De acuerdo con la Ley de memoria histórica las administraciones tienen la obligación de retirar los símbolos franquistas
También recomienda al Consistorio que reclame la descatalogación de la escultura como patrimonio cultural
Hacer opinar la ciudadanía puede hacer aflorar las divisiones y el odio del pasado, en la línea de lo que apunta un informe de Naciones Unidas sobre la falta de compromiso del Estado español para hacer justicia histórica
El Síndic ha emitido una Resolución en que recomienda al Ayuntamiento de Tortosa a que retire el monumento conmemorativo de la batalla del Ebro sin hacer una consulta popular previa. Rafael Ribó destaca que la llamada Ley de la memoria histórica obliga a las administraciones a adoptar las medidas oportunas para que se retiren los símbolos conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
Por tanto, la retirada del monumento es una obligación legal que el Ayuntamiento debe promover, y que no se puede someter a consulta popular, como si fuera una opción de actuación pública entre diferentes alternativas.
El Síndic considera que la vinculación de la escultura con el franquismo continúa siendo evidente a pesar de que han sido retirados los símbolos de expresión que más directamente expresaban una exaltación del mismo.
En cuanto al hecho de que monumento figure en el inventario del patrimonio Cultural Catalán no impide su retirada, ya que, como ha indicado el Departamento de Cultura al Síndic, su catalogación responde a una decisión municipal, de manera que, corresponde al propio Ayuntamiento la iniciativa de solicitar que sea descatalogado.
El Síndic alerta de la asignatura pendiente del Estado español para afrontar el pasado y hacer justicia, tal como destaca un informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición, Pablo de Greiff.
Respecto a las garantías para que no se repitan hechos y conductas, el Síndic solicita respeto, políticas pedagógicas y un compromiso firme de las autoridades para que adopten medidas concretas. En este sentido, advierte que realizar una consulta popular puede hacer aflorar las divisiones y las actitudes de confrontación del pasado.