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El Síndic alerta, a raíz de una queja de la Cecot, del posible uso irregular de las cuotas de formación profesional
Pide al Defensor del Pueblo que analice el cumplimiento de la Ley que regula el Sistema de FP para la ocupación en el ámbito laboral
El Gobierno central ha destinado, de estos fondos, 4.000 millones € en los últimos 4 años a sufragar prestaciones y formación para trabajadores en situación de desempleo
Según la Cecot la normativa incumple diversas sentencias del TC y el Tribunal de Cuentas denuncia este incumplimiento en un informe de fiscalización
Ribó confía que la CE anunciará en breve si investiga formalmente las indemnizaciones del Castor, como le ha pedido la Cecot y el Síndic
El Síndic de Greuges de Cataluña trasladará al Defensor del Pueblo diversas evidencias sobre la necesidad de revisar la Ley que regula el Sistema de Formación Profesional para la ocupación de trabajadores en activo. Rafael Ribó ha explicado este jueves que a pesar de tener un carácter finalista, las cuotas mensuales de formación profesional que se deberían destinar a formar a trabajadores en activo, se están utilizando para sufragar prestaciones y formación de personas en situación de desempleo.
Acompañado por Antoni Abad, presidente de la patronal catalana Cecot, que ha presentado una queja por este tema, el síndic ha avanzado que solicitará a la defensora del pueblo que analice el cumplimiento de la Ley. También se ha dirigido al Ministerio de Trabajo y al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
Esta desviación de los fondos de las cuotas está amparada por la Ley 30/2015, la cual, según la Cecot, incumple diversas sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas también denuncia en un informe de fiscalización que el servicio público de ocupación estatal ha financiado el déficit del conjunto de prestaciones por desocupación con el dinero sobrante de las cuotas de formación profesional.
Según la Cecot, patronal que representa directamente a 6.000 empresas e indirectamente cerca de 50.000, el Ejecutivo estatal ha destinado en los últimos 4 años más de 4.000 millones de euros recaudados de esta manera a sufragar prestaciones por desempleo y formación para trabajadores en paro. La patronal propone como posible vía para recuperar el dinero de las cotizaciones sociales para formación de ocupados un sistema similar al utilizado en el caso del céntimo sanitario impuesto en la gasolina.
Actualmente, en las nóminas de los empleados se retiene un 0,1% de la base para financiar la formación continua de los trabajadores. La retención por este mismo motivo es superior para las empresas, una cotización de un 0,6%. Por tanto, estaríamos hablando del 0,7% de cotización en concepto de Formación profesional con carácter finalista, que reiteradamente el Gobierno distribuye en otros conceptos y de manera poco transparente.
Estado de la investigación de la Comisión Europea sobre el caso Castor
Rafael Ribó ha aprovechado el encuentro con la Cecot para referirse al caso Castor. Ambas organizaciones han encabezado el movimiento reivindicativo contrario a que los consumidores deban asumir las indemnizaciones de la empresa promotora, método aprobado por el Gobierno mediante un Real decreto.
El síndic confía que la Comisión Europea, que actualmente está valorando si abre una investigación formal por irregularidades en la ley de la competencia, anuncie públicamente que llevará a cabo la citada investigación, como le han solicitado la Cecot y el Síndic, este último a través del Defensor del Pueblo Europeo.
