Reunión de los firmantes del Protocolo marco de actuación en casos de abusos a menores
El Síndic ha convocado de nuevo a todas las partes firmantes del Protocolo marco para hacer el seguimiento de las medidas adoptadas
Ante las deficiencias de coordinación y de comunicación detectadas, destaca que es necesario el compromiso firme de llevar a la práctica el protocolo
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comunicado al Parlamento su voluntad de comparecer ante la Cámara para exponer la información y conclusiones extraidas de la investigación abierta sobre el caso de los abusos sexuales denunciados en la escuela Maristes. Según el síndic, dada la gravedad y la repercusión de los hechos es importante que estos sean abordados por el espectro político con el máximo rigor.
El síndic ha comparecido ante los medios de comunicación después de la segunda reunión convocada este jueves 31 de marzo en la sede de la institución con todas las partes que hace cerca de diez años firmaron el Protocolo Marco de actuaciones en casos de abusos sexuales y otros malos tratos graves a menores. Al encuentro han asistido los responsables de los departamentos de Enseñanza, de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de Justicia, de Interior y de Salud. También han participado la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, y la Delegación del Gobierno en Cataluña. La primera reunión tuvo lugar el pasado día 17 de febrero.
El Síndic ha apelado de nuevo al compromiso firme y a la voluntad indiscutible de las administraciones e instituciones de llevar el protocolo a la práctica y aplicarlo cuando sea necesario. Sin esta voluntad decidida de nada sirven los esfuerzos para sistematizar los procesos de actuación de acuerdo con el interés superior del menor.
Los hechos acontecidos ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar y aplicar el protocolo con la máxima celeridad posible, dado que actualmente se siguen constatando graves dificultades tanto para la detección de este tipo de malos tratos como para la coordinación de las diferentes entidades y administraciones para garantizar la protección de los niños que se puedan encontrar afectados.