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El Síndic reclama que la factura de la luz excluya los conceptos ajenos al consumo que impone la Administración
Se constata que los usuarios asumen gastos ajenos a su estricto consumo energético
Insta al Parlamento a crear una comisión de seguimiento permanente que evalúe el impacto que el incremento constante de las tarifas de la electricidad ejerce sobre la economía de las personas
Propone que se aplique un IVA reducido a los consumidores vulnerables de electricidad para asimilarlo al 10% del agua
Sobre la suspensión del Decreto de pobreza energética, solicita al Gobierno central que priorice la protección de los colectivos desfavorecidos
El Síndic de Greuges de Cataluña considera inaceptable que los consumidores deban sufragar en la factura de la luz los conceptos que se incluyen dentro de la llamada cuña gubernamental, que son ajenas a su estricto consumo energético. Según Rafael Ribó, los consumidores deben asumir gastos que no les corresponden, y reclama que la factura sólo incluye el coste de la energía consumida y los impuestos propios de cualquier operación de consumo.
El 73% de incremento del precio de la electricidad en el Estado español en los últimos seis años se debe precisamente a la práctica de la cuña gubernamental, según el informe hecho público recientemente “Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española”. El documento, elaborado por el investigador del Centro de Estudios Energéticos de Oxford, David Robinson, también destaca que a España el precio de la electricidad para uso doméstico se ha encarecido el doble que en la Unión Europea en el período 2008-2014.
En opinión del Síndic, los usuarios deberían poder disfrutar del suministro eléctrico a un precio asequible, siempre que su consumo esté dentro de unos parámetros de consumo básicos, esenciales y no suntuarios. Además, los sistemas tarifarios deberían fomentar el ahorro y la eficiencia energética con penalizaciones vinculadas al consumo irresponsable. Actualmente, sin embargo, un 33% de la factura se va en costes políticos y sociales, y un 28%, en impuestos, conceptos independientes del esfuerzo del consumidor.
La práctica que lleva a cabo la Administración consiste en introducir impuestos y otras cargas como las compensaciones por el llamado déficit tarifario, la moratoria nuclear, las primas a las energías renovables o las ayudas al carbón interno. El Síndic ya advertía de este fenómeno en el Informe sobre el derecho a los suministros básicos (electricidad, agua y gas), publicado en el mes de diciembre de 2014.
El sistema tarifario ha comportado un encarecimiento desmedido de la luz. Puesto que se trata de un suministro básico, el Síndic ha instado al Parlamento de Cataluña a hacer un seguimiento permanente del precio de la electricidad por medio de la comisión correspondiente o de la constitución de una subcomisión específica.
Este mismo órgano también debería analizar el impacto del incremento sostenido de los precios de la electricidad sobre la economía de las personas, especialmente las más vulnerables, y de las pimes, que hace aumentar sus gastos, e indirectamente, por tanto, desincentiva la creación de lugares de trabajo.
El Síndic también ha propuesto el reconocimiento del derecho a un suministro básico de la electricidad para las personas que cumplan determinados requisitos, estipulados en el marco de una normativa.
En esta línea, respecto a la factura, Rafael Ribó ha solicitado que se modifique la legislación reguladora del IVA, de manera que se aplique un IVA reducido a los consumidores vulnerables de electricidad, con el objetivo de asimilarlo al 10% del agua o al tipo impositivo reducido de otros países. Igualmente, sería necesario valorar si es legítimo que sobre un mismo suministro se deba aplicar al mismo tiempo dos impuestos: el IVA y el impuesto sobre la electricidad.
Poca sensibilidad frente a la suspensión del Decreto de Pobreza Energética
A raíz del recurso presentado por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional y la suspensión automática del Decreto ley 6/2013, sobre pobreza energética, y las leyes de modificación del Código de Consumo de Cataluña, el Síndic solicita a las autoridades que prioricen la protección de los colectivos desfavorecidos.
Muchas personas en situación de vulnerabilidad energética se han visto afectadas a causa de esta suspensión. Frente a esta decisión, el Síndic da un paso más allá de evidenciar la falta de sensibilidad hacia las personas más vulnerables que ha demostrado el Gobierno del Estado con su actuación, proponiendo soluciones a esta situación.
El Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, recogiendo los criterios del Informe sobre la pobreza energética en Cataluña, publicado por el Síndic en octubre de 2013, adoptaron medidas normativas en un primer paso para abordar el problema de la pobreza energética que sufren muchas personas vulnerables. A la vez, es necesario hacer constar que se trataba de la primera normativa del Estado aprobada por una comunidad autónoma en este ámbito.
