Rafael Ribó se dirigirá a los grupos parlamentarios del Congreso para que presenten enmiendas. También pedirá que se lleve el caso ante el TC y la UE.
Ha reunido a las entidades de consumidores, asociaciones de vecinos, sindicatos y colegios profesionales para consensuar qué medidas cabe adoptar.
Reclama que se revoque cualquier obligación económica de los consumidores.
Exige que se presenten todos los estudios e informes pendientes sobre la gestión y el impacto del proyecto antes de proceder a las indemnizaciones de las concesionarias.
Como ya avanzó un día después del anuncio de la retirada del proyecto Castor, el síndic está decidido a utilizar todas las herramientas a su alcance para evitar que los consumidores deban asumir el coste de las indemnizaciones acordadas para las compañías concesionarias del almacén de gas.
Tras analizar el Real Decreto ley 13/2014 aprobado por el Gobierno, el Síndic ha reunido a diversas entidades de consumidores, asociaciones de vecinos, sindicatos y colegios profesionales para exponerles las incongruencias legales y políticas del mismo y trabajar la propuesta de medidas que remitirán a todos los grupos políticos del Congreso de Diputados de Madrid.
El Síndic también solicitará a las instancias oportunas que evalúen la posibilidad de emprender acciones legales ante el Tribunal Constitucional (TC) y de la Unión Europea.
El Síndic cuestiona cualquier implicación de los usuarios en este proyecto y pide que se revoquen los acuerdos que estipulan la obligación de los consumidores de asumir las indemnizaciones. También critica el hecho de que ni las compañías implicadas ni las administraciones pertinentes hayan completado los informes requeridos aún. Asimismo, recomienda que se paralice el abono de las indemnizaciones a las concesionarias hasta que se presenten los citados documentos y se hayan depurado las responsabilidades en relación con la gestión del proyecto.
Todas estas enmiendas se remitirán a los miembros del Congreso de los Diputados para persuadirles de que voten en contra de convalidar el decreto ley. Si, como es probable, el decreto se ratifica, el Síndic luchará para que la Cámara mantenga el debate abierto en el marco de un futuro proyecto de ley.
El otro frente abierto en relación con el proyecto Castor es la defensa de los afectados de las Terres l'Ebre, con quien el síndic se reunirá mañana para buscar medidas comunes de presión.
El Síndic recuerda que inició dos actuaciones de oficio, relacionadas con esta cuestión, que siguen tramitándose. Por un lado, la que se inició en octubre de 2013, para aclarar las causas de los movimientos sísmicos ocurridos en la zona del Delta de l’Ebre, y las consecuencias y los riesgos de estas actividades tanto para las personas como para el medio ambiente. En el marco de esta actuación, el síndic trasladó sus consideraciones a la Defensora del Pueblo (que es quien tiene competencia frente al Ministerio de Industria), a la Generalitat de Cataluña, y al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, la actuación abierta en junio de 2014 tiene como objetivo determinar si las administraciones han actuado de manera irregular en la autorización de las prospecciones petrolíferas existentes actualmente en Tarragona.
También se investiga si estas explotaciones vulneran el derecho a disponer de un medio ambiente adecuado, reconocido por la Constitución española, y si cumplen con la normativa europea de referencia, concretamente la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Recientemente, en septiembre de 2014, la Plataforma en Defensa de las Terres del Sénia entregó al Síndic más de 500 quejas, en las cuales expresaban su rechazo al proyecto, y resaltaban la importancia de exigir responsabilidades a las administraciones que aprobaron el proyecto, a pesar de las advertencias e informes técnicos de riesgo. En el marco de esta actuación, el Síndic se ha vuelto a dirigir a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, al Congreso de los Diputados, al Defensor del Pueblo y al gobierno de Cataluña.