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El Síndic sugerirá al Parlamento que debata y estudie el Plan Hidrológico del Ebro

El síndic, Rafael Ribó, ha anunciado en Tortosa que sugerirá al Parlamento catalán que debata y estudie sobre el Plan hidrológico con el mayor número de audiencias posible. Esta es una de las tres medidas concretas que emprenderá de manera inmediata para proteger la zona del Delta, independientemente de las conclusiones y recomendaciones que resuelva en el marco de la Actuación de oficio que abrió hace un par de semanas después de que el Gobierno estatal aprobara mediante Real Decreto el Plan hidrológico del Ebro.

Las otras dos actuaciones previstas, como ha comunicado el síndic, Rafael Ribó, a los representantes de la Plataforma de Defensa del Ebro con quienes se ha reunido en la capital del Baix Ebre  son, de un lado, que se ha comprometido a trasladar a la defensora del pueblo europeo las deficiencias del Plan aprobado. Por otro, el Síndic ha avanzado que solicitará al Gobierno catalán que agilice la presentación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 en lo que se refiere a la cuenca del Ebro.

El Síndic ya se ha dirigido a la Generalitat y al Gobierno estatal para que le faciliten diversas informaciones, como las medidas que piensan adoptar para garantizar el caudal de la cuenca. El Plan hidrológico no incorpora ninguna de las propuestas consensuadas y propuestas en Cataluña, en el marco de la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro.

Rafael Ribó también se ha reunido con representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para exponer su perspectiva sobre el proyecto Castor y aportar toda la documentación e informes recogidos con motivo de las actuaciones de oficio realizadas sobre el citado proyecto. Ha hablado de una inversión muy arriesgada y manifiestamente insegura.

Rafael Ribó ha considerado muy positivo que la Comisión Europea haya decidido investigar la indemnización aprobada por el Gobierno español a la empresa promotora del Castor. Según el síndic, que fue una de las primeras instituciones en denunciar públicamente posibles irregularidades alrededor del almacén de gas, "desde la perspectiva de los derechos de los consumidores es una barbaridad, como he defendido siempre, que los usuarios deban asumir cualquier importe para indemnizar a la compañía Escal UGS por el  cese y desmantelamiento de la plataforma Castor".

Por este motivo, recuerda, emplazó a su homóloga, Emily O'Reilly a que pidiera la intervención de la Comisión Europea, que tiene la potestad de acordar la revisión del pago si lo considera contrario a las normas europeas sobre ajustes de estado.

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