El Síndic recomienda a la Junta Electoral que amplíe el plazo del voto exterior hasta el 26 de septiembre

El síndic de greuges, Rafael Ribó ha recomendado a la Junta Electoral Central que aplique el mismo criterio que en las elecciones europeas de 2014 y amplíe el plazo para depositar el voto desde el exterior.

En concreto, sugiere que se admitan como válidos los votos de los electores inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) y ERTA (Electores Residentes Temporalmente Ausentes) emitidos por correo en los respectivos consulados, siempre que conste que fueron depositados en una oficina postal del país de emisión no más tarde del día 26 de septiembre, anterior a la votación presencial. Y siempre que lleguen a la Junta Electoral Provincial antes del escrutinio general.

A juicio del Síndic se incoherente que lo que el año 2014 fue considerado por la JEC como un criterio suficiente (el hecho de que debido a la impugnación de algunas candidaturas se retrasara el envío de la documentación para votar), el año 2015 la misma entidad lo desestime como argumento suficiente para una solicitud en el mismo sentido.

Así, el Síndic insta a la JEC que reconsidere la decisión del pasado 17 de septiembre de desestimar la solicitud presentada por el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. Este organismo de la Generalitat pidió en aquel momento prorrogar el plazo para que los electores catalanes en el exterior puedan depositar el voto para las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña.

En los diferentes procesos electorales que se han llevado a cabo desde la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) del año 2011, los electores desde el exterior han encontrado dificultades para ejercer su derecho de voto. Dificultades derivadas de los sistemas de votación por correspondencia, exacerbados en el sistema de voto rogado.

El síndic tramitó una actuación de oficio en el marco de la cual el 2 de octubre de 2014 emitió una resolución en la que pone de manifiesto la necesidad de introducir reformas en la normativa electoral (autonómica y estatal) para mejorar la garantía del derecho de voto para los electores desde el extranjero.

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