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El Síndic presenta en el Parlamento la creación del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura

16/04/2015

(c) Síndic

Durante el año 2014 ha emitido 4.250 resoluciones. Un 97% de las recomendaciones dirigidas a las administraciones y empresas supervisadas han sido aceptadas

Alerta de que la suspensión de prestaciones de dependencia y de la necesidad de replantear la renta mínima de inserción

Es necesario establecer sistemas de ayudas para garantizar el acceso a la educación y al ocio educativo para los menores de familias socialmente menos favorecidas

La desinformación, el precio y la facturación de los suministros básicos son una constante en las quejas sobre consumo

Reivindica la labor de la Autoridad de Prevención de la Tortura, que en el año 2014 se ha concretado en 82 visitas a centros de custodia de detenidos, y presenta la creación del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido ante el Pleno del Parlamento para presentar el Informe anual de la institución correspondiente al año 2014. En su intervención, ha pedido a los diputados que preserven la protección de las políticas sociales.

El síndic ha expuesto las cifras más destacadas, como que en el año 2014 ha emitido 4.250 resoluciones dirigidas a las administraciones y empresas supervisadas. Se han tramitado 27.211 actuaciones, que han afectado a 53.095 personas, de las que cerca de un 40% corresponde a políticas sociales. De las recomendaciones realizadas la aceptación por parte de las administraciones y empresas supervisadas se ha situado en un 97% de los casos.

Sobre los ámbitos de actuación ha constatado que las modificaciones introducidas desde el año 2010 en la configuración y el funcionamiento del Sistema de Atención a la Autonomía y la Dependencia han supuesto una reducción en la protección del Sistema y un retroceso en los derechos y las garantías de las personas.

En lo que respecta a la renta mínima, el sistema que se deriva de las previsiones normativas actuales resulta complejo y poco transparente, genera incerteza sobre la posibilidad de acceder efectivamente a la prestación y no aporta una solución efectiva para resolver los problemas derivados del incremento de las situaciones de necesidad y de la insuficiencia de recursos para atender a las necesidades básicas. Por ello, es necesario regular con urgencia una concepción de la renta mínima ajustada a la nueva realidad social.

Respecto a la educación en igualdad de oportunidades, es preciso establecer sistemas de ayudas, de bonificaciones o de tarifación social para garantizar el acceso a la educación a los menores de familias socialmente menos favorecidas, de manera que ningún alumno quede excluido de ningún ámbito educativo por razones económicas. Especialmente, el Síndic ha insistido en que es necesario convocar las ayudas económicas para los menores socialmente desfavorecidos parar garantizar el acceso a la educación infantil de primer ciclo y para fomentar el acceso del alumnado a las actividades complementarias y extraescolares en igualdad de oportunidades.

En cuanto a las numerosas quejas recibidas en el ámbito de consumo, la desinformación en la contratación, el precio o la facturación de los servicios de suministros básicos es una constante. Por este motivo, recomienda que la información sobre las vías de reclamación, los medios de resolución alternativa de conflictos y los ombudsman existentes se destaque en contratos, facturas, páginas web y en los establecimientos o las oficinas de las empresas suministradoras o sus agentes.

Ribó ha recordado que el Estatuto le otorga competencias para supervisar las empresas que prestan servicios de interés general, como son las de suministros básicos, transportes, mensajería, etc., y ha dejado la puerta abierta para que se amplíe su ámbito de competencia en consonancia con las tendencias actuales. En este sentido, ha alertado de que la línea que separa la gestión pública y privada de servicios universales y que afectan a derechos reconocidos está cada vez menos definida.

Creació del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura

El Síndic ha aprovechado la ocasión para reivindicar ante la cámara catalana la labor ejercida desde el año 2010 en calidad de Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura (ACPT), que en el 2014 se ha concretado en 82 visitas a centros de custodia de detenidos, frente a la sentencia del Tribunal Constitucional, que invalida la legalidad de la ACPT.

El Síndic ha presentado al Parlamento la creación del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Con esta nueva denominación, continuará ejerciendo las funciones que le atribuyen el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Ley 24/2009, del 23 de diciembre, siempre respetando el marco constitucional y la sentencia.

Las funciones del Mecanisma Catalán para la Prevención de la Tortura se llevarán a cabo por el Equipo de Trabajo del Síndic de Greuges, con la asistencia y el asesoramiento del Consejo Asesor para la Prevención de la Tortura, de acuerdo con el marco legal previsto y bajo las previsiones y la dirección del Síndic.

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