consideraciones a la Defensora del Pueblo (que es quien tiene competencia ante el Ministerio de Industria), a la Generalitat de Cataluña, y al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.
En el mes de junio de 2014, el Síndic de Greuges de Cataluña inició una segunda investigación con el fin de determinar si las administraciones han actuado de manera irregular en la autorización de las prospecciones petrolíferas existentes actualmente en Tarragona. Uno de los objetivos de la investigación es clarificar si estas explotaciones vulneran el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado reconocido por la Constitución española, y también si estas actividades cumplen la normativa europea de referencia, concretamente la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
El pasado mes de septiembre, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia entregó al Síndic más de 500 quejas, que expresaban el rechazo al proyecto y resaltaban la importancia de exigir responsabilidades a las administraciones que lo aprobaron a pesar de las advertencias y los informes técnicos de riesgo. En el marco de esta actuación, el síndic se ha dirigido nuevamente al Congreso de los Diputados, a la Defensora del Pueblo y al Gobierno de Cataluña, así como a la Defensora del Pueblo europea, Emily O’Reilly.
